El Ejecutivo municipal de Santa Fe remitió al Concejo Deliberante el Mensaje N° 37 (Expte: DE-1498-02084039-3), que propone una batería de modificaciones a la Ordenanza N° 12.991, la cual regula la actividad de las plataformas electrónicas de intermediación de transporte de personas por automóviles, comúnmente conocidas como apps de viajes, en la capital provincial.
El proyecto de ley lleva las firmas del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo. Sin embargo, fuentes de este medio confirmaron que la iniciativa aún no ha comenzado su discusión en las comisiones legislativas del Concejo.
Las razones de la propuesta municipal
Los fundamentos del mensaje municipal exponen la necesidad de «actualizar el marco normativo que regula la intermediación del transporte de personas mediante plataformas electrónicas», debido a las «dificultades advertidas en su implementación». El Ejecutivo capitalino señala que la estructura actual ha generado «circuitos administrativos difíciles de sostener, mecanismos de control de escasa eficacia y exigencias que no se corresponden con las condiciones efectivas en las que se desarrolla la actividad».
Esta situación, según la Municipalidad de Santa Fe, derivó en un «bajo nivel de adhesión al registro» por parte de las empresas y de los conductores que trabajan para ellas, lo que resultó en una «persistente informalidad en la prestación del servicio, sin que el municipio pudiera ejercer de manera efectiva sus facultades de fiscalización y control».
Objetivos del rediseño normativo
Ante este escenario, la Municipalidad busca un «rediseño normativo» que permita «ejercer un control directo y verificable sobre los prestadores del servicio, garantizando mayores niveles de formalidad, seguridad y trazabilidad». La propuesta apunta a fortalecer la potestad municipal de habilitación, control y fiscalización del transporte por plataformas, y a formalizar la actividad de los conductores locales, generando condiciones realistas para su incorporación al sistema regulado.
Además, el mensaje plantea homogeneizar los requisitos técnicos y de seguridad con los subsistemas existentes, evitando inequidades normativas, y asegurar condiciones de competencia leal y equidad entre los distintos modos de transporte regulado. En síntesis, el Ejecutivo aspira a modernizar el marco regulatorio vigente, equilibrando la innovación tecnológica con el control municipal para promover una movilidad urbana segura y al servicio de los usuarios y trabajadores del sector. Esta iniciativa, se espera, facilitaría la implementación y aplicación de la normativa por parte del Ejecutivo local.
Cambios en las obligaciones para las empresas intermediarias
Una de las principales propuestas modificatorias redefine a los intermediarios de transporte de personas por aplicaciones digitales como «aquellas personas humanas o jurídicas que ofrecen el uso de plataformas electrónicas para conectar a personas usuarias con conductores independientes». La ordenanza vigente (N° 12.991) hace mención a la figura exclusiva de «prestadores de servicios de transporte de personas registrados exclusivamente mediante plataformas electrónicas», como Uber, DiDi o Maxim.
El Artículo 8 del proyecto de ordenanza propone derogar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 y 21 de la Ordenanza N° 12.991. En la práctica, esto implicaría que las empresas intermediarias ya no estarían obligadas a inscribirse en un registro municipal específico, ni a constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Tampoco deberían designar un representante o apoderado con residencia permanente en la capital ni solicitar a cada conductor registrado la licencia profesional Clase D1, emitida por la Municipalidad.
Adicionalmente, se elimina la exigencia para las empresas de contar con pólizas de seguro vigentes que cubran la responsabilidad civil hacia terceros. No obstante, se mantiene la prohibición del traslado comercial, habitual y oneroso de personas mediante motovehículos, cualquiera sea el modo de concertación del viaje.
Requisitos para vehículos y conductores particulares
Otro cambio sustancial se refiere a la antigüedad de los vehículos. Mientras la normativa actual fija un límite de hasta siete años (diez para híbridos o eléctricos), el Ejecutivo propone extenderlo a diez años para vehículos convencionales y a doce años para híbridos o eléctricos, computándose la antigüedad al 31 de diciembre de cada año.
Entre los requisitos que se establecerían para los automóviles destinados al «servicio de transporte de personas por plataformas», la propuesta incluye: contar con Libre Multa Personal; ser unidades de cuatro puertas con una capacidad mínima de tres pasajeros (no pudiendo transportar más de cuatro). También deberán contar con Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente, estar radicados en la ciudad de Santa Fe y tener al día el pago de la patente automotor. La propuesta especifica que los vehículos deberán contar con «seguro obligatorio para automóviles, cuya cobertura deberá contemplar daños a terceros transportados», quedando esta responsabilidad a cargo de los particulares que presten el servicio.
En cuanto al modo de contratación de viajes, el mensaje del Ejecutivo ratifica que los conductores «solo podrán prestar servicio de transporte cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de una plataforma electrónica», prohibiendo «expresamente la toma de viaje en la modalidad de oferta pública en calle».
Modificaciones al Fondo de Movilidad
La iniciativa también prevé modificaciones en el Fondo de Movilidad, ya existente en la ordenanza vigente. De prosperar el mensaje del Ejecutivo, este fondo se integraría con los ingresos netos provenientes del Servicio de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y «toda otra fuente de financiamiento que se asigne en el futuro».
Los recursos del Fondo de Movilidad se destinarían prioritariamente a la asistencia económica al sistema de transporte público de pasajeros por colectivos, obras públicas o inversiones orientadas a la mejora de dicho sistema. Asimismo, cubrirían gastos relacionados con rampas, cruces seguros, veredas podotáctiles, demarcación de sendas peatonales y el sistema público de bicicletas, entre otros ítems vinculados a la movilidad urbana.
Estos cambios se presentan en línea con recientes flexibilizaciones aprobadas por el Concejo Deliberante para los servicios de taxis y remises en la capital provincial, información que fue oportunamente cubierta por El Litoral.
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