Pablo Giampaolo, quien fue designado como síndico por la oposición en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ratificó las conclusiones que presentó en el informe que elevó al Poder Ejecutivo, a las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y al Tribunal de Cuentas (TC), en el que brindó un escenario ubicado en la antípoda del que vienen exponiendo desde el Gobierno y la obra social, si bien aún no se conoce el informe del síndico designado por el oficialismo, Juan Carlos Paludi.
Consultado sobre las declaraciones que realizó el vicepresidente de la OSER, Ricardo García, en relación con el informe que presentó, Giampaolo se mostró sorprendido: “No esperaba una reacción a través de la descalificación y la amenaza mediática. Si su intención era que contestara de la misma manera, eso no va a pasar”.
En referencia a alguno de los importantes puntos desarrollados en su informe, el síndico precisó que “la crisis económico-financiera e institucional de la Obra Social merece un tratamiento serio y responsable”. En este sentido remarcó “la existencia de una crisis institucional, porque hasta ahora sólo he escuchado hablar de la situación económico- financiera, información que todos conocen ya que surge de estados contables firmados por el responsable de la intervención, sin existir nota a los estados contables que consigne un corte documental, ni estados contables de período especial”.
LICITACIONES BAJO LA LUPA
Giampaolo añadió que desde el Gobierno “no hablan de la falta de transparencia originada en la falta de publicación de datos para conocimiento público como lo dispone la nueva Ley de la Obra Social, la falta de contestación a los pedidos de información en contra de las disposiciones de la Ley de procedimiento administrativo, de la existencia de licitaciones públicas realizadas en contra de la normativa vigente e incluso adjudicadas a pesar de haberles advertido formalmente bajo expediente del incumplimiento”.
También enumeró la “inexistencia de licitaciones privadas a pesar del volumen de compras directas del organismo, la falta de conformación del Consejo Consultivo habiendo pasado ya más de ocho meses de la aprobación de la Ley que así lo exige, la falta de reglamentación de la Ley de creación de la OSER, como tampoco se ha aclarado formalmente la situación laboral del síndico fiscalizador en cuanto a posible incumplimiento de los requisitos para su designación como la posible configuración de incompatibilidad en los términos de la Ley 7.413” de incompatibilidades en la función pública.
Ante la amenaza del vicepresidente de la OSER sobre el posible inicio de sumario administrativo en su contra, expresó que “es importante aclarar que soy personal de planta de la Contaduría General de la Provincia, quedando mi cargo en suspenso luego de la designación por Decreto como Síndico Fiscalizador, a partir de lo cual pasé a ser funcionario fuera del escalafón. Por esa situación laboral y por existencia del artículo 23 de la Ley 11.202 no corresponde el inicio de información sumaria, sino la remoción del cargo en caso de configuración de alguna de las causales dispuestas por dicho artículo”.
Ante tal escenario entendió que las causales previstas en la norma “no se han configurado, por lo cual en caso de forzar alguna de ellas y teniendo en cuenta que provengo de una terna elevada por el bloque de senadores del Partido Justicialista y por supuesto la amenaza pública de la que ya hablamos, se podría interpretar como una persecución política y eso sí que generaría un conflicto real e innecesario”.
Ante la pregunta respecto a cómo actuará en esta nueva etapa, luego de las controversias que generó su primer informe, Giampaolo expresó: “Por mi parte, seguiré trabajando, profundizando y ampliando los controles realizados hasta el momento. He pensado en comenzar a realizar circularizaciones a proveedores y prestadores, controles cruzados con órganos de control y seguimiento de las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas”.
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