El Poder Ejecutivo de Santa Fe amplió, mediante decreto del 23 de diciembre, las partidas presupuestarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia por más de 129 mil millones de pesos. La medida responde a la necesidad de trasladar las políticas salariales del sector activo a los pasivos y de incorporar nuevos beneficiarios a la administración pública provincial.
Mediante el decreto Nro. 3287, emitido con fecha 23 de diciembre, el Poder Ejecutivo de Santa Fe formalizó una significativa ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. La medida implica un incremento de 129.046.652.000 pesos, recursos que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en un contexto de adecuaciones salariales.
Los fundamentos
Los considerandos del decreto detallan que los mayores ingresos previstos se derivan directamente de la aplicación de las políticas salariales dispuestas para el sector activo de la administración pública provincial durante el presente ejercicio. Esta correlación genera, a su vez, mayores erogaciones que implican el traslado de dichas políticas al sector pasivo. Adicionalmente, se contempló la incorporación de nuevos beneficios en los regímenes que administra la Caja. La normativa subraya la necesidad de adecuar el cálculo de recursos y erogaciones ante una mayor recaudación de fondos propios de libre disponibilidad, superando las proyecciones iniciales del presupuesto vigente. En este marco, se autoriza la ampliación de las partidas de erogaciones para el organismo previsional. Finalmente, se hace referencia a la adecuación de las partidas correspondientes a gastos en personal, en línea con las necesidades reales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en función de las erogaciones proyectadas al 31 de diciembre de 2025.
El aval de los organismos técnicos
El proceso que derivó en la ampliación presupuestaria contó con la intervención técnica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Caja de Jubilaciones. Tras un exhaustivo análisis, este organismo no formuló objeciones, al igual que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. La inexistencia de reparos por parte de ambas entidades habilitó la autorización final de la ampliación de partidas.
Las rúbricas ministeriales
El decreto lleva las firmas de los ministros provinciales Roald Báscolo, a cargo de la cartera de Trabajo, y Pablo Olivares, titular del área de Economía, refrendando así la decisión del Poder Ejecutivo.
En un expediente separado, también con fecha 23 de diciembre, el Poder Ejecutivo provincial promulgó, a través del decreto Nro. 3281, la Ley Nro. 14.429. Esta legislación representa una prórroga de carácter parcial de la Ley de Emergencia en materia de Seguridad Pública vigente en la provincia de Santa Fe.
El impacto de la normativa en el personal policial
La nueva norma, sancionada por la Legislatura provincial y ahora promulgada, reviste importancia fundamental para el estatus de un grupo de aproximadamente 86 uniformados. Se trata de policías retirados de la fuerza que, bajo el paraguas jurídico de la Ley de Emergencia, habían optado por reincorporarse a la institución. La prórroga les permite mantener su situación de personal activo, evitando su retorno a la condición de pasivos.
El historial de la ley
La Ley de Emergencia en materia de Seguridad Pública fue una iniciativa central impulsada por el gobierno provincial desde el inicio de la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro. Tras su entrada en vigor, se prorrogó automáticamente al cabo de un año, y su vencimiento estaba estipulado para el corriente mes de diciembre. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Seguridad consideraron que, si bien la norma ya no era indispensable para agilizar procedimientos administrativos vinculados a compras y licitaciones, su vigencia seguía siendo crucial para los aspectos relacionados con los recursos humanos, específicamente el mantenimiento en actividad del personal retirado reincorporado. Esta evaluación fue elevada desde el Ejecutivo a la Legislatura, que finalmente convalidó la propuesta de la prórroga parcial de la ley.
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