El martes marcó un hito judicial en la capital provincial. Tras la declaración de los últimos testigos, el jurado popular emitió su decisión: Iván Carrizo es culpable del crimen de Lautaro Leandro, conocido como “Lato”, ocurrido en septiembre de 2022. La pena impuesta fue la de prisión perpetua, la más alta prevista en el Código Penal argentino.
«Nosotros, el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Iván Oscar Carrizo culpable del homicidio criminis causa con arma de fuego, conforme al requerimiento de la acusación», leyó el presidente del jurado en la sala de audiencias. Tras el veredicto, la jueza Rosana Itatí Carrara resolvió aplicar la condena de cadena perpetua.
Una historia truncada
Lautaro Leandro, un joven de Lomas de Zamora, llegó a Santa Fe en septiembre de 2022 para cumplir un sueño: comprar una moto. Pero el viaje terminó en tragedia. Fue ejecutado de un disparo en la nuca en un episodio que, según la fiscalía, fue premeditado.
El juicio por jurados permitió que doce ciudadanos de la capital provincial escucharan durante dos jornadas los testimonios, pruebas y argumentos de las partes, y luego deliberaran a puertas cerradas hasta llegar al veredicto unánime.
Un sistema inédito en Santa Fe
Se trata del primer juicio por jurados que se realizó en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la implementación de esta modalidad que busca democratizar la justicia penal. Con este caso, el sistema pone a prueba la participación ciudadana en decisiones de máxima trascendencia.
La modalidad del jurado, integrada por personas comunes elegidas al azar, refuerza la transparencia del proceso judicial y el vínculo entre la sociedad y la administración de justicia. La decisión del tribunal popular será ahora la base para que la jueza determine la pena que deberá cumplir Carrizo.
La familia de “Lato” Leandro escuchó el fallo con profunda emoción. Sus padres, que siguieron cada instancia del debate, destacaron la importancia de haber llegado a este desenlace gracias a su rol como querellantes.
Mientras tanto, el veredicto dejó una huella en la historia judicial santafesina: por primera vez, ciudadanos comunes tuvieron en sus manos la responsabilidad de definir un caso de homicidio de alto impacto social.
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