Gobernadores de todo el país manifiestan preocupación por el impacto de la Reforma Laboral en las finanzas provinciales, mientras los gremios advierten con movilizaciones callejeras ante su posible aprobación en el Congreso. Paralelamente, la agenda legislativa de febrero intensificará el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, un tema de fuerte controversia que posiciona a distintas fuerzas políticas. Este mes marcará el pulso de un año político intenso, proyectando las miradas hacia la contienda electoral de 2027.
Con el inicio del período de sesiones extraordinarias, la actividad política en Argentina se reactiva con una agenda cargada de proyectos impulsados por el Gobierno Nacional. A pesar de la aparente calma inicial, con el Congreso de la Nación sin reuniones agendadas hasta este domingo, la dinámica legislativa ya se desarrolla en diversos frentes, tanto en la Casa Rosada como en las provincias y los medios de comunicación. Las únicas actividades públicas programadas hasta ahora habían sido visitas guiadas y la iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del Combate de San Lorenzo el martes —un hito que, se especula, podría haber traído al Presidente Javier Milei a la provincia de Santa Fe el sábado— y el Día de Lucha contra el Cáncer el miércoles.
Este lunes marca el inicio del período de sesiones extraordinarias, convocado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 24/2026. La ausencia de encuentros formales en el Palacio Legislativo no es indicativo de inactividad. Por el contrario, la magnitud de los temas que el Poder Ejecutivo busca abordar hasta el viernes 27 es considerable. Además, en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) será escenario de debates clave, incluyendo la Reforma Laboral, considerada la prioridad de la agenda oficial. Se espera que este proyecto, que cuenta con dictamen desde diciembre, logre su aprobación en febrero, requiriendo de un «número mágico» de 37 voluntades en el Senado para abrir el recinto, iniciar el debate y obtener la media sanción.
Un mes tan corto para una agenda tan ambiciosa subraya la intensidad del escenario político, donde las negociaciones nunca cesaron, más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo. La política no toma vacaciones, un hecho evidenciado por la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó más poderes a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el 31 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero. Todo ello, en un contexto de cara a 2027, año que ya perfila planes de reelección nacional y la aspiración a nuevos liderazgos.
Reforma Laboral
En diciembre de 2025, las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen para la Ley de Reforma (o Modernización) Laboral. Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, enfrenta la resistencia de la oposición más dura y de las entidades gremiales. Asimismo, algunos gobernadores expresan objeciones, y se reunirán el miércoles en el CFI para analizar la posible incidencia de la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.
El Ministro del Interior, Diego Santilli, se ha mantenido particularmente activo en enero. Además de acompañar al Presidente Milei en su «tour de gratitud» por diversas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios provinciales en busca de apoyo para la ley en la Cámara alta. Como se mencionó, se necesitan 37 senadores para habilitar el recinto, con fechas tentativas para el debate los días 11 o 12 de febrero. Existe expectativa sobre la postura de los «indecisos» y la actitud que adoptará la CGT en esta disputa. Una posible falta de acuerdo o la necesidad de un debate más profundo podría postergar el tratamiento del tema para después del 1º de marzo, cuando se inicia el Período Ordinario de Sesiones.
La Cámara alta también deberá considerar otros temas en sus sesiones extraordinarias, incluyendo el proyecto de ley sobre el «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar», que también cuenta con dictamen. A esta lista se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado a mediados de enero en Asunción, Paraguay, tras años de complejas gestiones. Sin embargo, este acuerdo se encuentra en pausa debido a la decisión del Parlamento Europeo de revisar su contenido. Finalmente, el ex Diputado Nacional del PRO Fernando Iglesias aguarda la reapertura del recinto del Senado para la evaluación de su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.
Ley Penal Juvenil
A la Cámara de Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años. El asesinato del joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Poder Ejecutivo impulsa desde 2024. Si bien en mayo del año pasado el proyecto había logrado dictamen de comisión, nunca llegó al recinto.
Aquel proyecto, que contó con el apoyo de legisladores de varios bloques, no solo de La Libertad Avanza (LLA), establece un piso de 14 años para ser considerado imputable. No obstante, desde La Libertad Avanza se reconoce que el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13 años. El pasado viernes, la Senadora Nacional y ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a los familiares y al abogado de la familia Monzón. Al concluir el encuentro, Bullrich afirmó: «No podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada». Por el crimen, una joven de 16 años está imputada, mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad precisamente debido a su edad.
El proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18, si fueran imputados por un delito tipificado en el Código Penal o en leyes penales especiales. La norma detalla que, de ser indispensable el encierro tras la detención, el alojamiento deberá realizarse en dependencias especialmente acondicionadas, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con menores, quedando prohibido su alojamiento junto a personas mayores de edad. Adicionalmente, se deberán imponer al adolescente «medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida». Bajo este régimen, no están permitidas la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad ha recibido adhesiones del oficialismo y de otros sectores favorables a modificar el Régimen Penal Juvenil. El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha manifestado en varias ocasiones que «un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor». Otras voces, como la de la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa «integral» y «profundo» donde la reducción de la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.
El DNU sobre la SIDE
El nuevo año comenzó con un considerable revuelo tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre. Esta norma modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía significativamente las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los agentes de inteligencia, permitiéndoles, entre otras funciones, detener personas sin orden judicial, una facultad hasta ahora prohibida por ley.
Asimismo, el DNU dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambiar información entre organismos. Además, asigna «carácter encubierto» —antes «secretas»— a las actividades de inteligencia nacional. La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (aunque no figura en el listado de extraordinarias), ha generado críticas de la oposición, que la considera dictada «entre gallos y medianoche», al filo de Año Nuevo. Se cuestiona su contenido, advirtiendo que la SIDE podría transformarse en una suerte de «policía secreta». Incluso desde el PRO, aliado del oficialismo, se ha manifestado preocupación por la falta de respuesta a los pedidos de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia bajo este decreto.
El principal obstáculo para que las voces disidentes aceleren el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es la falta de conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 fue presidida por el Diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y aún no se han cerrado la integración ni las presidencias de varias comisiones.
Fin de la Feria Judicial y Legislativa
Febrero no solo marca el reinicio de la actividad legislativa, sino también la judicial. Cinco amparos relacionados con el DNU sobre la SIDE aguardan resolución en este poder. Además, el próximo miércoles vence el plazo establecido por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que fue aprobada, vetada, ratificada y promulgada, pero que no recibió presupuesto asignado durante 2025.
Este será, sin duda, un mes intenso en todos los ámbitos, un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.
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