Jorge De Breuil, de 76 años, imputado en la causa Contratos truchos, declaró este miércoles 7 de mayo, durante más de tres horas, en las que dio detalles y precisiones de la modalidad de los contratos, el recorrido burocrático en la Administración Pública, las responsabilidades que surgían de aquellos contratos y negó los cargos que se le formulan desde hace más de seis años, período en el que aportó evidencia de descargo que fue soslayada por los investigadores.
De Breuil, que es asistido por Pablo Hawlena Gionaotti y Miguel Cullen, mostró su perplejidad ante una acusación de la que sostuvo que “no sabe cómo defenderse”. Sustentó que aún no logra comprender de qué se lo acusa, y añadió que, pese a reiterados pedidos, sigue sin saber con precisión cuales son los hechos que le imputan.
El acusado cuestionó que lleva más de seis años soportando una imputación “descabellada, sometido por una justicia que carece de objetividad alguna, sorda y ciega frente al ejercicio de la defensa, mientras se vale de una prensa adicta que habilita, exacerba y facilita sus atropellos”. Sostuvo que toleró “pacientemente esta afrenta y guardé un prudente silencio evitando alimentar un escándalo público, por ser y sentirme desde un comienzo, absolutamente ajeno a esta causa”.
No obstante, ante lo que consideró “el empecinamiento de Fiscalía de mantenerme arbitrariamente imputado por un delito que no he cometido, ocultando las pruebas verdaderas e inventando pruebas falsas, ignorando sin fundamento todos los planteos defensivos para continuar con su abuso, me veo obligado a poner en claro algunas características de este proceso”. Añadió que “este accionar vergonzoso del Ministerio Público Fiscal (MPF) me causa un daño enorme, este daño personal es insignificante comparado con el daño que causa a la sociedad toda, al deslegitimar a la justicia, menoscabar al propio MPF y pretender engañar a la ciudadanía en su conjunto”.
De Breuil argumentó que la investigación “está entrampada en su propio laberinto de intereses personales o partidarios ocultos, de soberbia y arrogancia, de idas y vueltas al compás de los acontecimientos políticos, de chismes, falsedades y mentiras”. Agregó que “si por un solo momento aceptáramos la hipótesis central del MPF, vale decir, que los imputados constituimos una asociación ilícita con el fin de apoderarnos de dineros públicos a través de la suscripción de contratos legislativos apócrifos, la orfandad investigativa es abrumadora”.
El imputado, que es la primera vez que es escuchado por la Magistratura, recordó que en la reformulación de la apertura de la causa del 24 de octubre de 2018, su nombre aparece “sobre el final en un párrafo aparte de una manera extraña”, en el que se sostuvo que “Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por el senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas”.
De Breuil sostuvo que “ni en la apertura de la causa, ni en el acto de imputación formal, ni en la requisitoria de elevación de la causa a juicio, ni en el transcurso de estas audiencias, los fiscales me ubican en la dinámica de sustracción de dineros del patrimonio de la Legislatura provincial, a través de los mal llamados contratos truchos”. Añadió que no perteneció “al grupo de personas con funciones públicas no identificadas, no pertenezco a las estructuras administrativas contables de las Cámaras legislativas, no tengo relación alguna con las personas contratadas, jamás fui beneficiario, endosante, endosatario, intermediario o cobrador de cheques de la Legislatura destinados al pago de contratos, no pertenezco a los estudios contables vinculados a la causa, no pertenezco al grupo de cobradores, no pertenezco al grupo de recaudadores, ni integro los organismos de contralor”.
Resaltó que “en el detallado y puntilloso listado de personas identificadas con el delito de peculado, del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, no se me incluye. Y tampoco se me mencionó al dar el detalle de los participantes del delito de peculado en la audiencia del 29 de abril pasado, aunque posteriormente se me solicitara pena por este delito en calidad de partícipe necesario”. Así, entendió que “pareciera ser que mi delito se reduce a la relación comercial con Pérez y Bilbao. Y para bañar esta relación con un carácter delictual los fiscales mienten. Mienten desde un principio, y mienten a sabiendas”.
FALACIA
De Breuil recordó que en la declaración del 3 de julio de 2019 reiteró que no era empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la nación por el senador Guastavino, lo que consideró una “falacia en la que, pese a haberla desmentido personalmente en la indagatoria del 8 de febrero del corriente año, la fiscalía persiste”. Así, ironizó con que “de ser cierta la tesis de la fiscalía, estaría violando el artículo 40 de la Constitución provincial”.
De Breuil preguntó “¿por qué motivos los fiscales se empecinan, al punto de mentir reiteradamente, en sindicarme como ‘contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por el senador Guastavino?”, resaltando que “la respuesta es simple: necesitan ligarme de algún modo con otros imputados, porque además saben que sus alegadas entregas de dinero de Bilbao o Pérez también son puras fantasías, construidas a partir de la manipulación y ocultamiento de pruebas, y de otras tantas falsedades”. Antes, había negado recibir o entregarles dinero espurio a aquellos dos.
GOYENECHE
De Breuil presentó como evidencia una entrevista que el diario La Nación le realizó en noviembre de 2021 a la ex procuradora general adjunta y ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la que ésta vinculó el proceso de jury que la destituyó con “la necesidad del sistema político de la provincia de interferir en el avance de las causas de corrupción. De eso no tengo ninguna duda”. En la entrevista, a la pregunta sobre si el ex gobernador Sergio Urribarri estaba imputado, Goyeneche respondió que “no está imputado. Por una cuestión de supervivencia, digamos, dividimos en dos el caso. La primera parte no se refiere a los funcionarios políticos, se llegó hasta el cuñado de Urribarri. No se imputó a los representantes de las cámaras legislativas En una segunda parte el caso podría tener vinculación con Urribarri por su rol como gobernador y presidente de la Cámara de Diputados”.
De Breuil volvió a ironizar que buscó y verificó que “no hay, ni en el Código Procesal ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos, ninguna norma que autorice a ejercer la acción penal pública conforme a criterios de supervivencia. Pero no me interesa aquí dilucidar el sentido de la excusa, sino, simplemente, remarcar que la ex procuradora adjunta admite la existencia de responsabilidades de funcionarios políticos que no se han investigado”.
Añadió que “más astuto fue el procurador general, Jorge García, quien, al menos, se ha amparado en el criterio de oportunidad y en su potestad para fijar las prioridades y los criterios de investigación, amenazando en vano reiteradamente desde hace seis años con la apertura de la segunda parte de la causa, para investigar las responsabilidades superiores sobre las que aún no se ha indagado. Tampoco me interesa aquí dilucidar la veracidad de su intención, o si esta tesitura constituye o no una aberración procesal y qué normas legales contraviene. Sólo remarcar que también el procurador general reconoce responsabilidades de las autoridades superiores que no se han investigado”.
De Breuil desplegó con documental oficial que “para la aprobación y firma de un contrato legislativo es necesaria la participación de los presidentes y secretarios de la Cámara legislativa, del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, del Poder Ejecutivo, de la totalidad de legisladores de ambas cámaras legislativas, nuevamente del Poder Ejecutivo y de las autoridades de cámara, o del legislador y del presidente de su bloque legislativo, de la Dirección General de Administración de la Cámara y otra vez de las autoridades de la Cámara. Y recién entonces tenemos un contrato suscripto por el legislador y su beneficiario”.
Añadió que “para su ejecución, es necesario la participación mensual de dos órganos autónomos de control, definidos y regulados por la Constitución provincial y organizados según sus respectivas leyes orgánicas. La Contaduría General y la Tesorería General”.
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