La Justicia de Santa Fe, mediante el juez penal Sergio Carraro, ordenó a cuatro plataformas financieras y digitales, entre ellas Mercado Libre e Invertironline, restituir casi 30 millones de pesos a dos víctimas de estafas virtuales. La medida, que deberá concretarse en 30 días, se dispuso tras advertir la fiscalía graves fallas en los controles de seguridad que facilitaron las maniobras delictivas.
Histórico fallo judicial: ordenan devolver $29 millones a víctimas de estafas virtuales
En una decisión judicial que sienta precedente, el juez penal Sergio Carraro ordenó a cuatro entidades financieras y plataformas digitales restituir un total de $29.087.579,55 a dos víctimas de estafas virtuales. La resolución, emitida este viernes en tribunales, hizo lugar a un planteo de cese del estado antijurídico impulsado por el fiscal Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una investigación penal aún en curso.
El magistrado dispuso que las firmas Invertironline SA, Bind PSP SA, Mercado Libre SRL y Tecnopoint SA deberán reintegrar las sumas fijadas en $12.401.876 y $16.685.703,55. El monto total de $29.087.579,55 deberá ser devuelto en un plazo perentorio de 30 días.
La mecánica de las maniobras defraudatorias
Durante la audiencia, el fiscal Nigro reconstruyó la mecánica de las estafas, que se desarrollaron entre el 10 y el 19 de junio de 2025. Las víctimas, oriundas de Rosario y San José del Rincón, detectaron que sus cuentas en la plataforma de inversión Invertironline SA habían sido vaciadas. Los fondos fueron transferidos a cuentas virtuales vinculadas a otras entidades.
Según detalló el representante del MPA, las operaciones se realizaron utilizando datos personales reales de los damnificados, pero con validaciones biométricas correspondientes a terceros. «Los documentos habían sido editados con fotografías fraguadas», explicó Nigro. El fiscal sostuvo que se trató de un «comportamiento persistente de intrusión» en las cuentas de Invertironline SA, que permitió el desapoderamiento de los fondos mediante la apertura de cuentas apócrifas. «En ambos casos fue a través de la foto del DNI», precisó, al tiempo que agregó que los montos sustraídos fueron luego derivados a cuentas a nombre de otras personas, también bajo investigación.
La fiscalía apuntó a las fallas en los controles
Pese a que los presuntos autores materiales de las maniobras ya se encuentran individualizados en la causa, la fiscalía puso el foco en la responsabilidad de las entidades intervinientes por su presunta falta de cumplimiento con los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.
El fiscal Nigro subrayó que «existe una regulación para la apertura de cuentas virtuales» y que «es responsabilidad de la entidad financiera identificar en forma unívoca a la persona humana que intenta operar». Concluyó que «está claro que hubo una falla en el proceso de validación».
En esa línea, cuestionó el accionar posterior de las compañías: «La resistencia a devolver los fondos muestra cierta malicia de las empresas para con sus clientes». Mencionó además que, durante la investigación, en algunos casos las firmas «retacearon la información» solicitada y, en otros, directamente carecían de registros adecuados para la investigación.
El criterio del juez Carraro
Al momento de fundamentar su resolución, el juez Carraro convalidó el planteo esgrimido por el fiscal Nigro y consideró que el pedido se encontraba habilitado en el marco del proceso penal en trámite. «Estamos en un proceso penal en marcha y el pedido fiscal está habilitado», sostuvo el magistrado.
Carraro subrayó que, si bien las empresas también resultaron engañadas, su intervención fue determinante para la concreción del delito. «El fiscal ha sido muy claro y cauto al decir que son parte del sujeto pasivo en esta trama», señaló. Y agregó: «Tenemos un hecho ilícito, personas identificadas, víctimas y entidades financieras que han intervenido posibilitando que el delito se consume». El juez planteó un interrogante central: «¿por qué en este proceso en marcha las víctimas tienen que seguir soportando el daño?».
Finalmente, criticó la postura adoptada por las firmas durante la audiencia. «Ninguno de los representantes habló de los clientes, en este caso, las víctimas», observó. «Se valen de clientes, que se vieron claramente afectados por esto», añadió.
Adhesiones, rechazos y la continuidad de la investigación
El pedido de la fiscalía fue acompañado por los abogados querellantes Alejandro Galoppo y María Natalia Krabler. Esta última destacó el trabajo investigativo y expresó su «orgullo de la investigación que se llevó a cabo ante estos gravísimos hechos». En contraposición, los representantes legales de las empresas involucradas manifestaron su rechazo a la medida, cuestionando la procedencia del cese del estado antijurídico en esta instancia del proceso.
Por otra parte, el fiscal reveló la existencia de una tercera damnificada en circunstancias similares, quien sufrió una estafa por más de 5 millones de pesos en la misma fecha. Sin embargo, ese caso no integra la presente causa, ya que la víctima alcanzó un acuerdo particular con las empresas y logró la restitución del dinero.
La investigación continúa en curso, con los presuntos responsables de las maniobras ya identificados, mientras la resolución judicial abre un nuevo frente de debate sobre la responsabilidad de las plataformas financieras en la prevención de delitos informáticos.
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