La Corte Suprema de Justicia de la Nación se posicionó como actor clave en la agenda política nacional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo criterios de constitucionalidad ante avances del Poder Ejecutivo, operando el último año con solo tres miembros tras controvertidas designaciones. Para 2026, la agenda del máximo tribunal incluye importantes reclamos de las provincias, como Santa Fe, y una fuerte expectativa por la definición de su rol institucional en el actual contexto político.

El año 2025 posicionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el epicentro de la agenda pública argentina, marcada por resoluciones judiciales de gran trascendencia, pronunciamientos mesurados de sus ministros y una fuerte controversia en torno a designaciones sin el debido acuerdo parlamentario. A este complejo escenario institucional se sumó un descubrimiento inesperado de material vinculado al nazismo en los archivos del tribunal, un hallazgo de significativa relevancia histórica global.

Qué decisión final tomó la corte en la causa Vialidad

En junio, la Corte Suprema dejó firme la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificando una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta determinación, adoptada por el pleno del máximo tribunal, reavivó un intenso debate político y social sobre la administración de justicia en casos de corrupción de alto perfil. La decisión habilitó también discusiones colaterales vinculadas a las modalidades de cumplimiento efectivo de la pena.

Cómo se pronunció la corte sobre la libertad de expresión

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en declaraciones a medios nacionales, enfatizó la imperiosa necesidad de resguardar la independencia judicial y la protección de las garantías constitucionales. Rosatti afirmó que el tribunal «defiende la libertad de expresión y las garantías individuales sin oponerse a los otros poderes del Estado». Estos conceptos cobraron particular relieve tras un debate de fondo generado por la prohibición de la difusión de audios de Karina Milei, mediante una cautelar de alcance indeterminado. La posterior y contundente jurisprudencia del Máximo Tribunal en defensa de la libertad de expresión, sumada a los firmes pronunciamientos de entidades periodísticas y del mundo del derecho, sentó un precedente que culminó con el levantamiento de la mencionada cautelar.

Qué controversia generaron las designaciones sin acuerdo del Senado

La tensión institucional alcanzó un pico en febrero, cuando el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte sin el requerido acuerdo parlamentario. Esta medida, inusual en contextos democráticos, generó un fuerte rechazo en el Senado, que finalmente desestimó sus pliegos. La polémica derivó en la interposición de recursos judiciales y en agudos cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida y el equilibrio de poderes. Si bien Lijo nunca llegó a asumir –la propia Corte demoró su asunción, condicionándola a su previa renuncia a la Justicia Federal, lo cual no ocurrió–, García-Mansilla sí lo hizo, participando en una reunión de Acuerdo y firmando decisorios del tribunal. Tras el rechazo explícito del Senado, se retiró discretamente de su cargo.

En este marco, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, planteó públicamente la necesidad de completar la integración del tribunal bajo criterios de diversidad de género y representación. A su vez, rechazó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera calificada como «presa política», defendiendo con vehemencia el rol autónomo del Poder Judicial. Lorenzetti, a quien se le atribuye haber impulsado la candidatura de Lijo, mantuvo durante el año una dura interna con los otros dos miembros de la Corte. Este enfrentamiento, que se arrastra desde hace varios años y se hizo público a fines de 2024 por cuestiones organizativas internas y en el contexto de la salida de Juan Carlos Maqueda, no impidió el normal desarrollo de la tarea jurisdiccional. La unanimidad de los tres jueces se volvió obligatoria para compensar los dos cargos vacantes y evitar la necesidad de recurrir a conjueces.

La Corte Suprema continuó recepcionando y acumulando una serie de reclamos de distintas provincias contra el Estado nacional, principalmente por cuestiones previsionales, distribución de recursos y recortes de fondos. Entre ellos, destaca el que sostiene la provincia de Santa Fe por el pago de la deuda previsional acumulada y la remisión periódica de fondos. Además, el Alto Tribunal deberá sentar criterio definitivo sobre las reformas impulsadas por el gobierno nacional, muchas de las cuales han sido objetadas e incluso ya cuentan con pronunciamientos en contra en sede judicial. Esto incluye al DNU 70/2023, para el cual, según confirmó el propio Horacio Rosatti en recientes declaraciones, se aguarda la culminación del trámite constitucional en el parlamento. Similar escenario se proyecta para la Ley Bases y sus futuras derivaciones. Rosatti, además de insistir en la necesidad de cubrir las vacantes en el fuero federal y ratificar la independencia absoluta del Poder Judicial («solo miro la ley y la Constitución»), formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía. También recordó el carácter «difuso» del control de constitucionalidad, que faculta a cualquier magistrado a expedirse sobre cuestiones como la reforma laboral, más allá de la posterior revisión por órganos superiores, pronosticando un 2026 de expedientes agitados.

Qué descubrimiento histórico se realizó en el palacio de tribunales

En un hecho insólito y de profundo impacto histórico, la Corte Suprema fue escenario de un hallazgo trascendente en mayo de 2025. Funcionarios judiciales, encargados de trasladar documentación para la creación de un Museo Institucional del tribunal, encontraron cajas con material vinculado al nazismo en el subsuelo del Palacio de Tribunales. La Corte informó que estas cajas, «que habían estado olvidadas desde 1941«, contienen documentos de propaganda nazi, libretas con esvásticas, fotografías y pasaportes directamente relacionados con el régimen de Adolf Hitler. Horacio Rosatti lideró la apertura formal de las cajas ante la presencia de autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y representantes de la comunidad judía, subrayando la importancia de preservar y analizar el contenido para aportar información histórica sobre el Holocausto y las redes de propaganda en Sudamérica. Este material, junto con el recordatorio de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares que también marcó el año, no solo remite a complejos episodios de la historia argentina y mundial, sino que también posiciona a la Corte en un rol activo en la preservación de la memoria histórica, abriendo nuevas interrogantes sobre el pasado y su interpretación contemporánea. Las discusiones sobre el equilibrio de poderes y la composición del tribunal seguirán definiendo la agenda pública y jurídica en los próximos meses.


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