El gobierno de Maximiliano Pullaro ha vuelto a marcar su agenda de seguridad con un respaldo explícito a la adhesión de Santa Fe a la denominada Ley Antimafia. La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial, busca integrar a la provincia al régimen nacional de crimen organizado y fortalecer las herramientas de investigación, coordinación judicial y sanción frente a estructuras delictivas complejas.
El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial. En la previa del debate en el Senado, el Ejecutivo santafesino manifestó públicamente su apoyo, enmarcándolo como parte de una política sostenida para enfrentar a organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera.
Una adhesión que apunta a reforzar la persecución penal
La Ley 27.786 fue promulgada a nivel nacional en marzo de 2025 y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y la posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras. Entre sus herramientas figuran medidas especiales de investigación y la inmovilización de bienes con orden judicial.
La adhesión santafesina apunta a incorporar ese marco legal en la provincia y a mejorar la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. El objetivo político que plantea la Casa Gris es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia más integral frente a delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y extorsión.
Pullaro y Cococcioni, detrás del impulso
El respaldo del Gobierno provincial a esta normativa no es nuevo. Maximiliano Pullaro ya había intervenido durante el debate nacional de la norma, instando a «no tener miedo» de avanzar con reformas criminales de fondo. Asimismo, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, participó de instancias legislativas defendiendo la necesidad de contar con herramientas más duras contra las mafias.
Ahora, con el proyecto en la Legislatura santafesina, la administración provincial ha vuelto a posicionar el tema políticamente. En un comunicado oficial, el Ejecutivo presentó la adhesión como una nueva señal dentro de un esquema de seguridad que busca sostenerse en el tiempo y que considera insuficiente el enfoque previo frente al crimen organizado.
Qué cambia con la adhesión
Uno de los puntos centrales del proyecto es el agravamiento del tratamiento penal para quienes integren, financien, organicen o dirijan organizaciones criminales. La lógica de la ley no se concentra solo en el ejecutor material del delito, sino también en los engranajes que posibilitan el funcionamiento económico y territorial de esas redes.
Además, la norma permite profundizar la cooperación interjurisdiccional y ampliar el uso de técnicas especiales de investigación. En Santa Fe, donde la violencia narco y las economías ilegales ya obligaron a aplicar por primera vez esta ley en Rosario a nivel federal, la adhesión provincial aparece como un intento de consolidar esa orientación con un mayor respaldo institucional.
El contexto de la seguridad en Santa Fe
La adhesión a la ley llega en una provincia donde la agenda de seguridad se ha vuelto central desde hace años, y donde Rosario concentra buena parte de los casos más resonantes de crimen organizado. Por ello, el oficialismo plantea esta herramienta no solo como una adecuación normativa, sino como una pieza más dentro del cambio de paradigma que viene impulsando Maximiliano Pullaro.
Al momento de la redacción de esta nota, lo que estaba confirmado era el apoyo explícito del Ejecutivo provincial, la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados y la posibilidad de tratamiento en el Senado este jueves. La definición legislativa final dependía de esa sesión, por lo que la provincia todavía se encontraba en instancia de adhesión y no de sanción definitiva.
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