El fiscal regional de la 5° Circunscripción, Carlos María Vottero, puso el foco en una de las aristas más delicadas de su informe de gestión: el alarmante crecimiento de los suicidios y la imperiosa necesidad de visibilizarlos como parte de las muertes violentas. Aunque los homicidios dolosos suelen captar la mayor atención social, Vottero subrayó que las estadísticas revelan una realidad mucho más amplia y preocupante, que incluye también los decesos por siniestros viales y los suicidios.
«Hicimos hincapié en lo que son las muertes violentas. Si bien lo que genera mayor impacto son los homicidios dolosos, es decir, las muertes causadas intencionalmente por un tercero, lo cierto es que estamos atravesando desde hace bastante tiempo una enorme problemática», explicó Vottero en diálogo con Radio Rafaela. En ese marco, detalló que la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es integrar estos datos a la agenda pública para fomentar un trabajo interinstitucional y desarrollar estrategias que contribuyan a reducir los índices de muertes violentas. «Hemos tomado la decisión de empezar a visibilizar esta enorme problemática, para empezar a tomar datos a través de informes y explicaciones, y tratar de mejorar trabajando interrelacionadamente con distintas instituciones, organismos y actores del Estado», sostuvo el fiscal.
Las cifras alarmantes a nivel provincial
Vottero detalló que el concepto de muertes violentas abarca los homicidios dolosos, los decesos por siniestros viales –calificados usualmente como homicidios culposos– y los suicidios. Las estadísticas provinciales, según precisó, muestran una disparidad significativa: durante 2025 se registraron en toda la provincia 448 suicidios, 306 muertes en accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos.
«Como ustedes verán, es mucha la diferencia. Los homicidios dolosos, que socialmente son los que generan un impacto mucho mayor, son muchos menos que las muertes en accidentes de tránsito, y ni hablar de los suicidios, que son mucho más que las muertes en accidentes de tránsito», enfatizó el fiscal. Para Vottero, esta comparación es crucial para dimensionar la verdadera magnitud del problema y evitar que la discusión pública se limite únicamente a los homicidios intencionales. Insistió en que las tres categorías deben ser consideradas muertes violentas y demandan un abordaje integral por parte del Estado. «Las tres constituyen muertes violentas», afirmó.
Asimismo, el fiscal aclaró que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) asigna el mismo nivel de esfuerzo y recursos a cada una de estas investigaciones, más allá de la visibilidad pública. «El MPA, en cada una de estas investigaciones, trabaja de la misma manera, y cada investigación a cargo de un fiscal requiere el mismo esfuerzo», explicó. Y añadió: «Socialmente parece que lo que requiere un esfuerzo es un homicidio doloso o un femicidio. Lo cierto es que no. Se investiga de igual manera y hay que llevar adelante todas las diligencias investigativas en relación a un suicidio o una muerte en accidente de tránsito».
El impacto en la región del fiscal Vottero
En relación a su ámbito de competencia, que abarca la Fiscalía Regional 5 (compuesta por los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, con participación parcial en Las Colonias y San Martín), Vottero informó que durante el último año se registraron 43 suicidios. La mayor incidencia se observó en la ciudad de Rafaela, seguida por Sunchales.
El fiscal puntualizó que el trabajo investigativo en casos de suicidios o siniestros viales, aunque fundamental, pocas veces alcanza la misma exposición pública que los homicidios dolosos. Respecto al perfil etario de quienes toman esta determinación, Vottero señaló que el mayor impacto se concentra en la franja de edad entre los 20 y los 39 años, aunque aclaró que el informe completo ofrece datos más pormenorizados. «Entre 20 y 39 años, mayormente», precisó. Ante este panorama, insistió: «Hay que empezar a visibilizar toda esta temática, esta enorme problemática en aumento».
Un abordaje integral y la salud mental
El aumento de casos, según el fiscal Vottero, demanda que cada estamento del Estado asuma su responsabilidad específica, particularmente en lo concerniente a la prevención, el acompañamiento y la salud mental. «Se ha tomado la decisión para que distintos actores del Estado empiecen, cada uno desde su lugar, a abordarla. Porque si esto se sigue no visibilizando, va a seguir aumentando», advirtió.
En esa dirección, Vottero subrayó la relevancia de basar el trabajo en datos concretos, pero también de incorporar una perspectiva sanitaria y social. «Hay que empezar por los números, los datos, los informes, empezar a dar a conocer todo esto», indicó. Finalmente, remarcó que la problemática está intrínsecamente ligada a la salud mental y que este aspecto debe ser un eje central de cualquier estrategia de abordaje. «Está relacionado totalmente con la salud mental. Está todo vinculado», concluyó.
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