La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, resolvió este lunes 15 de septiembre rechazar el pedido del fiscal coordinador y postulante a fiscal Anticorrupción, Gonzalo Badano, de abrir los celulares de los cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos que son investigados por el presunto delito de Peculado. Se les atribuyen “presuntas irregularidades” en la “liquidación, cobertura, cargas y cobros” del servicio de adicionales prestados al Banco de Entre Ríos SA (Bersa), entre enero y mayo de 2025.
EL CASO
La investigación se realiza «a fin de investigar las presuntas irregularidades, cometidas entre los meses de enero a mayo de 2025, en la liquidación, cobertura, cargas y cobros del servicio adicional de custodia de transporte blindado (traslado de valores), llevadas a cabo por el jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, comisario Inspector Fernando Oscar Urquía; sargento ayudante, Vanesa Marina Paola Bértoli, numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero Julia Evangelina Sangoy, numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero, Mauricio Javier Colignon, de la División Arquitectura de la Dirección General de Administración y Logística; y por el segundo jefe de la División de Despacho de la Dirección General de Personal, oficial inspector Walter Ramón Broder, todos dependientes de la Policía de Entre Ríos”.
La audiencia de la semana pasada, en la que se iba a solicitar la extracción de información digital de los celulares secuestrados, se suspendió porque la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) no notificó de la audiencia a dos de los cinco imputados.
En la reanudación de la audiencia, los defensores de Broder y Colignon, Fernando Quinodoz y Hernán Saín, respectivamente, no se opusieron al pedido del fiscal, pero plantearon algunas condiciones que sonaron muy básicas. Así, pidieron que se determine de manera previa hacia qué personas se iba a dirigir el análisis y sobre qué aplicaciones se iba a circunscribir. Alegaron que se trata de una medida que invade el derecho a la privacidad de las personas y la inviolabilidad de la correspondencia, protegidas por la Constitución y normas internacionales.
Badano respondió que aquello era imposible de determinar de antemano puesto que es precisamente lo que se quiere determinar, si entre los sospechosos hubo intercambio de mensajes relacionados con el motivo de la investigación, de dinero, si hay otras personas involucradas. Respecto de a qué aplicaciones se circunscribiría, indicó “las que tengan mensajería”. En las réplicas, Quinodoz y Sain insistieron con sus pedidos de circunscripción de la medida y el segundo sostuvo que como el hecho imputado es tan amplio y vago, las medidas de investigación que se solicitan tienen aquellas mismas características.
A su turno, Eduardo Gerard, que asiste a Urquía, Bértoli y Sangoy, se opuso al pedido del fiscal y argumentó –además de que se trata de una medida invasiva de la intimidad de las personas–, que hay medidas de prueba solicitada que se realizó y resta su análisis por parte de Fiscalía y la correspondiente notificación a las defensas de los resultados. Se trata de un informe del análisis de los celulares secuestrados y peritados del jefe de Adicionales y del de la División Adicionales, que en el Decreto 143 determina que la comunicación entre la fuerza y el Bersa para la coordinación del servicio, se realice por Whatsapp.
Gerard argumentó que del análisis de esas comunicaciones Fiscalía podría obtener la evidencia que procura obtener solicitando una de las medidas más invasivas de la privacidad de las personas. En este sentido, sostuvo que en este tipo de situaciones, entre el rol de los fiscales de investigar y aquel derecho constitucional, debe primar este. También, al igual que las otras dos defensas, recordó que en la fuerza se sustanciaron más de una decena de sumarios en los que los efectivos convocados prestaron testimonio. Gerard volvió a indicar que Fiscalía podía obtener la información que pretende, de aquellos testimonios.
Badano refutó aquel argumento en la necesidad de Fiscalía contar con la información que contendrían los celulares para poder avanzar sobre otras responsabilidades. Incluso llegó a sostener que “sí o sí se van a tener que abrir” los celulares. Añadió que de los testimonios brindados en sede administrativa no surgen los datos que la acusación pretende porque no es una investigación penal sino administrativa.
Sobre la supuesta indeterminación de la acusación y por qué se imputa a cinco y no a la más de una decena de efectivos sumariados, explicó que el sumario indicaría una supuesta falta administrativa que no implica la comisión de un tipo penal, que es lo que persiguen los fiscales. Añadió que es justamente lo que se trata de determinar con el pedido, puesto que de contar con la información se podría determinar con mayor certeza los roles desplegados, derivando en nuevas imputaciones si corresponde.
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