Suspendieron a un fiscal por falsa denuncia de robo de ruedas para cobrar seguro
La medida se tomó tras imputaciones por presunta falsificación de una denuncia de robo para cobrar un seguro de auto.

La Sesión Conjunta de Ambas Cámaras de la provincia de Santa Fe decidió la suspensión provisoria del fiscal adjunto de la ciudad de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros. La medida fue adoptada en una votación por signos, sin debates en el recinto sobre el fondo de la situación, aunque sí se registraron algunas abstenciones vinculadas al marco legal existente.

Esta decisión ratificó el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, integrada por doce miembros del Poder Legislativo de Santa Fe, que había recomendado la suspensión preventiva.

Los cargos y la denuncia que llevaron a la suspensión del fiscal

El integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Rodríguez y Barros, es imputado por haber falsificado una denuncia sobre el robo de dos ruedas. El objetivo del fiscal habría sido intentar que la compañía aseguradora de su vehículo le repusiera los neumáticos. Fue la propia aseguradora la que advirtió al MPA sobre la presunta conducta irregular de su funcionario. De acuerdo con lo que se ventiló durante la sesión legislativa, existen «más denuncias» sobre el desempeño del fiscal.

Alcance de la sanción y los pasos procesales en la Legislatura

La suspensión preventiva temporal del fiscal adjunto Rodríguez y Barros se dictaminó sin un plazo definido. Como parte de la sanción, se estableció una disminución del 50% de sus haberes, la prohibición de ejercer sus funciones y la orden de no ingresar a los edificios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La votación por unanimidad de los presentes y a mano alzada en la Sesión Conjunta refrendó la propuesta de la Comisión de Acuerdos, asegurando así la continuidad del proceso disciplinario en el ámbito legislativo.

Las abstenciones y la excusación en la votación de la Asamblea Legislativa

Durante la votación, hubo legisladores que optaron por no emitir sufragio. Entre ellos, el bloque del Frente Amplio por la Soberanía, que históricamente ha planteado que el Poder Legislativo no debería ser la instancia de control para las faltas graves de fiscales y defensores, argumentando razones de índole institucional.

Por otro lado, la diputada Lionella Cattallini solicitó excusarse de intervenir en la causa. Su pedido se basó en cuestionamientos públicos previos realizados por el propio fiscal adjunto Rodríguez y Barros contra su labor como presidenta de la mencionada Comisión de Acuerdos. Ambas Cámaras aceptaron su solicitud, y en consecuencia, para el caso de Rodríguez y Barros, la titularidad de la bicameral recaerá en su vicepresidente, el senador Joaquín Gramajo (Unidos-9 de Julio).

Rol de los actores políticos clave en el proceso disciplinario

En el marco del proceso disciplinario, actúa como miembro acusador del Poder Legislativo el diputado justicialista Marcos Corach. El legislador, quien fue ex funcionario del gobierno del ex gobernador Omar Perotti, es una figura central en la presentación y seguimiento de los cargos ante la Asamblea Legislativa.

Estado del proceso disciplinario contra el fiscal Leandro Benegas de Vera

En la misma jornada, y como primer capítulo de una agenda legislativa intensa, la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras también abordó la situación del fiscal Leandro Benegas de la localidad de Vera. En su caso, quedó ratificada la postura de la Comisión de Acuerdos de dejar en pausa el proceso disciplinario a nivel legislativo. Esta decisión implicó que, con la información existente en poder de los legisladores, no se consideraba suficiente para tomar una medida disciplinaria inmediata.

Condiciones para la reactivación del expediente Benegas en la Legislatura

La suspensión del proceso contra el fiscal Leandro Benegas a nivel legislativo es de carácter condicional. Lo resuelto establece que el caso podría ser reactivado únicamente si, «a juicio» de la Comisión de Acuerdos, surgen novedades significativas o nuevos elementos probatorios en la causa judicial que se tramita en su contra.

De esta manera, se deja abierta la posibilidad de que futuras instancias judiciales influyan en la reanudación del análisis de su situación por parte de los legisladores.


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