La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno Nacional apelará el fallo del juez Martín Cormick que declaró nulo el «protocolo antipiquetes» impulsado por su antecesora, Patricia Bullrich. La funcionaria defendió la normativa como herramienta clave para el orden público y la tranquilidad en el país.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno Nacional interpondrá un recurso de apelación contra el reciente dictamen judicial que declaró la nulidad del «protocolo antipiquetes». La medida, impulsada durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich, es considerada por el Ejecutivo como una herramienta esencial para el mantenimiento del orden público.
Qué dijo la ministra Monteoliva sobre la decisión judicial
Desde su cuenta oficial de la red social X, la ministra Alejandra Monteoliva lamentó la decisión judicial, enfatizando la postura del gobierno. «Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina», expresó la funcionaria. En esa línea, remarcó la firmeza del Gobierno Nacional frente al fallo: «No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos». Monteoliva concluyó que defenderán la medida «a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz».
La senadora nacional Patricia Bullrich, principal impulsora del protocolo durante su paso por el ministerio de Seguridad, también se pronunció en sus redes sociales. Bullrich sostuvo que «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos». Cuestionó la autoría del fallo, aludiendo a un patrón judicial: «¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización?». La exministra afirmó que los perjudicados «siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz», y sentenció: «El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás».
El dictamen que dejó sin efecto la vigencia del protocolo para contener movilizaciones sociales y cortes de calle fue emitido este lunes por el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick. La decisión judicial se produjo en respuesta a un planteo presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), una reconocida organización de derechos humanos. El protocolo, que buscaba regular la actuación de las fuerzas de seguridad ante protestas que implicaran bloqueos de vías, había generado un amplio debate en el ámbito político y social desde su implementación.
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