Patricia Bullrich confirmó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en todo el país con la reducción de 16 a 14 años en la edad de imputabilidad, un cambio estructural que modifica el tratamiento legal de los delitos cometidos por adolescentes. Tras la entrada en vigencia de la normativa aprobada por el Congreso, la senadora nacional Patricia Bullrich celebró la medida y afirmó que se terminó la impunidad para quienes cometan hechos ilícitos. El sistema introduce procedimientos específicos, la especialización de operadores judiciales y la aplicación de sanciones socioeducativas, mientras continúan los cuestionamientos opositores sobre los recursos necesarios para su correcta implementación en las provincias.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en Argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la entrada en vigencia de la normativa a través de un mensaje difundido en la red social X, en el cual destacó el cambio en el enfoque sobre los delitos cometidos por adolescentes.

«Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás», expresó la funcionaria, quien sostuvo que quienes roben, maten o lesionen deberán asumir la responsabilidad por sus actos. La dirigente vinculó la medida con uno de los ejes centrales de su gestión: el endurecimiento de la respuesta estatal frente al delito y la protección de las víctimas.

Los ejes de la nueva normativa

«Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace», afirmó Patricia Bullrich en su publicación. Asimismo, cuestionó el funcionamiento del sistema previo y argumentó que, durante años, los menores que incurrían en delitos operaban bajo una situación de impunidad.

La legislación establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años, reduciendo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La reforma contempla procedimientos específicos que buscan apartar el tratamiento de los jóvenes del esquema destinado a los adultos.

Entre sus características principales figuran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un régimen de sanciones proporcional a la gravedad del ilícito. La privación de la libertad queda restringida a casos determinados bajo condiciones estrictas, y se incorpora una mayor participación de las víctimas en el proceso, con mecanismos orientados a la reparación del daño.

Debate legislativo y perspectivas

La reforma había sido aprobada por el Congreso tras un extenso debate marcado por marcadas diferencias ideológicas. Mientras sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta indispensable frente a delitos graves, sectores de la oposición cuestionaron la viabilidad de su implementación y los recursos necesarios para garantizar la infraestructura del sistema especializado.

Con la puesta en marcha de la ley, se abre una nueva etapa que exigirá la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos de alojamiento en todo el territorio nacional. El debate en torno a las sanciones, la prevención y la eficacia del nuevo esquema continuará formando parte de la agenda pública.


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