Caja Municipal de Jubilaciones de Santa Fe: los cambios clave que buscan garantizar su futuro
El déficit de la Caja Municipal de Jubilaciones es de más de 952 millones de pesos. Crédito: Luis Cetraro

El Ejecutivo Municipal, liderado por el intendente Juan Pablo Poletti, ha enviado al Concejo local el Mensaje N° 40, que propone una serie de modificaciones a la Ordenanza Nº 6.166.

Esta normativa es fundamental, ya que regula la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, una institución clave que integra a 51 municipios y comunas de toda la provincia de Santa Fe. La iniciativa busca introducir cambios considerados «imprescindibles» para su correcto funcionamiento y sostenibilidad.

El diagnóstico de una situación apremiante

La presentación del proyecto se da en el marco de un severo diagnóstico sobre la salud financiera de la Caja. Un informe previo, elaborado por una Comisión Especial de estudio del régimen previsional municipal, ya había alertado sobre la situación.

Poletti, al recibir el informe de la comisión especial sobre el estado de la Caja. Crédito: Archivo

Según el mensaje oficial, el déficit acumulado de la Caja entre el 1° de enero y el 31 de agosto del año en curso fue de 1.702 millones de pesos. La presidenta de la entidad, Valeria López Delzar, había manifestado previamente que la institución arrastra «un déficit sostenido y creciente», producto principalmente de la desproporción entre los ingresos por aportes y contribuciones y los egresos por el pago de jubilaciones y pensiones.

Los fundamentos del mensaje precisan que la «apremiante situación económica y financiera» de la Caja se acentuó durante el balance de 2024 y lo transcurrido de 2025. Entre los motivos esgrimidos, se destaca el «efecto negativo de la inflación» y sus consecuentes impactos en las políticas salariales.

Estos incrementos para el sector activo, que luego se trasladan a los pasivos, no encuentran su correlato en los fondos que ingresan a la Caja. El documento advierte que los recursos ordinarios genuinos no son suficientes para cubrir las prestaciones mensuales, lo que lleva a una situación de «insostenibilidad en el corto plazo».

El déficit, actualizado a septiembre de 2025, se ubicó en $2.604.226,41, y a pesar de esa cifra, el Ejecutivo insiste en que «los números, con todo, siguen estando en rojo» y que la situación «no puede sostenerse sin tomar medidas urgentes y contundentes, que pongan freno al déficit creciente». El proyecto podría ser tratado en la próxima sesión del Concejo Municipal, prevista para este jueves 4.

La presidenta de la Caja Municipal de Jubilaciones, Valeria López Delzar. Crédito: Archivo

Los puntos clave de la reforma previsional

La propuesta del intendente Poletti introduce modificaciones sustanciales al régimen de jubilaciones y pensiones, que alcanza a funcionarios, empleados, obreros y demás agentes civiles de la Municipalidad de Santa Fe y sus organismos descentralizados, así como a las 51 municipalidades adheridas. Los cambios centrales son los siguientes:

  • Aumento de aportes personales y extraordinarios: El proyecto propone elevar el porcentaje de aportes personales mensuales de los afiliados, pasando del actual 13% al 16% del total de sus remuneraciones (excepto cargas de familia). Además, se establece un aporte extraordinario del 2% para el personal de gabinete y funcionarios. Los fundamentos remarcan que, en comparación con otras cajas previsionales de la provincia y del país, la Caja Municipal de Santa Fe cuenta con el aporte personal más bajo.


  • Cómputo de servicios para docentes y preceptores: Se busca clarificar las reglas para el cómputo privilegiado en el cálculo de edad y servicios prestados por docentes y preceptores frente a curso en Liceos Municipales o institutos educativos dependientes de los municipios adheridos. La actual normativa computa como tiempo de servicio períodos de licencias, descansos o enfermedades, siempre que se haya percibido remuneración. La reforma agrega la condición de que se «hubieren efectuado los aportes y contribuciones correspondientes». El Ejecutivo argumenta que la norma vigente genera «situaciones muy dispares» entre docentes con distintas cargas horarias, quienes gozan del mismo derecho a cómputo privilegiado.


  • Sanciones por falta de información: Se plantea la inclusión de sanciones para aquellas municipalidades y comunas que no remitan en tiempo y forma las declaraciones juradas y planillas de sueldos con los datos exigidos por el artículo 20 de la ordenanza. La modificación establecería la obligación de enviar esta información a través del Sistema de control de aportes vigente, antes del día 10 de cada mes. La omisión dentro del plazo acarrearía una multa que, fijada por la Junta Administradora, oscilará entre el 1% y el 10% de la última nómina salarial bruta informada por el ente u organismo.


  • Actualización en beneficios de pensión: La propuesta prevé adaptar los requisitos y exigencias para acceder al beneficio de pensión, especificando los porcentajes para quienes concurren a la pensión en carácter de cónyuge divorciado, separado de hecho o legalmente, y concubinas/os. Adicionalmente, se busca incorporar a los hijos/as mayores de edad que continúen sus estudios de nivel terciario o universitario, extendiendo la duración del beneficio hasta los 25 años inclusive en estos casos.


  • Precisión normativa: Una quinta modificación apunta a una actualización general en la redacción de artículos específicos, con el fin de precisar su alcance y evitar interpretaciones ambiguas al momento de garantizar el acceso a los beneficios que otorga la Caja.


Respaldo al sistema solidario y a los beneficiarios actuales

El proyecto, según el Ejecutivo, busca mantener la «estructura de un régimen previsional de reparto, solidario y con compromiso intergeneracional», garantizando los principios rectores de la Seguridad Social y la subsistencia económica financiera a largo plazo para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

El mensaje enfatiza claramente la intención del gobierno municipal de «no causar ningún menoscabo en los haberes previsionales de jubilación o pensión que perciben los beneficiarios de la Caja Municipal», argumentando que el sector pasivo es uno de los «grupos poblacionales que requieren especial protección».


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