La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A. pidió que se ponga fin a la actividad en las tres plantas de la empresa. En el informe firmado el 11 de noviembre, sostuvo que los ingresos apenas alcanzan para cubrir los salarios y las cargas sociales y que mantener la producción en las condiciones actuales seguiría generando deudas.
El pedido alcanza a la hilandería de Reconquista, donde 204 trabajadores estaban comprendidos en la continuidad transitoria, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco, con 21 y 18 trabajadores, respectivamente. La presentación propone completar la producción en curso sin incorporar nueva materia prima y detener las líneas de manera programada.
Déficit de $814,7 millones
La actividad de la hilandería se sostiene con contratos de fasón: los clientes aportan la materia prima y la planta cobra por procesarla. Según el cálculo de la sindicatura, frente a ingresos por $424,8 millones en octubre, los costos considerados ascendían a $1.239,5 millones, lo que arrojaba un déficit operativo mensual estimado de $814,7 millones.
La electricidad es el principal costo señalado en el informe. La sindicatura indicó que propuso a los clientes aumentar las tarifas del servicio o asumir el costo de la energía utilizada en sus pedidos, pero que ambas alternativas fueron rechazadas. En las desmotadoras, la actividad se había sostenido con anticipos de Vicentin a cuenta de la campaña 2027. El informe advierte que ese esquema compromete servicios futuros y que también hay facturas de energía impagas.
Propuesta
La sindicatura solicitó que la Justicia determine las fechas de finalización de los contratos laborales según las tareas de cada grupo. La propuesta contempla que parte del personal continúe de forma transitoria para terminar la producción en curso y que se mantengan guardias mínimas de vigilancia y conservación. También pidió que se notifique a ANSES y a las autoridades laborales de las tres provincias para facilitar el trámite de la prestación por desempleo.
La quiebra fue declarada el 14 de octubre. En ese momento, la sindicatura había dispuesto la continuidad provisoria de las tres plantas para completar los procesos en marcha y explorar una venta con la empresa en funcionamiento. Ahora recomienda preservar las instalaciones y la maquinaria con guardias mínimas y ofrecer las plantas como unidades productivas que un comprador pueda reactivar. El informe es un pedido de la sindicatura: el cese de la actividad y las fechas de finalización de los contratos quedan sujetos a la resolución judicial.
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