El debate en torno a las reformas tributaria y laboral, pilares del «Pacto de Mayo», se mantiene bajo un estricto hermetismo. Los actores involucrados, tanto del gobierno como de sectores políticos y económicos, guardan silencio sobre los borradores que definen la letra chica de estos proyectos.
Este secretismo genera fricciones, especialmente con la Confederación General del Trabajo (CGT), que reclama ser parte de las discusiones, mientras la Casa Rosada busca asegurar consistencia técnica y política antes de la presentación oficial de las iniciativas.
En este contexto de expectativa, el presidente Javier Milei salió el pasado jueves a desmentir categóricamente una supuesta eliminación del régimen del Monotributo. «Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas», afirmó en un medio radial, aunque sin negar por completo la posibilidad de que se realicen cambios profundos en el futuro.
Sus declaraciones surgieron en respuesta a interpretaciones que vinculan la política tributaria del gobierno con sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que la página 40 del acuerdo de Facilidades Extendidas con el organismo menciona la eliminación de este régimen.
Ante las acusaciones de haber cedido el diseño fiscal al FMI, el mandatario pidió «bajar un poco la ansiedad» y atribuyó la difusión de estas versiones a un intento de «ensuciar al Gobierno». Por ahora, las definiciones recaen en el Ministerio de Desregulación y en las secretarías de Trabajo y Legal y Técnica.
El monotributo bajo la lupa: Distorsiones y desafíos actuales
Especialistas económicos coinciden en la necesidad de una revisión profunda del Monotributo, aunque no en su eliminación. Damián Di Pace, reconocido analista, enfatizó que «es bienvenido el régimen que requiere mejoras, no su fin. Donde el papeleo domina, la economía se estanca; donde se simplifica, la economía respira», señalando la importancia de facilitar la actividad económica para las pequeñas y medianas empresas (PyME) y los emprendedores.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) profundizó en las «inequidades y distorsiones» que genera el Monotributo en su formato actual. Propone sustituirlo por un impuesto único a los ingresos personales que se aplique en igualdad de condiciones a asalariados y trabajadores independientes. El centro de estudios compara las cargas tributarias: un monotributista contribuye entre 5% y 8% de su ingreso bruto por jubilación, obra social, Ganancias e IVA.
En contraste, un asalariado formal afronta un 17% (11% jubilación, 3% obra social, 3% PAMI), más el Impuesto a las Ganancias si su salario es elevado. Los autónomos, por su parte, abonan una suma fija para jubilación (hasta $8.000, según la categoría), entre 5% y 35% por Ganancias y 21% de IVA, sin contar con cobertura de salud directamente del sistema.
La radiografía de los trabajadores y el flagelo de la informalidad
IDESA, con datos de la Secretaría de Trabajo y el INDEC, estima que en Argentina hay aproximadamente 6 millones de cuentapropistas. De ellos, solo el 6% son autónomos y el 34% están registrados en el Monotributo. Alarmantemente, el 60% restante opera en la informalidad, un dato que subraya la persistencia de este problema en el mercado laboral argentino.
Esta estadística revela que, a pesar de la simplicidad y el bajo costo relativo del Monotributo, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia opta por mantenerse al margen de la formalidad. Este fenómeno refuerza la advertencia de que cualquier modificación al régimen debe ser «cuidadosamente diseñada». De lo contrario, una reforma mal concebida podría generar un efecto contraproducente, intensificando aún más la informalidad en lugar de combatirla. El análisis de IDESA también destaca la complejidad y el alto costo del régimen de autónomos, que lo hace inalcanzable para una vasta mayoría de trabajadores independientes. Por lo tanto, la adecuación del sistema tributario y de seguridad social para este segmento debe considerar sus heterogéneas capacidades de pago.
Propuestas para una reforma integral: Hacia un impuesto único
Los expertos insisten en que el camino no es cerrar el Monotributo, sino reformularlo. Di Pace advierte que trasladar a los monotributistas al régimen de autónomos sería «anti-mipyme», dificultando la creación de nuevas empresas y desalentando la formalización. «Cada trámite simplificado es un nuevo emprendedor que se atreve a dar el salto a la formalidad», sostuvo, abogando por un Estado que facilite la actividad productiva.
IDESA propone una solución ambiciosa: la creación de un impuesto a los ingresos que unifique las cargas personales de seguridad social para asalariados, las contribuciones y el Impuesto a las Ganancias de autónomos, y el Monotributo. La idea es que todos los trabajadores, independientemente de su relación laboral, queden sujetos al mismo tributo, con un mínimo no imponible y alícuotas progresivas ajustadas al nivel de ingresos. Para preservar la simplicidad, especialmente para los independientes, la liquidación de este impuesto podría estar a cargo de la administración tributaria (AFIP) basándose en las facturas electrónicas emitidas por cada contribuyente.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el instituto sugiere establecer un monto mínimo de facturación por debajo del cual la adhesión sería voluntaria para pequeños comerciantes y proveedores de servicios. A partir de ese umbral, la inscripción se tornaría obligatoria, con liquidación automática también gestionada por la AFIP a partir de las facturas electrónicas.
La Asignación Universal por Hijo y el incentivo a la informalidad
Finalmente, IDESA resalta la urgencia de unificar el sistema de asignaciones por hijo, señalando la «enorme diferencia» entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Actualmente, un trabajador informal percibe un monto considerablemente mayor por cada hijo que un monotributista o un asalariado formal de bajos ingresos.
Esta disparidad no solo genera inequidad entre familias con ingresos similares, sino que, según el instituto, se convierte en un «poderoso incentivo a la informalidad». Por estos motivos, el diseño cuidadoso del nuevo esquema tributario y de seguridad social es crucial para evitar que, en lugar de reducirla, se intensifique la informalidad en el mercado laboral argentino.
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