El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que busca modificar el régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina. La iniciativa reemplazaría la Ley 26.659, sancionada en el año 2011, y amplía las actividades alcanzadas por restricciones, incorporando herramientas de seguridad, inteligencia y protección de intereses estratégicos.
El articulado extiende el foco más allá de los hidrocarburos para sumar recursos renovables y no renovables explotados sin autorización argentina. La normativa abarca las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos e insulares correspondientes y la Plataforma Continental Argentina.
Sanciones severas y nuevo régimen punitivo
El texto establece un esquema de penalizaciones para personas y empresas que participen en actividades contrarias a la legislación nacional. Las medidas alcanzan a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las firmas involucradas. Entre las consecuencias figuran multas, inhabilitaciones y restricciones económicas, además de penas de prisión que podrían llegar hasta los 20 años para determinadas conductas.
Asimismo, se prevé la creación de un registro público de infractores que impedirá a los sancionados contratar con organismos del Estado. La propuesta incluye también un régimen de desistimiento y regularización, y contempla la aplicación del juicio en ausencia para delitos específicos incorporados en el nuevo marco legal.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional
Para responder a amenazas externas, el proyecto propone la creación del Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional, el cual estará encabezado por el Presidente de la Nación.
Entre los integrantes permanentes del organismo figurarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado y de la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo es coordinar las áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia del Estado.
Protocolos para aeronaves hostiles y buques
El proyecto detalla procedimientos específicos frente a aeronaves consideradas hostiles en el espacio aéreo argentino, estableciendo etapas que van desde la identificación y las advertencias hasta demostraciones de fuerza. El uso de la fuerza se contempla como último recurso.
Para los buques, se fija un mecanismo progresivo de persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización de la embarcación. El hundimiento quedará reservado para situaciones excepcionales con autorización presidencial, prohibiendo su uso como sanción a embarcaciones civiles o para impedir una fuga.
Controles financieros e influencia extranjera
La iniciativa incorpora restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de activos y limitaciones al comercio exterior frente a amenazas de actores extranjeros.
Además, se imponen restricciones a los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales. El texto tipifica también la entrega de secretos a servicios de inteligencia extranjeros y la financiación de desinformación masiva o actos de sabotaje.
Finalmente, se integra formalmente al marco legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El proyecto iniciará su debate parlamentario en la Cámara de Diputados, donde podrá recibir modificaciones durante su análisis en comisiones y en el recinto.
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