Este martes 2 de diciembre por la mañana, en los Tribunales de Concordia se leyó la sentencia del Acuerdo de Juicio Abreviado entre el agente fiscal y los imputados Julia Elena Sáenz, exconcejal de Concordia, y su pareja, Carlos Alberto Gómez, para resolver las acusaciones de corrupción en su contra.
La investigación atribuye a Sáenz y a su cómplice múltiples hechos de Corrupción Agravada y Tráfico de Influencias cometidos entre 2015 y 2020 en Concordia.
Los imputados, según trascendió, confesaron la existencia de los hechos que les fueran atribuidos. En consecuencia, “expresaron conformidad, junto a sus defensores, de los términos contenidos en el acuerdo sobre la existencia de los hechos, reconocimiento expreso de la autoría, de la calificación legal y de la pena de prisión pautada”, dice el documento.
SANCIONES
Por todo ello, en la sentencia leída este martes por la mañana en los Tribunales de Concordia, se impuso a la exintegrante del bloque de concejales del Partido Justicialista entre 2019 y 2023 y su esposo una pena de tres años de prisión condicional, una multa de $1.500.000 a cada uno y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas.
A ambos se les impusieron reglas de conductas por el plazo de tres años, comprendidas en el artículo 27 bis del Código Penal que comprende: A) mantener informado su residencia, B) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas en lugres públicos, C) adoptar un oficio, arte o trabajo adecuado a su capacidad, D) realizar trabajos a favor de una institución de bien público por 150 horas que llevará a cabo durante los dos primeros años de la condena y E) concurrir a la Oficina de Medios Alternativos cada cuatro meses a los fines de controlar el cumplimiento de las reglas.
DELITO
La maniobra de la que estuvieron acusados consistía en que Sáenz abusaba de su cargo para exigir a varios empleados municipales la entrega de un porcentaje ilegal de sus salarios a cambio de gestionar la continuidad de sus contratos. Su marido colaboraba con esas tareas.
La acusación se fundó en la denuncia inicial de una de las víctimas, complementada con pruebas documentales, testimonios de otros empleados afectados, e informes de transferencias bancarias.
