El proyecto de Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsado por el Gobierno y que incluía sanciones a funcionarios por déficit fiscal, no pudo ser tratado este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa encontró un rechazo de plano de Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas, e incluso de bloques aliados como el PRO y la UCR, forzando el levantamiento de la sesión por falta de respaldo.
El levantamiento de la sesión en diputados por falta de respaldo
La Cámara de Diputados de la Nación levantó la sesión en la madrugada del jueves, dejando sin tratamiento la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. El proyecto, que había obtenido dictamen de comisión, no consiguió el respaldo suficiente y enfrentó una notoria merma de diputados nacionales presentes en el recinto, lo que impidió su debate. La solicitud para levantar la sesión fue realizada por la diputada nacional Silvana Giudici, de La Libertad Avanza.
Los principales ejes del proyecto de compromiso fiscal y monetario
El proyecto de ley buscaba establecer un marco de rigor institucional en la gestión económica. Entre sus puntos más destacados, prohibía expresamente la sanción de cualquier ley que careciera de financiamiento asegurado. Además, fijaba penas de prisión de uno a seis años para los funcionarios que aplicaran normas en violación a las disposiciones de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
En detalle, la iniciativa establecía:
- La prohibición de la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario.
- La facultad del Jefe de Gabinete de Ministros para adoptar medidas de ajuste durante la ejecución presupuestaria si se produjera una disminución de recursos o un incremento de gastos que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
- Cualquier ley que autorizara gastos no contemplados en el presupuesto general comenzaría a regir una vez que las partidas correspondientes fueran incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción.
- Se exceptuarían de esa obligación las leyes que aseguraran el financiamiento mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado.
- Todos los proyectos de ley, previo a su tratamiento en comisión, deberían contar con un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo. En el caso de iniciativas del Gobierno, este informe sería elaborado por el Ministerio de Economía, y para las legislativas, por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- Cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas en esta ley sería declarada nula.
El frontal rechazo de la oposición y las advertencias de aliados
La propuesta oficialista encontró un contundente rechazo por parte de diversos bloques opositores. Las bancadas de Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas se manifestaron en contra del proyecto. Incluso, la iniciativa recibió cuestionamientos de sectores aliados al Gobierno, como el PRO y la UCR, lo que evidenció la falta de un consenso amplio para su aprobación.
El diputado radical Lisandro Nieri reconoció la importancia de un «orden monetario y fiscal» y la necesidad de «dejarlo escrito», pero insistió en la importancia de «trabajar con más seriedad» y abogó por un «tiempo de trabajo más importante» para un proyecto de esta envergadura.
Las críticas sobre la división de poderes y las sanciones penales
Las objeciones de la oposición y parte de los aliados se centraron en aspectos técnicos y constitucionales. La diputada Karina Banfi fue enfática al señalar que el proyecto de Compromiso Fiscal «no respeta los principios básicos de la división de poderes», al «delegar atribuciones al Poder Ejecutivo que son propias del Congreso» y al «crear tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnico-jurídicos».
En la misma línea, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había reclamado previamente que la iniciativa fuera analizada también en la comisión de Legislación Penal, dado que incluía modificaciones al Código Penal, un aspecto que generó fuerte controversia desde su presentación.
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