Ignacio Pellizzón


En la Justicia santafesina está avanzando lentamente una demanda que podría permitir a cualquier persona afectada de forma individual por los incendios provocados en las islas el año pasado, poder beneficiarse de los efectos de la sentencia demostrando solamente los daños concretos que sufrió, entendiendo que los motivos de los mismos ya fueron probados.

Esta demanda, inédita y particular, se origina gracias a que la docente de Rosario Silvia Salas inició una acción por daños y perjuicios contra algunos de los propietarios de terrenos en las islas frente a la ciudad. Se trata de un grupo de personas que presuntamente están involucrados en la quema de pastizales que golpearon a la región en el último año y medio.

En concreto, se trata de los 14 titulares que la justicia federal entrerriana tiene como imputados desde hace un año por delitos ambientales y perjuicios a la salud. Hasta el momento, ninguno de ellos fue procesado ni estuvo detenido en el marco de la causa que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Paraná.

Según consta en la imputación, se trata de Enzo Federico Vignale, Alvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto, Mosé María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalán, David Sobrido, Mauricio Sobrido, Julián Marcelo Luraschi, Federico Facundo Patricio Muller, Carlos Alberto Sidoti y Jorge Casals.

Lo novedoso que tiene este tipo de demanda es que la acción iniciada por la docente Salas posibilitará que las pruebas recabadas e incorporadas en el expediente puedan ser utilizadas por futuros demandantes afectados por el mismo hecho de contaminación ambiental. Antes de la entrada en vigencia del nuevo código -que rige actualmente- había que atravesar un laberinto judicial que demandaba años y pocas veces se lograba algún tipo de definición satisfactoria.

El nuevo código civil y comercial de la Nación entró en vigencia en agosto de 2015 y se constituye en una poderosa herramienta judicial que reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Y este caso podría constituirse en un hecho histórico para los tribunales santafesinos, ya que sería el primero en utilizar este canal legal para ejercer los reclamos por daños individuales producidos a través del daño ambiental.

El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, quien participa del asesoramiento legal de la demanda, detalló a Mirador Provincial que, actualmente, “la acción de aseguramiento de Salas sigue su curso” y solo “está faltando la respuesta de un oficio de Victoria”.

Desde que se puso en marcha este dispositivo en julio del año pasado se recibieron 125 peticiones de asesoramiento jurídico gratuito, de las cuales 25 poderes están a la espera del avance de acción invocada por la docente Silvia Salas.

A su vez, indicó que “de los 25 poderes recepcionados, cinco definieron avanzar en concreto sobre los daños y perjuicios, dos están por ingresar en lo inmediato y el resto decidió esperar el resultado para sumarse a esas acciones”, dado que “una vez definidos los hechos y legitimados pasivos esa acción es expansible a las personas que sufrieron daños”. En este sentido, estas acciones se encuentran “en revisión” y “van a ingresar para sumar al aseguramiento que se inició el año pasado”.

De Bueno recalcó que la mayor dificultad es que “la mayoría de los legistas sólo constatan incapacidades desde el punto de vista tradicional, por lo que cuesta mucho concluir la cuantificación del daño a reclamar, ya que este es el individual que corresponde a cada damnificado”.

Afectados por el fuego

Pese a que se expuso la problemática de los incendios en las islas y a los incesantes reclamos de los activistas para que el Congreso de la Nación sancione la ley de humedales, lejos de mermar las quemas frente a Rosario continúan.

De hecho, hace menos de una semana brigadistas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos comenzaron un operativo para extinguir un incendio que se desató en un campo ubicado a unos 2.000 metros de la traza del puente Rosario-Victoria.

Si bien el director de Protección Civil de la Provincia, Roberto Rioja, señaló que últimamente no son muchos los focos ígneos que se registran, no obvió el hecho de que se continúan realizando controles permanentes para evitar que se produzcan nuevos focos ígneos.

Desde el propio Observatorio Ambiental de la UNR indicaron que ya se quemaron aproximadamente 250.000 hectáreas en lo que va del año, mientras que el año pasado hubo que lamentar la quema de 400.000 hectáreas dentro del ecosistema en el área del Piecas (1.750.000 hectáreas).