La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe agregó un capítulo a la vigente Ley del Árbol N° 13.836, estableciendo el programa «Santa Fe: Un millón de árboles». Esta iniciativa fija la meta de plantar un millón de ejemplares en un plazo de diez años, mediante un trabajo coordinado entre los distintos niveles estatales, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades y actores del sector privado.
El proyecto fue impulsado por el legislador socialista Rubén Galassi, quien fundamentó en el recinto la decisión de complementar la ley sancionada en 2018, que tuvo origen en el Poder Ejecutivo que entonces conducía el ex gobernador Miguel Lifschitz.
Objetivos centrales y alcance del programa de forestación provincial
El texto aprobado, que recibió el voto afirmativo de 41 de los 43 legisladores presentes, crea el programa «Santa Fe: Un millón de árboles» bajo la órbita de la autoridad de aplicación. Su finalidad es planificar y ejecutar la plantación y conservación de árboles en todo el territorio santafesino.
Los objetivos específicos incluyen incrementar la cantidad y mejorar la calidad del arbolado, reconociéndolo como un aporte fundamental para la conservación de la biodiversidad; fomentar la forestación en zonas urbanas, periurbanas y rurales; disminuir el impacto del estrés hídrico; y mitigar los efectos del cambio climático, mejorando la absorción de dióxido de carbono y reduciendo la temperatura en áreas urbanas.
Asimismo, busca fomentar la concientización y educación ambiental, potenciar la red de viveros forestales provinciales para el abastecimiento a municipios y comunas, y evaluar el impacto del arbolado mediante mediciones quinquenales de la captura de CO2, la reducción de temperatura y la tasa de supervivencia de los árboles.
Colaboración interinstitucional y modificaciones a la Ley del Árbol
El programa votado refuerza la vigente Ley del Árbol N° 13.836, que en 2018 declaró al arbolado como infraestructura ecológica y política de Estado. La reforma propuesta por el legislador Galassi modifica dos artículos de la normativa original, ampliando las atribuciones de la autoridad de aplicación para profundizar la coordinación con los municipios y comunas, y priorizar la utilización de especies nativas en los planes de forestación.
Además, se incorpora la elaboración de un plan de monitoreo que contempla evaluaciones periódicas sobre el estado de los árboles plantados y su impacto. Un nuevo capítulo añadido contempla la integración de programas como «un egresado, un árbol» dentro de esta propuesta integral. La iniciativa promueve el trabajo colaborativo entre el Gobierno provincial, los municipios y comunas, estamentos públicos como el INTA, referentes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y universidades.
Argumentos del legislador Galassi sobre el impacto ambiental y social
Durante su discurso en el recinto, Galassi enfatizó que «el cambio climático no es una hipótesis, es una realidad que vivimos cotidianamente que afecta el área urbana y productiva». El legislador destacó que plantar árboles mejora el hábitat y constituye una respuesta climática al calentamiento global al disminuir la temperatura, capturar CO2 e infiltrar agua. Añadió que, simultáneamente, brinda una respuesta al área urbana y productiva al proporcionar sombra, cortar vientos, reducir el ruido y proteger al ganado, entre otros beneficios tangibles.
También vinculó la propuesta con la reciente incorporación del derecho a la ciudad en la nueva Constitución de Santa Fe, señalando que «plantar un millón de árboles en diez años es exactamente eso: volver equitativo el acceso al verde, llevar arbolado donde hoy no lo hay, y usar la herramienta ambiental –el árbol– para mejorar la calidad del aire, regular temperatura, mejorar la calidad de suelo, albergar fauna o absorber ruidos».
Inversión y viabilidad económica del plan de forestación
En relación con los costos de la iniciativa, el legislador Galassi comparó la posibilidad de plantar 100 mil árboles con la inversión necesaria para la repavimentación de entre cuatro y cinco kilómetros de ruta.
«Bienvenidas las rutas y caminos porque son obras fundamentales en nuestra provincia, pero también hay que invertir en mejorar nuestro ambiente», consideró. Explicó que la inversión puede escalonarse y complementarse con el aporte de municipios, comunas, escuelas, empresas y organizaciones.
Como ejemplo de colaboración, mencionó la posibilidad de que establecimientos educativos con infraestructura adecuada produzcan plantines nativos. Razonó que «en Santa Fe existen 3.000 edificios educativos y casi 5.000 establecimientos. Si sólo el 10% se encarga de producir 100 plantines en el plazo de un año, tenemos entre 30 mil y 50 mil árboles para distribuir en la comunidad».
Antecedentes exitosos de programas de forestación en la región y el mundo
Galassi subrayó que existen antecedentes exitosos tanto en Argentina como a nivel global de políticas que se alinean con el programa «Un millón de árboles en diez años». Mencionó el Plan Reto Verde lanzado en 2019 por la Ciudad de México, con la meta de plantar más de 10 millones de árboles y plantas. Recordó que Bogotá (Colombia) se propuso 200 mil árboles y superó ampliamente esa cifra entre 2020 y 2023, con más de 670 mil ejemplares plantados.
Chile lleva adelante desde hace más de una década el Programa de Arborización y campañas como «Un chileno, un árbol», focalizadas en zonas urbanas y periurbanas, con entrega de ejemplares y asistencia técnica a los municipios. En el ámbito nacional, destacó la gestión del ex intendente de Rosario, Hermes Binner, quien inició la plantación de 150.000 árboles en cinco años, política continuada por administraciones posteriores como la de José Corral en Santa Fe y un plan integral de forestación urbana desarrollado en Córdoba.
Media sanción para el Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina
En otro orden de temas, la Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que establece el 28 de julio de cada año como el «Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina».
La iniciativa, impulsada por la legisladora Claudia Balagué del bloque Frente Amplio por la Soberanía, propone que esta fecha sea laborable y se conmemore con los actos oficiales correspondientes. La fecha elegida busca recordar el aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, confeccionado en el año 1520 por el cartógrafo sevillano Andrés de San Martín, integrante de la expedición española de Fernando de Magallanes.
La autora del proyecto señaló que «esta cartografía, evidencia decisiva del descubrimiento español de las Islas Malvinas, fue recuperada en el año 1982 en la Biblioteca Nacional de París, y permite establecer fehacientemente la pertenencia territorial de las Islas a la Nación Argentina«.
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