El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de la Producción, ha intensificado el proceso de fiscalización sobre los usuarios de la Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Esta medida se adopta tras la detección de consumos desproporcionados, que generaron subsidios millonarios afrontados por el erario público.
La cartera productiva informó la baja de 1.506 usuarios que registraban consumos por encima de los 2.000 kw mensuales, en contraste con el promedio provincial de un hogar que oscila entre los 700 y 800 kw.
Detalles sobre los abusos detectados en el esquema de tarifa social
El monitoreo reveló casos extremos de abuso en el sistema de subsidios. Se identificaron 21 usuarios que llegaron a consumir hasta 7.000 kw/h, generando facturas individuales que superaban los $ 17 millones. Sin embargo, en virtud de su condición de beneficiarios de la Tarifa Social, estos usuarios abonaron menos de $ 3 millones, obligando al Estado provincial a cubrir los $ 14 millones restantes.
Asimismo, los controles recientes expusieron que 258 usuarios superaron los 3.000 kilovatios de consumo, y cuatro casos específicos en Rosario excedieron los 6.000 kilovatios. En los 82 casos de mayor envergadura, el Estado provincial debió subsidiar más de $ 52 millones, mientras que los usuarios contribuyeron con apenas $ 6 millones. En septiembre, se individualizaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, acumularon facturas por un total de $ 17.114.592. De este monto, los usuarios abonaron $ 2.889.765, quedando a cargo de la provincia la suma de $ 14.224.827.
«Inadmisible»
El Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, cuya cartera tiene bajo su órbita a la distribuidora estatal de energía eléctrica, se pronunció enérgicamente sobre la situación. «Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan», afirmó el funcionario.
En este marco, la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro ha dispuesto un esquema de control más estricto sobre la firma pública. Dicha estrategia incluye auditorías permanentes y medidas de modernización que abarcan tanto el seguimiento de los consumos como la organización interna de la compañía. El objetivo primordial es «ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos», se remarcó desde el Ejecutivo.
«Algunos desvirtúan el espíritu del beneficio»
Por su parte, la Presidenta del Directorio de la EPE, Anahí Rodríguez, manifestó su preocupación por la desvirtuación del espíritu original de la Tarifa Social. «Estos números muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos», sentenció la funcionaria.
El mapa de los consumos irregulares
El informe detalla la distribución geográfica de los consumos anómalos. En la ciudad de Santa Fe y en San José del Rincón, se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, lo que implicó un subsidio estatal de $ 23.135.594.
Entre estos, se destacó una vivienda en un barrio residencial de la capital, en calle 1 de Mayo, que figuraba como caso social y consumió 2.840 kilovatios. Esta generó una factura de $ 654.195, de la cual el Estado cubrió $ 198.094. Otro ejemplo se dio en barrio Centenario, con un consumo de 3.482 kilovatios, una factura de $ 779.439, donde el usuario pagó apenas $ 19.713 y el resto fue absorbido por el Estado.
La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, demandando un subsidio estatal de $ 21.315.668. Allí resalta el caso de un usuario del barrio Belgrano, quien consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en $ 521.442 por el Estado.
Finalmente, el caso de Funes «expone con claridad el desvío del beneficio». Un usuario con Tarifa Social consumió 3.897 kilovatios, generando una factura de $ 880.367. De ese total, el usuario abonó solo $ 19.673, mientras que el Estado cubrió $ 860.693. En el mismo complejo, dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por $ 2.272.143. En esta instancia, los usuarios pagaron $ 77.183, mientras que el Ejecutivo provincial debió cubrir $ 2.194.959.
Próximos pasos
En los últimos días, se avanzó con la adquisición de 75 mil telemedidores, una herramienta que busca mejorar el monitoreo en tiempo real de los consumos. Esto permitirá «poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos», según Rodríguez. La presidenta de la EPE enfatizó que «acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos».
El propósito esencial de la administración provincial es que la Tarifa Social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables.
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