El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires determinó este martes el avance con el decomiso de propiedades ligadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como a sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
La medida busca cubrir la cifra actualizada de 4.990.350.139,86 pesos, monto que todos los involucrados en la Causa Vialidad deben restituir al Estado. Esta resolución judicial representa un paso clave en el cumplimiento de la sentencia dictada en la mencionada causa.
Detalles de la sentencia y la actualización del monto de decomiso
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este año la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otros exfuncionarios y empresarios también vieron confirmadas sus respectivas penas en este expediente. La sentencia original de la Causa Vialidad, que adquirirá firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en 3.835.227.378,04 pesos. Sin embargo, tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, el monto fue actualizado para reflejar su valor real. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y, ante el incumplimiento de la intimación de pago a los condenados, procedió con la orden de decomiso.
Qué bienes serán afectados por la medida judicial
La medida judicial abarca un amplio conjunto de bienes inmuebles vinculados a las empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL. Adicionalmente, se incluyen propiedades que fueron cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. La resolución contempla también la realización de bienes pertenecientes a Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de que los activos inicialmente decomisados no sean suficientes para cubrir el monto total establecido por la Justicia.
Entre los inmuebles cuya incautación fue ordenada, se destaca una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una adquisición de 2007 que comprende una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a los hermanos Kirchner, incluyendo diez unidades sobre la calle Mitre al 500 en la ciudad de Río Gallegos, todas adquiridas en 2007.
Dentro de la capital santacruceña, el listado incorpora un inmueble en 25 de Mayo al 200, comprado en 2010, y otra propiedad en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio familiar en 2006. A esto se suman bienes emplazados a los hijos de la expresidenta en el Departamento III Lago Argentino, con terrenos adquiridos en 2008 y 2007, que refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos, sobresale el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante que también forma parte de otra investigación judicial contra la ex mandataria. Este lote fue adquirido en 2002 con ese propósito, y su desarrollo implicó la suma de parcelas adyacentes compradas en 2007.
En el mismo departamento -III Lago Argentino-, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y valor catastral: una de 44.106 metros cuadrados, de una operación de 2007, y otra de 87.046 metros cuadrados, incorporada el mismo año al patrimonio familiar.
La evolución patrimonial de los Kirchner: Un análisis desde 2003
La evolución del patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno familiar ha sido reconstruida por el medio Infobae a partir de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y cotejadas con períodos de alta inflación.
En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de 6,9 millones de pesos, compuesto por 25 inmuebles y dos plazos fijos, uno de 1,2 millones de pesos y otro de 1,6 millones de dólares. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.
El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo en los años siguientes. En 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos superaban los 46,5 millones de pesos, con un notable incremento en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores marginales, algunos por menos de 0,5 pesos el metro cuadrado, y en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.
El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes, con Lázaro Báez y Cristóbal López como principales inquilinos.
En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse, ascendiendo los activos a 53,3 millones de pesos, con una nueva operación que incluyó la compra de otro inmueble de 16.189 metros cuadrados que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas. La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros.
Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a 35,7 millones de pesos, aunque manteniendo la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi 64,2 millones de pesos, con un marcado incremento en los fondos bancarios.
La cesión del patrimonio familiar se concretó en 2016, cuando Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de 48 millones de pesos en cuentas y depósitos, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó 65,3 millones de pesos. Esta transferencia se realizó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que sus bienes fueran inhibidos. Esta acción respondió al avance de causas como la de «dólar futuro», Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia dictó embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.
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