La Fiscalía de Córdoba solicitó elevar a juicio la causa contra varios efectivos de la Policía provincial, imputados por encubrimiento y graves omisiones tras el asesinato de Valentino Blas Correas. El joven fue baleado durante un control vehicular en agosto de 2020, en la capital cordobesa, y los acusados habrían intentado desviar la investigación.
Elevación a juicio por el encubrimiento del crimen de Blas Correas
La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación de Córdoba solicitó la elevación a juicio oral contra once funcionarios públicos, entre ellos el ex ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. Los imputados enfrentan cargos por distintos delitos vinculados a las acciones y omisiones posteriores al asesinato de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020 durante un control policial.
Esta solicitud se presenta a cinco años del trágico suceso y se apoya en una investigación independiente. Este expediente se abrió luego de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que condenó previamente a los policías directamente responsables del homicidio. La nueva pesquisa apunta a determinar las responsabilidades de quienes ocupaban cargos clave dentro del Estado provincial al momento de los hechos.
Los once imputados por la maniobra de encubrimiento
La nómina de acusados incluye a ex autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Córdoba. Además de Alfonso Mosquera, están imputados Lucas Sebastián Mezzano, ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, y Gonzalo Leonardo Cumplido, ex comisario mayor y subdirector general de Seguridad de la Policía.
La acusación alcanza también a varios efectivos policiales que actuaron la madrugada del 6 de agosto de 2020, fecha en que Blas Correas fue baleado tras un control vehicular en la intersección de avenida Chacabuco y Corrientes. La Fiscalía considera que existieron conductas graves tanto en el momento del hecho como en las horas y días posteriores, con el objetivo de encubrir lo ocurrido y desviar la investigación.
Hechos concretos que se imputan
Tras concluir la pesquisa, la fiscalía resolvió impulsar el juicio oral por cinco hechos específicos:
- Abuso de autoridad y omisión de auxilio: Siete policías son acusados de abuso de autoridad. Se les imputa haber omitido brindar asistencia inmediata a la víctima tras el disparo y obstaculizado su traslado al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su muerte.
- Lesiones leves calificadas: Una oficial principal deberá responder por lesiones leves calificadas. Se la acusa de haber golpeado a una joven que viajaba en el vehículo junto a Blas Correas durante un palpado preventivo en el mismo operativo.
- Encubrimiento agravado por plantado de arma: Gonzalo Cumplido está imputado por encubrimiento agravado. Se le atribuye no haber denunciado el presunto «plantado» de un arma de fuego en la escena del crimen. La investigación sostiene que el entonces jefe policial estaba al tanto de la maniobra, cuya finalidad habría sido desviar la causa y proteger a los responsables directos del homicidio.
- Ofrecimiento de dádiva: Este hecho involucra al ex ministro Mosquera, acusado de haber ofrecido una dádiva. Lucas Sebastián Mezzano figura como partícipe necesario, y Gonzalo Leonardo Cumplido como receptor. La maniobra consistió en la entrega de un automóvil y el pago del seguro y combustible, todo en el contexto de las consecuencias institucionales que generó el caso de gatillo fácil.
- Acceso irregular a registros fílmicos: El último hecho por el que se solicita el juicio involucra al director del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía. Se lo acusa de haber autorizado el acceso irregular a registros fílmicos vinculados al homicidio, permitiendo que personal jerárquico visualizara las imágenes antes de que quedaran formalmente resguardadas por la autoridad judicial.
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