La Cámara de Senadores de Santa Fe se pronunció unánimemente sobre la pulseada institucional entre la Corte Suprema de Justicia provincial y el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa por el destino del edificio «Palacio de Justicia II». El cuerpo legislativo de la provincia instó a respetar la finalidad original de la construcción en la capital santafesina, concebida para albergar al nuevo sistema de justicia penal.
El Senado de Santa Fe intercede en la disputa por el «Palacio de Justicia II»
Sin discursos desde las bancas y con la aprobación unánime de oficialismo y oposición, los senadores de la Provincia de Santa Fe aprobaron una comunicación que busca mediar en las tensiones públicas entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). El objeto de la disputa es la asignación de espacios en el edificio en construcción adyacente a Tribunales en la ciudad de Santa Fe.
La iniciativa, impulsada por el senador por La Capital, Julio Garibaldi (Unidos para Cambiar Santa Fe), propone un texto consensuado por todos sus pares. La controversia por el uso de los espacios había escalado hasta convertirse en parte de las declaraciones periodísticas posteriores al Acto de Apertura del Año Judicial.
El origen del conflicto edilicio
El futuro «Palacio de Justicia II» fue concebido originalmente para albergar a los actores del sistema de justicia penal, y su construcción se encuentra en una fase avanzada. Sin embargo, tras la reforma de la Constitución de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa fueron constituidos como un Ministerio Público independiente de los tres poderes del Estado.
En este contexto, la Corte Suprema ha resuelto avanzar con la readecuación de espacios en el edificio Anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, evaluaría si le quedan superficies disponibles para ceder a fiscales y defensores. Ante esta decisión, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, respondió de inmediato que la medida es «inaplicable e institucionalmente inaceptable».
La postura de la Cámara de Senadores
En respuesta a esta controversia, el texto sancionado el jueves 19 por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe expresa: «La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia arbitren los mecanismos de coordinación institucional necesarios a fin de acordar la asignación y uso del edificio denominado «Palacio de Justicia II» de la ciudad de Santa Fe, conforme a su destino original, la finalidad institucional para la cual fueron concebidos y las previsiones constitucionales vigentes».
Fundamentos de la intervención senatorial
Los considerandos que acompañan la comunicación, aunque redactados con prudencia, indican una posición clara: la de mantener el plan edilicio inicial pensado para el fuero penal, respaldando así que el Ministerio Público sea el principal destinatario del nuevo edificio.
El proyecto de comunicación tiene por objeto «solicitar la articulación de un ámbito de coordinación entre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, a fin de acordar la asignación y uso de los espacios en el edificio denominado «Palacio de Justicia II» de la ciudad de Santa Fe«.
La iniciativa se fundamenta en «la necesidad de que las decisiones relativas a la organización edilicia del sistema de justicia penal se adopten mediante mecanismos de coordinación entre los órganos involucrados, en atención a la especificidad de sus funciones y al diseño institucional vigente».
Se subraya que «el edificio referido fue concebido, planificado y ejecutado como parte de una política pública orientada a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, previendo la coexistencia funcional en una misma unidad edilicia de los distintos actores del sistema». En ese marco, «la definición del uso de los espacios constituye un aspecto central para el adecuado funcionamiento del servicio de justicia».
Asimismo, se argumenta que «la adopción de decisiones consensuadas entre los órganos involucrados permitirá compatibilizar las necesidades operativas de cada institución, optimizar la utilización de los recursos públicos y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones que constitucionalmente tienen asignadas tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa«.
Finalmente, se concluye que «la utilización del edificio conforme a su finalidad original contribuye a fortalecer el modelo de organización del sistema de justicia penal, favoreciendo la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía».
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