Los fondos Petersen y Eton Park, beneficiarios del millonario juicio por la expropiación de YPF, acusaron al Estado argentino de incumplir con la entrega de comunicaciones digitales en el marco del litigio en Nueva York. La defensa argentina refuta la acusación y sostiene que respeta las órdenes judiciales, mientras apela una cláusula clave ante la Cámara de Apelaciones. Este nuevo cruce judicial podría derivar en sanciones económicas y eventuales riesgos sobre activos de entidades estatales, sumando complejidad al multimillonario fallo que enfrenta el país.
Un nuevo capítulo se abre en el juicio por la expropiación de YPF, que se desarrolla en los tribunales de Nueva York. La República Argentina enfrenta en esta instancia una condena de US$ 16.100 millones, a lo que se suman los intereses correspondientes.
Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park, beneficiarios de la sentencia y financiados por Burford Capital, tienen previsto presentar un escrito. En él, solicitarán que se declare al Estado argentino en desacato y que se le apliquen sanciones por el presunto incumplimiento de una orden vinculada al proceso de discovery.
La disputa por las comunicaciones oficiales
La controversia se centra en el acceso a comunicaciones oficiales. Los demandantes argumentan que Argentina incumplió la orden de la jueza Loretta Preska de entregar correos electrónicos y mensajes de texto o WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios. Desde el Gobierno, la postura es que estas comunicaciones son de carácter personal y se encuentran protegidas por la Constitución Nacional. Asimismo, la entrega parcial del material se justificaría en los límites legales existentes. Según un informe de Sebastián Maril, de Latam Advisors, al 12 de enero aún restaban seis funcionarios sin presentar dicho material, mientras que fuentes oficiales aseguran que el resto de los requeridos ya había cumplido.
Estrategia de defensa y apelación clave
La Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, rechazó enérgicamente la acusación de desacato. Fuentes oficiales afirmaron que «La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes» y recordaron que la orden de la jueza Preska fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito. Esta apelación, interpuesta en octubre, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia oficial. El Ejecutivo sostiene que la exigencia de entregar mensajes personales resulta ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. La respuesta formal de la Argentina al planteo de sanciones se presentará el 19 de febrero.
Posibles sanciones y cronograma judicial
Los fondos demandantes acusan al país de dilatar el proceso judicial y solicitan a la jueza la imposición de sanciones. Estas podrían abarcar desde multas económicas hasta presunciones adversas en el proceso. Adicionalmente, pidieron la fijación de un cronograma específico para abordar la cuestión del desacato, incluyendo una audiencia. El trasfondo de esta estrategia es más profundo: los demandantes procuran probar que organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas operan como un «alter ego» del Estado Nacional. De lograrlo, se abriría la posibilidad de avanzar con embargos sobre activos de dichas entidades para ejecutar la sentencia.
El calendario en marcha y la apelación principal
Desde el Gobierno, se mantiene la postura de que ya se han entregado más de 110.000 documentos oficiales y que el proceso de discovery se cumplió dentro de los márgenes legales. Consideran que el reclamo actual representa un intento de presión política y judicial sobre un Estado soberano, vulnerando el derecho constitucional. El calendario judicial para este incidente ya se encuentra en marcha. Tras la presentación de este jueves por parte de los demandantes, la defensa argentina deberá responder el 19 de febrero. La contrarréplica de los fondos está pautada para el 5 de marzo, y las audiencias presenciales se estiman para fines de ese mismo mes. Posteriormente, la jueza deberá determinar si existen fundamentos para declarar el desacato y, en su caso, proceder con la imposición de sanciones. Paralelamente, la apelación principal contra el fallo por la expropiación de YPF continúa su curso, sin una fecha definida aún para su resolución. Para el Estado argentino, esta causa representa la última instancia crucial para evitar una ejecución por montos millonarios.
Pullaro y Poletti: primer encuentro del año entre el gobernador y el intendente de Santa Fe
El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió este lunes en Casa de Gobierno con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, en un encuentro que ambos funcionarios calificaron como positivo para la agenda de la ciudad. Previamente, el mandatario provincial mantuvo un diálogo con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y con Anahí Rodríguez,…
Prefectura frustró el contrabando de mercadería por un valor de casi 300 millones de pesos
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron un importante cargamento de mercadería ingresada de manera ilegal al país durante un patrullaje terrestre realizado en la altura de Salto Grande, en la zona costera del río Uruguay. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del camping “La Tortuga Alegre” de Concordia, donde se detectó la circulación…
