La justicia penal de Santa Fe avanza hacia el juicio oral contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y otros tres ex funcionarios por un presunto intento de fraude a la administración pública en la fallida licitación de armas para la Policía provincial. La maniobra, valuada en millones de dólares y frustrada en 2021, será debatida en una audiencia preliminar clave.
Próxima audiencia clave en la causa Saín
La justicia penal santafesina se apresta a realizar, los días 11 y 15 de diciembre, la audiencia preliminar en la investigación por un presunto direccionamiento y tentativa de fraude en la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe. La causa tiene como principal imputado al ex ministro de Seguridad Marcelo Fabián Saín, de 59 años, y también alcanza a otros tres ex funcionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, señalada como beneficiaria de la maniobra.
La investigación es impulsada por la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representada por los fiscales Ezequiel Hernández y Matías Broggi. En esta etapa, la provincia de Santa Fe actúa como único querellante a través de la Fiscalía de Estado. La audiencia estará a cargo del juez penal José Luis García Troiano y se desarrollará en la Sala 3 del subsuelo de tribunales.
Los acusados y los delitos imputados
Según la acusación presentada por el MPA en mayo de 2024, Marcelo Fabián Saín, el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro (57) y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas (53), habrían intervenido en un intento de direccionamiento del proceso licitatorio. A los tres ex funcionarios se les atribuye el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública.
En tanto, el ex jefe del Departamento D4 (Logística) de la policía, Marcelo Correa (51), llega a esta instancia judicial como partícipe necesario de la misma maniobra. La Fiscalía solicita 5 años de prisión para Saín; 4 años para Montenegro y Novas –los tres con la defensa a cargo del abogado Hernán Augusto Martínez–; y 3 años de prisión condicional para Correa, representado por el Dr. Diego González.
El presunto direccionamiento de la licitación
Para los investigadores, el plan de direccionamiento, iniciado en 2020, manejaba un presupuesto oficial que ascendía a 411 millones de pesos (equivalentes entonces a más de 17 millones de dólares). El paquete a adquirir incluía 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro, y 12 rifles de francotirador, todos de la marca IWI de fabricación israelí.
La empresa bajo la lupa
La empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante en Argentina de la marca israelí IWI, también se encuentra imputada como persona jurídica, una situación inédita para la provincia de Santa Fe. Se la acusa de participar activamente del intento de direccionamiento, y la Fiscalía solicita para ella una multa equivalente al doble del beneficio económico buscado, además de una inhabilitación para participar en licitaciones públicas durante 5 años.
El monto total de la oferta presentada por la empresa ascendía a 16.825.831,98 USD. La maniobra se habría gestado –siempre según la Fiscalía– a partir del 18 de mayo de 2020. De haberse concretado, el rédito a obtener hubiera sido de entre 2 y 8 millones de dólares, según los valores comparativos del rubro pistolas 9 mm ofrecidos por otras firmas en el mercado.
Suspensión de la compra de armas
La licitación para la compra de las armas finalmente fue suspendida el 1 de febrero de 2021. Esta decisión se tomó luego de la impugnación realizada por la empresa Bersa SA, a la que se sumaron objeciones de la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas provinciales.
La trama detrás de la firma imputada
La situación de Emprendimientos Grupo Patagónico añadió complejidad a la causa. Tras el fallecimiento de su propietario, Bernardo Fabián Menajovsky, la firma pasó a manos de su hija y luego fue vendida. La empresa no contaba con sede declarada ni empleados registrados, y su domicilio real figuraba en una vivienda familiar de Villa Crespo.
Además, había designado como representante legal a un abogado de apellido Scoponi, cuya posterior renuncia obligó a la justicia a postergar el primer intento de audiencia preliminar, programado para mediados de año. Actualmente, la titular registrada es una mujer de apellido Roldán, cuyo paradero se desconoce y sobre quien pesa una declaración de rebeldía dictada por el juez.
Lo que se definirá en la preliminar
Durante las jornadas del 11 y 15 de diciembre, la audiencia preliminar deberá resolver múltiples planteos técnicos presentados por las defensas de los imputados. El objetivo principal es determinar si la causa posee los elementos suficientes para avanzar a un juicio oral y público.
Para el MPA, los imputados intentaron beneficiar indebidamente a una empresa que, según pruebas secuestradas, incluso habría intervenido en la confección del pliego licitatorio. En caso de haberse concretado la operación, el perjuicio estimado para el Estado santafesino hubiera oscilado entre 2,3 y 8,2 millones de dólares solo en el rubro pistolas.
Cuatro años de investigación
La causa se inició en marzo de 2021 tras una denuncia radicada durante el gobierno de Omar Perotti y tuvo su primera imputación formal en abril de 2022. Cuatro años después de aquel inicio, la investigación ingresa a su etapa decisiva. La próxima semana, la Justicia deberá definir si los hechos llegarán finalmente a juicio para su juzgamiento.
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