El gobernador Maximiliano Pullaro ha impulsado una reestructuración significativa en el esquema de la tarifa social de energía eléctrica de la provincia de Santa Fe. Mediante la firma del Decreto N° 2746, el mandatario delegó en los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, la facultad de establecer, aprobar y determinar los parámetros para el otorgamiento del régimen de beneficio de la tarifa social para usuarios de energía eléctrica.
Esta decisión incluye la potestad de fijar topes de consumo, la duración y las condiciones de renovación de dicho beneficio en todo el ámbito provincial.
Los funcionarios a cargo y sus nuevas facultades
Los ministros Gustavo Puccini, al frente de la cartera de Desarrollo Productivo, y Pablo Olivares, a cargo de Economía, asumen ahora la responsabilidad directa de diseñar y reglamentar el futuro de la tarifa social energética.
Entre sus atribuciones específicas se encuentra la determinación de los topes de consumo, la instrumentación de los parámetros para el otorgamiento del beneficio, la definición de la metodología de compensación económica a la Empresa Provincial de Energía (EPE) y la fijación de los cupos máximos de beneficiarios. Esta delegación busca agilizar y adaptar el sistema a la dinámica socioeconómica provincial.
Plazos y la situación actual de los beneficiarios
Si bien el Decreto N° 2746 no establece una fecha límite explícita para la presentación de los resultados de esta revisión, fuentes del gobierno santafesino anticiparon que las nuevas disposiciones estarían definidas antes de fin de año. Actualmente, la Empresa Provincial de Energía (EPE), la principal prestadora del servicio en Santa Fe, registra 182.796 usuarios que acceden al beneficio de la Tarifa Social.
Según datos de la propia EPE, de un total de 1.358.764 usuarios residenciales en la provincia, esos 182.796 se encuentran amparados por la Tarifa Social Provincial debido a situaciones de vulnerabilidad social, lo que subraya el carácter de servicio público esencial.
Los objetivos de la reforma y la depuración del padrón
La iniciativa gubernamental persigue un doble objetivo: reorganizar y actualizar el sistema de la tarifa social. Se ha señalado la necesidad de revisar los parámetros actuales, considerando que el consumo promedio de una familia tipo en la provincia (entre 800 y 1000 kW) es significativamente inferior al previsto por el decreto actualmente en vigencia. Además, se busca subsanar deficiencias en el padrón de beneficiarios. Tras un cruce de datos, se detectaron servicios a personas fallecidas o a través de prestanombres, lo que motivó el propósito de «limpiar el listado de beneficiarios del sistema».
El gobierno provincial insiste en la búsqueda de eficiencia en el uso de los subsidios, reconociendo la amplia demanda y la necesidad de asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, enfatizando que «lo que va en subsidios de tarifas a EPE lo ponemos entre todos los santafesinos».
Marco normativo y antecedentes de la Tarifa Social
La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro se enmarca en la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que reconoce la responsabilidad ineludible del Estado de remover obstáculos económicos y sociales para garantizar una vida digna y abordar la indigencia, la pobreza y la exclusión. A nivel específico, la Ley N° 10014, orgánica de la EPE, faculta al Poder Ejecutivo a fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, con la obligación de arbitrar los medios para cubrir las diferencias y compensar a la empresa.
En este contexto, la EPE ya había instituido sistemas de asistencia, como el Decreto N° 2683/02, que asistía a usuarios con dificultades para abonar sus facturas, y el Decreto N° 0449/11, que aprobó tarifas residenciales sociales específicas y estableció que el entonces Ministerio de Economía debía definir la metodología de compensación a la EPE y los cupos anuales de beneficiarios.
Razones detrás de la delegación de facultades
Los considerandos del nuevo decreto justifican la delegación de facultades en los ministros de Desarrollo Productivo y Economía debido a la «complejidad del universo de potenciales beneficiarios y la dinámica socioeconómica de la Provincia». Esta situación, se argumenta, «torna necesaria la implementación de un mecanismo ágil y coordinado» para determinar, aprobar y establecer el régimen y los parámetros de otorgamiento, duración y/o renovación del beneficio de la tarifa social de energía eléctrica.
La medida busca permitir una «adecuación constante a las necesidades de los usuarios y a las disponibilidades presupuestarias», aprovechando la órbita específica de ambos ministerios para la gestión de estos aspectos técnicos y económicos.
Implementación y comunicación de las nuevas disposiciones
Una vez que los ministros Gustavo Puccini y Pablo Olivares emitan la resolución con las nuevas disposiciones para la tarifa social, el Decreto N° 2746 establece un plazo de 48 horas para que sea comunicada al Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Este paso formal asegura la oficialización y el inicio de la implementación de las modificaciones en el sistema de subsidios energéticos en Santa Fe.
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