El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación presentaron este miércoles los detalles de la flamante Ley de Celulares, una normativa sancionada por la Legislatura provincial que busca desarticular el mercado negro de dispositivos electrónicos. El paquete de medidas contempla controles policiales callejeros obligatorios para verificar el código IMEI sin necesidad de orden previa, además de exhaustivas inspecciones en locales de compra, venta y reparación. La estrategia oficial apunta a cortar el circuito económico del delito predatorio en Rosario y la región mediante la trazabilidad de los aparatos y la exigencia de formalizar las denuncias.
Detalles de la Ley de Celulares en Santa Fe
Funcionarios del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindaron este miércoles detalles sobre la denominada Ley de Celulares, sancionada recientemente por la Legislatura provincial. La norma busca desarticular los mercados ilícitos, prevenir y combatir la comercialización de dispositivos tecnológicos de origen ilegal, impedir que esa actividad genere beneficios económicos y desalentar la demanda de bienes provenientes de delitos contra la propiedad.
La presentación se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario. La encabezó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto con los secretarios de Gestión Institucional, Federico Angelini, y de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo; y la secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del MPA, Marina Pieretti.
Pablo Cococcioni afirmó que, además de abordar la violencia, el Gobierno debe ocuparse del delito predatorio, al que definió como «un objetivo central en esta etapa de Gobierno». También señaló que el robo de celulares es «la manifestación individual de la existencia de un mercado ilícito», que incluye «un circuito de comercialización y reventa». Según explicó, la ley combina tareas de análisis de datos e investigación criminal con acciones de comunicación ciudadana, promoción de las denuncias y controles en establecimientos que venden o reparan teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
El ministro sostuvo que, con la implementación de la norma, los ciudadanos deberán exhibir el IMEI de sus dispositivos cuando la Policía lo requiera. Aclaró que el control «no está sujeto a un criterio de sospecha», sino que se enmarca en las facultades policiales y apunta a desalentar el mercado ilegal. «Buscamos abordar de manera integral un delito que afecta a toda la comunidad», subrayó.
La importancia del IMEI y de denunciar el robo
Entre los objetivos de la ley figuran recuperar los dispositivos y restituirlos a sus legítimos titulares; garantizar la trazabilidad, la transparencia y la legalidad de las actividades económicas alcanzadas; y coordinar los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales.
Matías Merlo explicó que la norma apunta a lograr «una persecución penal más eficaz», porque detrás del robo de celulares puede haber un mercado ilegal. También indicó que las organizaciones criminales pueden utilizar teléfonos robados para comunicarse y dificultar el rastreo del origen de las llamadas.
Por su parte, Marina Pieretti convocó a denunciar ante el MPA el robo de celulares y aportar el IMEI para facilitar su identificación. En una prueba piloto realizada con 680 denuncias en Rosario, solo una de cada cuatro incluía ese dato. A partir de esos casos, se iniciaron 160 investigaciones: se recuperaron 14 dispositivos. Seis de ellos se localizaron luego de que la Fiscalía enviara un mensaje y las personas que los habían comprado se acercaran a declarar dónde los habían adquirido.
La ley establece que quienes circulen por la provincia deberán exhibir el identificador electrónico único de sus dispositivos cuando lo requiera la autoridad competente. Armando Faraoni informó que se desarrollan aplicaciones para que la Policía pueda realizar esos controles por intermedios de dispositivos que serán provistos por el Gobierno provincial. El sistema permitirá escanear el IMEI y contrastarlo con la base de datos del MPA. «Con esto logramos tener velocidad en el control de calle y generar trazabilidad y estadísticas», afirmó.
Un registro para los comercios
La norma también crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Deberán inscribirse las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.
Si un equipo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, carece de IMEI o de un identificador único equivalente, o si esos datos fueron bloqueados, alterados o eliminados, la situación deberá comunicarse al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciarse de inmediato ante el MPA.
«Vamos a inspeccionar los comercios que se dedican a la compra-venta de celulares, pedirles que exhiban el IMEI de los equipos a la venta y que identifiquen a la persona que los entregó. Así podremos verificar si tienen una denuncia por robo y controlar toda la cadena de comercialización», indicó Matías Figueroa Escauriza.
Por último, Federico Angelini explicó que «el IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular dentro de las redes móviles al que se accede marcando *#06#», y pidió que «en caso de robo, hurto o extravío, las víctimas hagan las correspondientes denuncias al 911 o en cualquier Centro de Denuncias».
