Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), la sociedad anónima de capitales provinciales y municipales que recientemente renovó su vínculo contractual con el Estado santafesino, ha intensificado sus operativos de cobro en la capital provincial.
La medida incluye la interrupción del servicio a cincuenta industrias y comercios, así como la reducción del suministro de agua potable para 143 viviendas ubicadas en zonas de alto valor inmobiliario de la ciudad de Santa Fe. Estas acciones se enmarcan en un contexto de sostenido incremento de la morosidad que afecta a la prestataria.
El incremento de la morosidad en Assa
Según los registros de la empresa, durante los últimos tres años, la morosidad experimentó un ascenso del 14% al 18%. Esta tendencia implica que, si en 2022 el nivel de cumplimiento en el pago de facturas por parte de los diversos usuarios –residenciales, industriales y comerciales– alcanzaba el 86%, actualmente ese porcentaje se ha contraído al 82%.
Este panorama, aunque por el momento no ha dañado el equilibrio entre ingresos y egresos de la compañía, llevó a la proveedora de agua potable y cloacas a implementar estrategias activas de recupero de fondos.
Operativos de recupero de fondos
Frente a este escenario, la proveedora de servicios de agua potable y cloacas en los principales centros urbanos de la provincia ha dispuesto la intensificación de las acciones de recupero. Durante la presente semana, se concretaron las intimaciones correspondientes a 143 hogares y 52 industrias y comercios en la ciudad de Santa Fe.
Los procedimientos contemplan la reducción del caudal de agua suministrado para los usuarios residenciales y el corte total del servicio para las unidades industriales y comerciales.
Los criterios de aplicación y la situación de los deudores
Darío Boscarol, miembro del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), confirmó el inicio de estos operativos en la ciudad de Santa Fe, destacando la aplicación de criterios específicos. Boscarol precisó que, de un universo de mil casos residenciales identificados como «pasibles» de intimación, las acciones se concentraron exclusivamente en aquellos correspondientes a sectores de altos ingresos, previa verificación de que no se tratara de domicilios ocupados por personas de bajos recursos o jubilados con ingresos reducidos.
Los usuarios residenciales intimados registran deudas que superan el año de facturación, con montos que oscilan «desde los 170 mil pesos al millón o más». El funcionario enfatizó que «todos deben por lo menos 12 meses de agua y cloacas y les estamos aplicando el procedimiento a quienes pueden sin dudas pagar».
Asimismo, Boscarol explicó que la empresa segmenta a los usuarios residenciales en cinco categorías, y que las actuales medidas se aplican a los hogares clasificados con los mejores ingresos y mayor valor de sus propiedades.
Equidad distributiva y el equilibrio financiero de Assa
En sus declaraciones, Darío Boscarol también aludió al principio de equidad distributiva, señalando que «no se ha pagado en estos casos el servicio que en la zona céntrica tiene buenas condiciones y presión y mientras tanto deben pagarlo también quienes sabemos que no gozan de las mismas características en su servicio, en los extremos de la red de distribución hay problemas de presión sobre todo en verano».
El funcionario subrayó la necesidad de que los ingresos cubran los gastos operativos de la compañía. Advirtió que, de no revertirse la situación de incumplimiento, «vamos a tener que aumentar tarifas y es lo que no queremos hacer». Pese a este panorama, Boscarol aseguró que el equilibrio financiero se mantiene, confirmando que la empresa no registra «déficit operativo» en los últimos 4 meses.
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