La Corte Suprema de Justicia de la Nación culminó 2025 con un volumen de actividad inédito desde su creación, consolidándose como un período de intensa labor institucional. Durante doce meses, el máximo tribunal resolvió más de 15 mil fallos y casi 29 mil causas, abordando expedientes de alto impacto social, político y económico que sentaron jurisprudencia en diversas materias.
Entre las decisiones más resonantes se destacaron la confirmación de condenas por corrupción, la fijación de estándares en derechos fundamentales y exhortaciones clave al Poder Legislativo.
El imperativo de nombrar un Defensor del Pueblo y legislar sobre procesos colectivos
En un llamado reiterado, la Corte Suprema volvió a exigir al Congreso de la Nación la designación de un Defensor del Pueblo, cargo que permanece vacante desde hace más de 15 años (y específicamente desde 2009, según referencias internas). Esta exhortación se produjo al cerrar una demanda contra el Estado Nacional que buscaba extender, mediante un amparo colectivo, los alcances del denominado «caso Badaro» a todos los jubilados y pensionados en situación similar.
El tribunal también instó a legislar sobre los procesos colectivos, señalando la necesidad de marcos normativos claros ante la imposibilidad de consultar al demandante en la Defensoría inactiva.
Fallos clave en casos de corrupción: Vialidad, Ruta del Dinero K y Cuadernos
La Corte Suprema dejó firmes condenas significativas en expedientes emblemáticos de corrupción. En la causa Vialidad, se confirmó la sentencia de seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, vinculada a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron unánimemente los argumentos de la defensa, aunque también dejaron firme su absolución por asociación ilícita.
El máximo tribunal sostuvo que «las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida […] sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente».
Asimismo, en la causa conocida mediáticamente como «Ruta del dinero K», la Corte ratificó la condena a diez años de prisión para el empresario Lázaro Báez, sus hijos y allegados, por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, provenientes de facturación ilegal. Este expediente incluyó multas y decomisos sin precedentes.
En el caso Cuadernos, además de rechazar decenas de recursos, la Corte Suprema hizo lugar al pedido de la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que había beneficiado a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, y a su mujer, Carolina Pochetti, investigados por lavado de dinero. El sobreseimiento, dictado en 2015 por el juez Luis Rodríguez, fue puesto en tela de juicio tras el escándalo «Panamá Papers» en 2016, que reveló propiedades de Muñoz en el exterior.
La Corte sienta precedentes sobre derechos individuales y responsabilidades estatales
El máximo tribunal dictó fallos trascendentales que delinean el alcance de derechos fundamentales y responsabilidades. En la causa por la Tragedia de Once, la Corte dejó firme la condena a cuatro años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas.
Un fallo clave favoreció a las herederas de la actriz Beatriz Salomón, quien denunció violación a su intimidad tras un informe periodístico sobre su entonces marido. La resolución fijó estándares para balancear los derechos de libertad de expresión, interés público y derecho a la intimidad, concluyendo que «las escenas sexuales del esposo de la actora exhibidas en la cámara oculta resultaron ajenas a la actividad por la cual ella […] adquirió notoriedad y carecían de interés general».
En un caso de mala praxis, la Corte ordenó elevar la indemnización para los padres de una niña que sufrió parálisis cerebral al nacer, haciendo lugar a los reclamos por daño moral y lucro cesante, y revocando una resolución de la Cámara Civil.
Criterios sobre tributación y funcionamiento de concesiones
La Corte Suprema puso fin a los intentos del empresario Pablo Otero, conocido mediáticamente como «el Señor del Tabaco», en sus reclamos contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos. El fallo declaró la validez constitucional de dichos impuestos, con un fin impositivo-recaudatorio y extrafiscal fundamentado en la salud pública. Con esta decisión, el empresario fue obligado a pagar al ARCA (ex AFIP) los millones de pesos que había logrado evitar tributar durante años.
Por unanimidad, el máximo tribunal también dejó sin efecto una medida cautelar clave que permitía el funcionamiento del Casino Flotante sin contrato vigente. La Corte revocó la cautelar que autorizaba a Casinos de Buenos Aires SA a explotar los barcos casino ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’ más allá de los plazos de la concesión, instando a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a remitir el expediente principal para resolver la cuestión de fondo sobre la continuidad de su funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Constitución local prohíbe las salas de juego privadas.
Jurisprudencia ambiental: protección de ecosistemas y responsabilidad empresaria
En materia ambiental, la Corte Suprema dictó importantes condenas. Sancionó al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy por la contaminación del Parque Nacional Calilegua, afirmando que «la continuación de la explotación hidrocarburífera resulta manifiestamente ilegal, razón por la cual debe cesar».
Asimismo, emitió condenas contra el Estado Nacional, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y la empresa Rosario Victoria por la quema de pastizales frente al Delta del Paraná.
Sin embargo, rechazó una medida cautelar impulsada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra YPF SA y un grupo de empresas por supuestos «incidentes ambientales en la Cuenca Neuquina» (Vaca Muerta), argumentando que la agrupación no demostró daños concretos que justificaran la solicitud ni pudo localizar con claridad los hechos contaminantes.
Delitos sexuales y prisiones preventivas: límites a la acción penal y garantías procesales
En un fallo controvertido, la Corte sostuvo que, pese a su aberración, los abusos sexuales no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. De este modo, declaró prescriptas las acusaciones penales que un grupo de jóvenes formuló, casi dos décadas después, contra el sacerdote José Ilarraz por abusos sexuales cuando eran menores. La sentencia señaló que el delito de abuso sexual de menores prevé un lapso máximo de 12 años para la prescripción, y los hechos imputados a Ilarraz ocurrieron entre 1988 y 1992, es decir, más de 19 años antes de la denuncia y 31 años antes del dictado de la sentencia.
En un pronunciamiento relacionado con las prisiones preventivas, la Corte instó a los tribunales inferiores a justificar las prolongadas detenciones provisionales en causas de lesa humanidad. Advirtió que para extender un encierro preventivo «es necesario acreditar, mediante indicios concretos» la existencia de peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación. El máximo tribunal subrayó que, por más «aberrantes» que sean los hechos juzgados, «un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto».
Decisiones sobre movilidad jubilatoria y autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En materia previsional, la Corte revocó una sentencia de la Cámara Federal de Seguridad Social y confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2017. El tribunal ratificó que la Constitución Nacional garantiza la movilidad de jubilaciones y pensiones, pero aclaró que no «preconiza» un único sistema para hacerla efectiva, dejando a los legisladores la potestad de elegir el mejor método.
En el marco de la causa Levinas II, la Corte ratificó su criterio de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) es el «superior tribunal de la causa» para los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión reafirma la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad federada y su capacidad de contar con un poder judicial propio.
Acceso a información fiscal y límites a la libertad de expresión
La Corte Suprema rechazó la pretensión de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de acceder a datos de la ex AFIP (hoy ARCA) a través de pedidos de acceso a la información. El máximo tribunal consideró que los datos solicitados violaban el secreto fiscal o excedían la información pública que podía suministrar el organismo, señalando que la ampliación de excepciones al secreto fiscal es un problema de política legislativa que compete solo al Congreso Nacional.
Finalmente, en un caso que involucraba a la conductora Mirtha Legrand, la Corte reafirmó el derecho a la libertad de expresión al rechazar una demanda por daños y perjuicios. La demanda se originó por la cobertura televisiva de una investigación sobre la desaparición de un bebé en Mar del Plata. Siguiendo el dictamen de la Procuración General, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti afirmaron que lo sucedido en el programa se enmarcó en «el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión y justifica cierta intromisión en la vida privada».
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