El Gobierno nacional formalizó este lunes la privatización de ocho corredores viales nacionales por un plazo de 20 años, de los cuales cinco adjudicaciones impactan directamente en la provincia de Santa Fe a través de las rutas 9, 19, 34 y 11. La medida, publicada en el Boletín Oficial en el marco de la Ley Bases, traspasa al sector privado la explotación, el mantenimiento y la administración de más de 3.900 kilómetros de trazas mediante un sistema de concesión por peaje con tarifas diferenciales según cada tramo. Con este esquema, el Ejecutivo busca delegar en consorcios empresarios la infraestructura vial en regiones clave para la producción y el transporte de cargas, tras los reclamos por el deterioro de los corredores.
Avanza la privatización vial: adjudican ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de peaje
El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La medida se concretó a través de la Resolución 1379/2026, publicada en el Boletín Oficial, que determina a los consorcios ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.
Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros bajo este esquema. El objetivo central de estas licitaciones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales para el sector privado.
Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en las empresas adjudicatarias la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas de usuarios y transportistas por el estado de las rutas, que actualmente presentan un alto grado de deterioro y falta de mantenimiento, volviéndose críticas para la seguridad vial y la logística productiva.
Los consorcios ganadores y las nuevas tarifas
El proceso licitatorio definió a las empresas y los valores correspondientes para cada uno de los tramos adjudicados:
- Tramo Centro (RN 9, 19 y 34 – Santa Fe y Córdoba): adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $ 1.399.
- Tramo Centro Norte (RN 34 – Santa Fe y Santiago del Estero): adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $ 2.175.
- Tramo Mesopotámico (RN 12 y 18 – Entre Ríos): adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $ 3.564,99.
- Tramo Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 – Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero): adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por un valor de $ 2.285.
- Tramo Litoral (RN 12 y 16 – Corrientes y Chaco): adjudicado a JCR S.A. – Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $ 2.876,04.
- Tramo Noreste (RN 12 y 105 – Misiones y Corrientes): adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., con un valor de $ 2.950.
- Tramo Chaco-Santa Fe (RN 11 – Santa Fe y Chaco): adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., por una tarifa de $ 3.520.
- Tramo Cuyo (RN 7 – Mendoza): adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $ 3.090,2462.
Inadmisibilidades y marco legal de la licitación
Durante la evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio integrado por Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Asimismo, se desestimaron otras ofertas de peso en el mercado de la construcción, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos licitados.
En este sentido, las autoridades aplicaron el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales de bases y condiciones. Dicha normativa limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse de manera individual con el propósito de fomentar la concurrencia y evitar la concentración en la operación de la infraestructura vial.
Todo este proceso de reordenamiento de la obra pública se enmarca en las disposiciones de la Ley Bases, que declaró a la empresa estatal Corredores Viales como «sujeta a privatización». Posteriormente, el Decreto 97/2025 terminó de autorizar el procedimiento administrativo para concretar su privatización total bajo la modalidad regulatoria de concesión de obra pública.
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