Los hermanos Maximiliano Ezequiel y Rocío Belén E., de 23 y 19 años respectivamente, fueron imputados este martes como coautores del delito de «encubrimiento agravado por el ánimo de lucro». La acusación recayó sobre ellos por haber vendido el teléfono celular de Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa cuyo cuerpo sin vida fue hallado a mediados de septiembre a la vera de la Ruta Provincial N° 2, en cercanías de Laguna Paiva.
La audiencia de imputación se llevó a cabo en la mañana de este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, presidida por el juez penal Leandro Lazzarini. El fiscal de la causa, Alejandro Benítez, quien lleva adelante la investigación del crimen, acordó con la defensora pública Betina Dongo medidas alternativas a la prisión preventiva para los dos imputados.
En consecuencia, el magistrado Lazzarini dispuso la excarcelación de los hermanos, imponiéndoles una serie de restricciones. Entre ellas se destaca la obligación de presentarse mensualmente ante la comisaría de Monte Vera, su lugar de residencia, la necesidad de fijar un domicilio y la expresa prohibición de establecer cualquier tipo de contacto con la familia de la víctima, Damián Strada.
Los principales acusados del homicidio
En el marco de la investigación principal por el «homicidio triplemente calificado» de Damián Strada, la fiscalía ha imputado a Lourdes Nahir Tacundo, expareja de la víctima, y a su actual novio, Alessandro Juan Gabriel Roberts, como presuntos autores del crimen.
El «plan común» y la mecánica del crimen
La desaparición de Damián Strada fue denunciada el 14 de septiembre de 2023. Dos días después, su cuerpo sin vida fue encontrado en una zona de monte a la vera de la Ruta Provincial N°2, en las proximidades de Laguna Paiva. La autopsia forense reveló que la causa de muerte fue asfixia, y el cadáver presentaba evidentes signos de haber sido prendido fuego, además de tener un cinturón en el cuello.
Según la teoría de la fiscalía, liderada por Alejandro Benítez y con la adhesión del querellante Iván Carrión, Tacundo y Roberts habrían orquestado un «plan común». En este esquema, Strada fue llevado en su propia motocicleta hasta el lugar del hecho, donde habría sido víctima de una extorsión. Se le habría obligado a contactar a familiares, amigos y a su empleador para solicitar transferencias de dinero. Durante una de estas llamadas, la madre de Strada percibió una voz de desesperación en su hijo, lo que coincide con los hechos ocurridos en el sitio del asesinato.
El fiscal Benítez detalló en la audiencia de medidas cautelares que, al no lograrse las transferencias de dinero y, por ende, al no poder consumar el delito de extorsión, los acusados habrían decidido asesinar a Strada. Lo habrían ahorcado y, posteriormente, prendido fuego a su cuerpo en un intento de borrar huellas y lograr impunidad. «Lo mataron, sabemos quiénes y cuándo lo mataron, en qué horario, cómo y por qué», afirmó el fiscal en su momento, al solicitar la prisión preventiva de los principales sospechosos.
Las pruebas recolectadas incluyen un análisis del impacto de antenas de telecomunicaciones, que situó el teléfono de la víctima cerca del lugar donde fue hallado. Asimismo, se constató que Alessandro Juan Gabriel Roberts habría introducido su propio chip en el celular de Strada después del crimen para utilizarlo. Cámaras de seguridad de la zona también registraron el momento en que los imputados circularon con la víctima en su motocicleta rumbo al lugar del hecho, regresando luego solamente Tacundo y Roberts.
Con base en estos elementos, el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva sin plazos para Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts, quienes permanecen detenidos mientras la investigación sigue su curso.
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