La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa formalizaron este martes la repartición de espacios, servicios y pautas de mantenimiento del nuevo edificio Anexo de los Tribunales de la capital provincial. El convenio, rubricado por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson, sella un entendimiento tras siete meses de negociaciones técnicas en torno al inmueble judicial. El acuerdo define la asignación de plantas específicas para cada organismo, además de establecer criterios sobre el consumo eléctrico, la seguridad edilicia y la autonomía de sus sistemas informáticos.
Acuerdo institucional en Santa Fe por el uso del nuevo edificio anexo de Tribunales
Con la presencia de cinco de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se formalizó este martes el acuerdo definitivo que establece la distribución de los espacios físicos en el nuevo edificio anexo de los Tribunales de la capital provincial.
El convenio de colaboración fue rubricado por el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich; y la defensora general del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Estrella Moreno Robinson. El entendimiento sella el resultado de siete meses de negociaciones técnicas sobre la utilización del inmueble, que comenzó a ser ocupado progresivamente por organismos judiciales.
Según el acta suscripta, la Corte y ambos ministerios acordaron la asignación de metros cuadrados conforme al plano adjunto. El esquema contempla sectores del primer piso para el MPD, áreas del quinto nivel para el MPA, y el sexto piso para ambos organismos, además de una fracción del subsuelo. Respecto a este último nivel, las representantes de los ministerios públicos advirtieron que la ejecución completa de las obras interiores para su habilitación «demandará años».
Obras, servicios y autonomía tecnológica
El segundo punto del convenio autoriza al MPA y al MPD a realizar las reformas necesarias para adecuar los espacios asignados a sus funciones operativas, previa coordinación con la administración del edificio y el Poder Judicial.
En materia de servicios, el acuerdo estipula que el Poder Judicial asumirá el costo total correspondiente al consumo de telefonía fija y energía eléctrica de todo el inmueble. Asimismo, en cumplimiento de la autonomía funcional, el cuarto punto dispone que cada ministerio contará con su propio datacenter, independiente de la estructura informática del tribunal. Por último, la seguridad general y el servicio de videovigilancia quedarán bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, mientras que el sexto apartado prevé que cualquier controversia futura «será resuelta con acuerdo de partes».
Cronología de las negociaciones y contexto institucional
La definición alcanzada este martes encuentra sus antecedentes en las tratativas iniciadas formalmente en febrero, impulsadas por la readecuación del anexo dispuesta por la Corte. No obstante, la discusión adquirió una nueva dimensión política a partir de la reforma de la Constitución provincial de 2025, que consagró la autonomía institucional del MPA y el MPD respecto del Poder Judicial.
Tras diversos cruces de propuestas —que incluyeron ofrecimientos iniciales en el inmueble de San Martín 2651 y alternativas descartadas en la esquina de Amenábar y San Jerónimo—, el MPA y el MPD presentaron el 29 de septiembre una nota aceptando parcialmente los ofrecimientos y exigiendo una revisión interna de los espacios. El texto firmado consolida dicha exigencia.
Del cónclave participaron, además de Rafael Gutiérrez, los ministros Margarita Zabalza, Roberto Falistocco, Rubén Weder y Diego Maciel, en tanto que los ministros rosarinos Jorge Baclini y Daniel Erbetta habían informado previamente su ausencia.
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