Ignacio Pellizzón


El desembarco en Rosario de aplicaciones de transporte como la multinacional Uber y la rusa Maxim generó una polémica potente en los medios, como en la agenda social y política. Si bien pareciera que se trata de una disputa olvidada, en realidad es todo lo contrario: las app siguen operando en la ciudad de forma silenciosa.

Según datos oficiales de la Secretaría de Control y Convivencia que conduce la funcionaria Carolina Labayrú a los que accedió Mirador Provincial, en lo que va del 2021 se detectaron 147 remises ilegales sin aplicación, siete coches de Uber y nueve de Maxim.

La información demuestra que pese a no contar con una regulación concreta y a que la Municipalidad las declaró como “ilegales” siguen circulando por Rosario. Cualquier persona puede descargarlas en su celular y pedir una unidad para movilizarse.

Hace pocos meses las compañías, sobre todo Uber, lanzaron toda la carne al asador con un ataque publicitario muy fuerte tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Sin embargo, pareciera ser mucho ruido y pocas nueces habida cuenta de la escasa circulación de coches que hay si se contempla el nivel del alcance publicitario.

Tras el revés judicial negativo que recibió el Palacio de los Leones para que la Justicia pudiera intermediar ante la desobediencia de las firmas, hay dos proyectos para regular las app que siguen durmiendo en el Concejo. Ambas iniciativas de referentes del PRO -una de la edila Germana Figueroa Casas y otra de Renata Ghilotti- no lograron prosperar en comisiones y avanzar para sus respectivos tratamientos.

Con una segunda ola que está debilitando el sistema sanitario y que mantiene en vilo a todas las autoridades, desde el municipio entienden que no es el momento de gastar energía en dar esta discusión. Ellos conciben que si la empresa quiere trabajar se debe adaptar a las reglas del juego existentes.

Para no quedarse atrás y ofrecer una idea propia, el bloque socialista presentó también su propio proyecto dejando en claro cuál es la postura que toman frente a la situación de conflicto que se está viviendo hace meses con las aplicaciones como Uber, Cabify y Maxim.

La iniciativa de la edila Lorena Carbajal, que sí fue aprobada, estipula que se incorporen más de 100 nuevas habilitaciones para remises en Rosario. Se actualizó la normativa existente de modo que puedan convivir en la ciudad una chapa cada 1.500 habitantes, establecer transferencias de licencias, la reactivación de las chapas dadas de baja, e incorporar habilitaciones para personas con discapacidad, mujeres e integrantes del colectivo trans.

Otro dato no menor, que estiman que mejorará el servicio, es que se le dio luz verde a la transferibilidad de la chapa. Es decir que se podrá traspasar la misma a otra persona, herramienta que le daría continuidad al sistema, dado que solo el 50% de las chapas se encuentra operativa.

A su vez, se amplía la posibilidad de contar con vehículos dotados con motores de menos centímetros cúbicos y se flexibiliza la antigüedad del vehículo hasta ocho años -la ordenanza actual regula 4 años y hasta 6 de antigüedad-.

En Rosario se intentó de todo. Pero todo fracasó. Desde publicidad expuesta, encubierta, captación de choferes de manera clandestina, intento de regularla en el concejo, debate mediático, callejero, esfuerzos por convencer a la intendenta Mónica Fein, editoriales en diarios y radios, y más, mucho más. Nada funcionó. Rosario es un caso frustrado para Uber.

Distintas fuentes consultadas por Mirador Provincial sobre los motivos por los cuales la app no logra hacer pie en la ciudad indican que siempre la firma se encontró con resistencia de los municipios, sindicatos de taxis, sindicatos de remises, privados y demás. En particular, la gran discusión siempre se centró en si Uber funciona como una empresa de transporte o si funciona como una intermediaria entre las dos puntas, es decir, entre el que ofrece el servicio y el que desea tomarlo y hacer uso de este.

Una discusión jurídica que siempre se da (comentaron las fuentes que prefirieron su anonimato) es si Uber necesita o no una regulación previa, cómo se compagina con el resto de los servicios de transporte vigentes. Otra discusión es si son o no empleados de Uber los conductores. Lo mismo si se toma el caso con cualquier otra aplicación. La Justicia va tomando resoluciones en otros países, pero en Rosario, por el momento, no.