El Gobierno de Santa Fe ha dado un paso fundamental hacia la modernización de su administración al aprobar el Decreto Provincial 2726/2025, que establece el «Protocolo para la Adopción y Uso de Tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito de la Administración Pública».
Este instrumento normativo, firmado por el Gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, sienta las bases para la integración ética y responsable de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las tareas gubernamentales de la provincia. El documento oficial se estructura en ocho artículos que detallan la implementación y el alcance de esta herramienta, complementado por un anexo que desarrolla un protocolo de diez puntos.
Definiciones clave para la implementación de la IA en la Administración Pública
El artículo 2° del decreto provincial proporciona diez definiciones esenciales para comprender el alcance del protocolo. Se define a la Inteligencia Artificial (IA) como «sistemas basados en máquinas que pueden, para un conjunto determinado de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales».
En tanto, la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) se conceptúa como «sistemas de IA cuyo propósito principal es la generación de contenido nuevo en formato de texto, imagen, audio, código u otros, a partir de patrones y estructuras de datos de entrenamiento».
El texto normativo también dedica especial atención a dos conceptos cruciales en el manejo de la IA: los «datos personales» y los «datos sensibles». Los datos personales se entienden como «la información referida a personas humanas determinadas o determinables», aclarando que una persona es determinable si puede ser identificada directa o indirectamente por elementos característicos de su identidad física, fisiológica, genética, biométrica, psíquica, económica, cultural, social o de otra índole. Por su parte, los datos sensibles se definen como «aquellos que se refieren a la esfera íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el mismo».
Entre los ejemplos de datos sensibles se enumeran el origen étnico, las creencias religiosas o políticas, la afiliación sindical, los datos de salud, discapacidad, orientación sexual, o datos genéticos y biométricos que puedan revelar aspectos adicionales potencialmente discriminatorios.
Quién controlará y aplicará el nuevo marco regulatorio
Los artículos 3 y 4 del decreto especifican el ámbito y la autoridad de aplicación del protocolo. La Secretaría de Tecnologías para la Gestión, dependiente del Gobierno de Santa Fe, ha sido designada como la oficina encargada de velar por la correcta implementación de esta normativa. Entre sus funciones principales se encuentran «dictar las normas aclaratorias, interpretativas y/o complementarias» que sean necesarias, así como «elaborar y publicar guías de buenas prácticas» para el uso de la IAG.
Además, esta secretaría será responsable de «promover y/o coordinar las instancias de capacitación obligatoria para el personal» y «evaluar periódicamente la pertinencia de este marco normativo y proponer las actualizaciones que resulten necesarias ante la evolución tecnológica» de estas herramientas.
Capacitación obligatoria y responsabilidad en el Uso de la IA Generativa
El decreto enfatiza la importancia de la capacitación y la responsabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa. Se establece que «será obligatoria la participación y aprobación de los programas de capacitación sobre el uso ético y responsable de la IAG para todos los agentes públicos que, por la naturaleza de sus funciones, utilicen estas herramientas».
Para tal fin, se «desarrollará e implementará un Plan Anual de Capacitación que incluirá tanto los aspectos técnicos de uso como los riesgos, principios éticos y el marco normativo aplicable». Esta medida busca fomentar una «cultura de uso crítico, responsable y reflexivo de la tecnología», promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las distintas áreas de la Administración Pública Provincial.
Consecuencias por el incumplimiento del protocolo de IA
El artículo séptimo del decreto subraya las implicancias de no acatar las directrices establecidas. Se especifica que «el incumplimiento de los deberes y la transgresión de las prohibiciones establecidas en el presente Decreto y su Anexo dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan». La imposición de estas sanciones estará sujeta a la «previa determinación de la gravedad de la falta y sustanciación del procedimiento disciplinario pertinente que garantice el debido proceso» para el agente público involucrado.
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