Un subinspector de la Policía de Santa Fe fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua tras admitir el cobro de coimas en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con asiento en la ciudad de Esperanza. El fallo, homologado por la Justicia provincial mediante un juicio abreviado, también impuso al efectivo el pago de una multa millonaria por irregularidades en la emisión de documentos y trámites exprés sin inspección vehicular.
Primera condena por el escándalo de coimas en la Verificación Automotor de Esperanza
El caso de corrupción en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI registró este martes su primer desenlace judicial. El juez de primera instancia Gustavo Urdiales homologó un acuerdo de procedimiento abreviado y condenó al subinspector de la Policía de Santa Fe, Luis Rodrigo Ulerich, por irregularidades en la emisión de documentos públicos.
La sentencia se concretó luego de que el fiscal Ezequiel Hernández, perteneciente a la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentara los términos del convenio acordado con la defensa técnica del imputado, a cargo del abogado Juan Carlos Galetto. Ulerich, de 35 años, admitió expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de «cohecho pasivo».
El magistrado dictó una pena de tres años de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función policial y el pago de una multa de $ 17.260.000. Asimismo, el condenado deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante el plazo de la condena, lo que incluye la prohibición absoluta de portar armas y de acercarse a menos de 200 metros de los testigos y coimputados en la causa.
Maniobras en la planta policial
De acuerdo con la investigación fiscal, las maniobras delictivas se desplegaron entre octubre de 2021 y agosto de 2026 en la planta de verificación con asiento en la ciudad de Esperanza. En ese periodo, el subinspector abusó de sus funciones para percibir dinero en efectivo a cambio de confeccionar, sellar y firmar el Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Los trámites destinados a transferencias o inscripciones de unidades 0km se realizaban al margen de toda normativa legal: sin turno previo, sin abonar las tasas correspondientes y sin efectuar la inspección física de los rodados. La pesquisa judicial acreditó que, solo entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, Ulerich percibió coimas por la confección irregular de 151 formularios de automóviles y 36 de motocicletas.
El entramado ilegal funcionaba en connivencia con la gestora particular Erica L., quien le abonaba sumas fijas en encuentros personales. Los montos cobrados por el policía aumentaron con el correr de los años, treparon desde $ 3.100 en 2022 y alcanzaron los $ 50.000 por automóvil y $ 30.000 por motocicleta al momento en que la maniobra salió a la luz.
La investigación determinó además que el uniformado llegó a firmar y entregar 21 formularios correspondientes a autos y motos mientras se encontraba de licencia médica, así como también documentos en blanco para que la gestora completara de manera discrecional los datos de los vehículos. Las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias anónimas radicadas en el Servicio de Atención Ciudadana, las cuales derivaron en requisas, allanamientos y tareas de escuchas a cargo de la Dirección de Asuntos Internos.
La situación del resto de los involucrados
La condena dictada contra Ulerich constituye el primer fallo de una causa que mantiene bajo la lupa a la cúpula y al personal de la dependencia de la Unidad Regional XI. Entre los investigados se encuentra el exjefe de la repartición, subcomisario Cristian Gustavo Vittore, quien fue imputado por el fiscal Hernández como autor de «cohecho pasivo» en relación con 1.079 trámites irregulares.
Por otra parte, la investigación penal preparatoria alcanza a los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti, quienes permanecen privados de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde mediados de septiembre, acusados de coautoría en el cobro de dádivas. En tanto, la gestora vinculada a la maniobra continúa imputada en libertad por el delito de «cohecho activo».
Con la homologación de la sentencia para Ulerich, la Justicia provincial cerró la situación procesal del subinspector mediante la inhabilitación perpetua para vestir el uniforme policial. Paralelamente, el MPA continúa analizando evidencias contables y pericias telefónicas para definir los próximos pasos procesales respecto del resto de los implicados en la investigación.
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