Dicho rodado había sido ofrecido por Mauricio José Zambón, uno de los condenados en la causa, para su decomiso como parte de un acuerdo de juicio abreviado.
La solicitud de devolución fue presentada por un tío de Zambón, a través del abogado Walter Fabián Modotti. El reclamante exigió la restitución del vehículo —una Toyota Hilux modelo 2018— argumentando que se trata de un elemento de trabajo utilizado para realizar «changas». En su presentación, el hombre reconoció que «circunstancialmente» le había prestado el bien a su sobrino, quien contaba con una tarjeta azul de circulación, y aclaró que no fue imputado ni vinculado a la investigación.
Los fundamentos del rechazo judicial
Sin embargo, el tribunal, integrado por el juez Ricardo Moisés Vázquez, resolvió el 10 de noviembre denegar la devolución del automotor. La decisión se fundamentó en que el vehículo fue utilizado como instrumento para la comisión de los delitos investigados y que su decomiso ya había sido dispuesto en la sentencia del 30 de octubre de 2025, la cual, aunque aún no se encuentra firme, estableció la medida.
El fiscal general Martín Suárez Faisal recordó durante el proceso que el secuestro del vehículo se produjo el 13 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 480 de la Ruta Nacional 168, en la localidad de Colastiné Sur. En ese procedimiento, se hallaron dentro de la camioneta 268,54 gramos de marihuana, documentación a nombre del abogado Osvaldo Ceresole (también condenado en la causa) y una máquina de contar dinero.
Asimismo, la sentencia que homologó el juicio abreviado menciona que, desde julio de 2023, se había detectado la utilización habitual del vehículo por parte de Zambón, hecho que fue confirmado mediante tareas de vigilancia e incluso publicaciones en redes sociales. El juez Vázquez explicó que esta medida de decomiso no fue una decisión autónoma del tribunal, sino que formó parte del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre los imputados y la fiscalía, el cual fue debidamente ratificado en audiencia.
Base legal del decomiso de bienes
En su resolución, el Tribunal invocó el artículo 23 del Código Penal y el artículo 30 de la Ley 23.737. Ambas normativas establecen el decomiso de los bienes que sirvan como instrumentos o productos del delito, salvo que pertenezcan a una persona ajena al hecho y se acredite que esta no podía conocer su empleo ilícito, algo que —según los jueces— no ocurrió en este caso. Por todo ello, el TOF resolvió «denegar la devolución de la camioneta Toyota Hilux, solicitada por JLZ, cuyo decomiso se ha dispuesto en la sentencia N° 148/25 dictada en esta causa».
Mauricio José Zambón, de 33 años, domiciliado en Arroyo Leyes y de profesión jardinero, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. Los delitos por los que fue sentenciado incluyen el cultivo de plantas para producir estupefacientes, tenencia de armas de fuego sin autorización legal y hurto mediante conexiones clandestinas a la red eléctrica. En los allanamientos realizados en Colastiné Sur, donde fue detenido junto a otro imputado, se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y dos camionetas Toyota Hilux; una de ellas es la que ahora reclamaba su tío.
Contexto de la megacausa
Zambón es uno de los siete involucrados en la causa que acordaron condenas de entre dos y cuatro años de prisión, a través de la modalidad de juicio abreviado. Por su parte, el abogado Osvaldo Ceresole fue el único que decidió enfrentar un juicio oral, resultando con la pena más alta: seis años de cárcel.
Entre los demás condenados se encuentran Gabriel Alberto «Cachiporri» Nudel (35), quien junto a Zambón era uno de los principales encargados de gestionar la producción y la logística de distribución de la droga. El resto de los sentenciados fueron Adrián Cesar Poncio Nerbutti (42), Tomás Francisco Benítez (26), Napoleón Sebastián Cardo (28), Gastón Celestino Persoglia (25) y Marco Patricio Rioja (27).
Los allanamientos y un antecedente particular
El caso tomó estado público entre el 13 y el 14 de febrero de 2024, cuando se realizaron dos allanamientos en predios destinados a la producción de plantas de marihuana. Uno de ellos, ubicado en el kilómetro 19 de la Ruta Provincial 1, en Arroyo Leyes, permitió el secuestro de 1.531 plantas de cannabis sativa. El otro procedimiento se efectuó en un invernadero situado en calle Santiago del Estero al 3600, donde se encontraron 575 plantas, además de sofisticados sistemas de iluminación, climatización y otros insumos específicos para el cultivo en interiores.
Una particularidad de este caso reside en que el emprendimiento estaba avalado mediante certificados del Instituto Nacional de Semillas (INASE), emitidos en el marco de la Ley 27.350, que regula los usos medicinales, científicos o terapéuticos del cannabis.
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