Luego de varias medidas investigativas llevadas adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), personal de Prefectura Naval detuvo este jueves a otro marino mercante filipino bajo sospecha de haber colaborado con la «contaminación» de 469 kilos de cocaína que estaban ocultos en un buque que amarró en el puerto de Vicentin, en San Lorenzo, a fines de abril pasado. El primero en caer detenido había sido un cocinero llamado Jonathan Caputero, también parte de la tripulación del Ceci MV.
En el caso del segundo detenido, los prefectos lo arrestaron en las últimas horas cuando arribó en un buque a la misma terminal portuaria del Cordón Industrial. Y ahora será llevado a audiencia imputativa –prevista para este viernes– en los Tribunales federales, donde los fiscales darán a conocer las evidencias en su contra.
La droga fue secuestrada el 30 de abril en un buque mercantil con la bandera de las Islas Marshall después de que el capitán de la embarcación diera aviso de que había encontrado los paquetes en la zona de las cámaras frigoríficas, donde se guardaba alimento.
En el legajo ya fue imputado el cocinero del barco Jonathan Caputero, de 50 años, quien aceptó la responsabilidad de haber contaminado la carga de la embarcación. La presencia de restos de agua salada en los bultos que contenían los ladrillos de cocaína hizo inferir a los investigadores que la maniobra se hizo cerca de Montevideo, en el Océano Atlántico, y no en el agua dulce del río Paraná.
La hipótesis se sustenta también en que el buque mercante había recalado en inmediaciones del puerto de la capital uruguaya antes de arribar a San Lorenzo. Lo llamativo es que, desde el cordón industrial, debía pasar nuevamente por la terminal de Montevideo y desde ahí hacia Ámsterdam, Países Bajos, donde se cree que estaba destinado el cargamento, de valor millonario.
Según el legajo penal, aquel 30 de abril, el capitán del MV Ceci fue quien alertó al responsable de la operatoria general del barco sobre la presencia de bultos sospechosos en la cámara frigorífica del buque, y este se puso en contacto con un abogado de un estudio jurídico, quien formalizó la denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los dos filipinos detenidos, sin embargo, no serían más que piezas que, a cambio de dinero, colaboraron con una organización criminal de la que aún no se conocen detalles ni detenidos.
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