Por primera vez en el décimo mes del año, no se registran subsidios nacionales destinados a abaratar las tarifas de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), cuya área de concesión abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano. Este dato, que implica «cero pesos» en lo que va de 2025 para la compañía, surge del Reporte de Tarifas y Subsidios correspondiente a octubre, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios (IIEP) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Para los habitantes del interior del país, esta noticia adquiere una lectura diametralmente opuesta a la que podría tener para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado el contexto de subsidios al transporte que aún se concentran en dicha región. La misma fuente había consignado una drástica reducción del 58% para Aysa en el mismo mes de 2024, señalando ahora la ausencia total de aportes.
El contraste con los subsidios al transporte del AMBA y su impacto federal
Mientras los fondos para Aysa se han anulado, el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios (IIEP) de la UBA y el Conicet evidencia una continuidad significativa en los subsidios al transporte público de pasajeros en el AMBA. Para los viajes en ómnibus, trenes y subtes de porteños y bonaerenses, se han destinado, en lo que va de 2025, la considerable suma de 5.568.644 millones de pesos reales (a valores de este mes).
Aunque esta cifra representa una reducción respecto a los 7.176.144 millones de pesos registrados en 2024, el aporte sigue siendo sustancial y explica, en buena medida, la disparidad en el costo del boleto de transporte en el resto del país. Un claro ejemplo de esta asimetría es la ciudad de Santa Fe, donde la tarifa del transporte público es la segunda más cara a nivel nacional, superada únicamente por la de Bariloche.
La privatización de Aysa: un activo con inversión estatal y atractivos para inversores
En este escenario, la Casa Rosada avanza con los preparativos para la privatización de Aysa. La operación cuenta con condiciones favorables para atraer inversores, no solo por desarrollarse en el mercado más concentrado del país, lo que tiende a reducir costos de operación y logística, sino también porque las inversiones más significativas ya fueron realizadas previamente por el Estado.
Entre 2006 y 2023, la cobertura de agua potable en el área de concesión de Aysa experimentó un notable crecimiento del 76% al 90%; en tanto, la cobertura de cloacas pasó del 57% al 75%, según diversas fuentes consultadas. Es crucial destacar que estas mejoras en infraestructura y servicio fueron posibles gracias a los aportes de todos los argentinos, beneficiando a un servicio que se presta exclusivamente a porteños y bonaerenses del conurbano.
No obstante, la distribución de estos servicios dentro de la principal mancha urbana de Argentina sigue siendo desigual, con una cobertura total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero una presencia de infraestructura extremadamente dispar en los distintos municipios del Gran Buenos Aires.
Antecedentes de la «reprivatización» de Aysa y sus paralelismos con el caso santafesino
La eventual privatización de Aysa se configura en realidad como una «reprivatización». Los antecedentes institucionales de la empresa se remontan a 1993, cuando las redes sanitarias de agua potable y recolección de aguas residuales fueron concesionadas a Aguas Argentinas S.A. Esa compañía, integrada por capitales franceses, compartió su origen y destino con Aguas Santafesinas S.A. en la provincia de Santa Fe. En ambos casos, se inició un proceso similar de privatización (noviembre de 1995 en Santa Fe) que culminó con sendas reestatizaciones ante el fracaso del esquema concesionario.
Dicho fracaso se debió a una combinación de factores, incluyendo el congelamiento de obligaciones contractuales durante el período de Convertibilidad y la acumulación de números en rojo tras su colapso. En esencia, no se estableció un canon para la explotación del servicio a cambio de la ampliación de las redes, y las ampliaciones prometidas se materializaron de forma limitada. Si bien hubo una suerte de «vidas paralelas» entre el proceso nacional y el provincial, el retiro de los inversores franceses y argentinos en Santa Fe fue anterior al de Buenos Aires.
Actualmente, la privatización de Aysa está bajo la órbita de Diego Chaher, mano derecha del asesor presidencial Santiago Caputo y titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esta agencia tiene a su cargo también otras privatizaciones estratégicas, como las de las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones vencieron el año pasado y se prorrogan nuevamente debido a las turbulencias políticas previas a los comicios del 26 de octubre.
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