Cinco personas fueron imputadas este miércoles en los tribunales de Santa Fe, acusadas de integrar el eslabón final de una red de narcomenudeo que operaba en las localidades de Esperanza y San Carlos Centro. La investigación, vinculada al secuestro de 13 kilos de cocaína a fines de enero, destacó la coordinación entre la fiscalía provincial y la Justicia Federal.
Formalizaron imputaciones por narcomenudeo en Santa Fe
Cinco personas fueron imputadas este miércoles por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, acusadas de integrar el último eslabón de una red de narcotráfico que comercializaba estupefacientes y ocultaba cocaína en el interior de secarropas.
Durante dos audiencias desarrolladas ante el juez penal Nicolás Falkenberg, los fiscales Diego Vigo, Alejandro Benítez y Natalia Giordano, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), formalizaron las atribuciones delictivas a los cinco detenidos.
Primero, se endilgó el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización» a Tamara P. Posteriormente, se imputó el delito de «comercialización de estupefacientes» a Patricia M., Kevin O., Lautaro O. y Sandra S. A los dos últimos, además, se les agregó la «tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra».
Los funcionarios del MPA solicitaron las audiencias de medidas cautelares para el próximo viernes, donde pedirán la prisión preventiva para los imputados.
La causa «cocaína seca» y la división de fueros
El caso cobró relevancia pública tras una persecución en la avenida Circunvalación de Santa Fe, donde se logró el secuestro de 13 kilogramos de cocaína compactada, ingeniosamente oculta en el interior de los tambores de secarropas.
Lo ventilado en las salas de los tribunales locales este miércoles corresponde al «negocio minorista», es decir, la venta al menudeo que sostenía la estructura en las localidades de Esperanza y San Carlos Centro. Esta «pata» de la causa es competencia provincial.
Cabe recordar que gran parte de la investigación, conocida como «cocaína seca», ya había sido derivada al fuero federal cuando se detectaron indicios de narcotráfico a gran escala. Algunas de las defensas adelantaron su intención de plantear la incompetencia de la justicia provincial, argumentando que la totalidad de la causa debería tramitar en el ámbito federal.
El búnker de los $10.000.000 en Esperanza
Los fiscales Vigo y Benítez detallaron el entramado de ventas organizadas, recaudaciones millonarias y la posesión de armas que custodiaban los búnkeres.
La primera imputada en enfrentar los cargos fue Tamara Soledad P. Según la atribución delictiva, la mujer comercializaba cocaína desde su domicilio en calle Belgrano al 1200 de la ciudad de Esperanza, al menos desde diciembre de 2025.
Durante el allanamiento a su vivienda, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias no solo encontraron dosis de estupefacientes listas para la venta, sino una cuantiosa suma de dinero que da cuenta del volumen del negocio: $ 10.590.000 en efectivo.
Además del millonario botín, en la requisa del lugar se secuestró:
- Una balanza de precisión
- Instrumentos de corte
- Una piedra de cocaína de 177 gramos
- 142 envoltorios de 0,54 gramos cada uno
Para la fiscalía, estos elementos acreditan la habitualidad y organización de la actividad ilícita.
Una red familiar en San Carlos Centro
En la segunda audiencia, el foco de la investigación se trasladó a San Carlos Centro. Allí fueron imputados Patricia Marilín M., sus hijos Kevin O. y Lautaro O., y la pareja de este último, Sandra Guadalupe S.
La fiscalía sostuvo que Patricia M. se encargaba de adquirir el material estupefaciente a través de R.S. -alias «Gordo Fabi», aprehendido y puesto a disposición de la Justicia Federal-, para luego distribuirlo en dos domicilios: uno en calle Tomás Lubary al 1000 y otro en Estanislao López al 1000.
En los allanamientos a estos domicilios, se incautó:
- Celulares
- 40 envoltorios de cocaína, escondidos en un monedero que sería propiedad de Sandra S.
- Balanzas
- Un revólver calibre .38 sin numeración
- Gran cantidad de municiones
La competencia provincial y las penas
Tras la finalización de las audiencias, los fiscales explicaron la decisión del MPA de avanzar sobre estos cinco detenidos, mientras la investigación sobre el resto de la banda fue derivada al fuero federal.
«En esta audiencia se han sustanciado lo que es la parte de microtráfico o narcomenudeo, o el último eslabón de la cadena, que es la competencia exclusiva que tiene la provincia», señaló el fiscal Benítez.
Por su parte, el fiscal Vigo destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía Federal de Santa Fe: «Se detectó que el último eslabón tenía vínculos con personas cuya hipótesis podía responder al narcotráfico de competencia federal. Establecimos pautas de trabajo de forma coordinada y esto es el resultado», refirió sobre el desdoblamiento de la causa.
En ese sentido, confirmaron que el principal sospechoso de liderar la organización en Esperanza, el «Gordo Fabi», ya no se encuentra bajo jurisdicción provincial, sino «a cargo del Ministerio Público Fiscal federal».
Finalmente, los funcionarios advirtieron que, a pesar de tratarse de la etapa minorista, las penas que enfrentan los imputados son elevadas. «La calificación es provisoria, pero arranca con un mínimo de 5 años y puede llegar hasta los 15 años de prisión», concluyeron.
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