El Congreso Nacional tiene en agenda el tratamiento de la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares para los primeros días de febrero, cumpliendo con el temario prioritario impulsado por el Poder Ejecutivo. Por su complejidad, la reforma del Código Penal, también propuesta por el Presidente en diciembre, quedó postergada y no se espera su debate antes de marzo.
Tras la culminación del año 2025, que marcó la mitad del mandato del presidente Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo nacional, el panorama legislativo anticipa una intensa actividad para la segunda parte del verano. Enero, lejos de ser un mes de receso, se perfila como un período de febril negociación política en el Congreso de la Nación. Con la aprobación del Presupuesto 2026 ya consolidada en las sesiones extraordinarias de diciembre, el Gobierno nacional tiene como objetivo reanudar el debate parlamentario a principios de febrero, concentrándose en la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. De lograr este cometido, la gestión llegaría al 1º de marzo, fecha de inicio del período ordinario de sesiones, con varias metas prioritarias cumplidas de las que se propuso al convocar a extraordinarias a partir del 10 de diciembre. Cabe destacar que, en el último mes de 2025, también se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal.
La reforma laboral: prioridades del oficialismo y resistencias sindicales
En el ámbito laboral, las modificaciones que impulsa la Casa Rosada encuentran fuerte resistencia en el sindicalismo. La flamante senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Patricia Bullrich, se erige como la principal referente del oficialismo en esta discusión. Si bien el texto inició su tratamiento en las comisiones pertinentes, en diciembre no se lograron asegurar los números para que el proyecto obtuviera la media sanción, lo que posterga su discusión y, muy probablemente, augura conflictos con la oposición y los gremios. Entre los cambios propuestos por el oficialismo, que cuenta con el apoyo de bloques aliados, se destaca la ampliación de los servicios considerados esenciales, lo que implicaría una restricción al derecho a huelga. Asimismo, se plantea la creación de un banco de horas para acumular horas extras, utilizables por el empleado para compensar con días libres o jornadas reducidas, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y modificaciones sustanciales en el régimen de indemnizaciones.
El debate por la ley de glaciares gana terreno en el Senado
El otro proyecto con dictamen de comisión que podría ser debatido en febrero es el de modificación a la Ley de Glaciares. Voces del oficialismo en la Cámara alta señalan que el texto «está más avanzado» y es «mucho menos conflictivo» que la reforma laboral, considerándolo «algo impulsado originalmente por las cinco provincias mineras».
Polémica por la Agencia Nacional de Discapacidad
Aunque las agendas oficiales de la Cámara de Diputados y el Senado no registren actividades ni reuniones de comisión, el debate político no cesó con el cierre del año. El anuncio realizado por el Jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su reubicación en la órbita del Ministerio de Salud, generó un rosario de críticas que se espera continúen en el nuevo año. Representantes de diversos bloques como Germán Martínez (Unión por la Patria – UxP), Mónica Frade (Coalición Cívica – CC), el socialista Esteban Paulón y Pablo Juliano (Provincias Unidas), se pronunciaron en esa línea, recordando la existencia de una investigación en curso por supuestas irregularidades y coimas en el organismo durante la actual gestión nacional, ahora disuelta.
A esta situación se añade la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el Gobierno, ratificada por ambas cámaras y, finalmente, decidida su no aplicación por la Nación. El sector de la discapacidad ha enfrentado un año difícil, realizando diversas movilizaciones para reclamar por la falta de actualización de montos de pensiones y prestaciones. Según datos de Chequeado.com, en 2025 el Gobierno inició un proceso de revisión de las pensiones por discapacidad, lo que derivó en la suspensión de más de 100 mil beneficios.
Se recuerda la imagen de Adorni en conferencia de prensa, exhibiendo la radiografía de la cola de un perro que, según el vocero, había permitido el otorgamiento de una pensión por discapacidad. Esta fue una de las «pruebas» presentadas por el Gobierno para justificar la baja de un considerable número de pensiones, aunque luego se supo que dicha pensión nunca había sido otorgada. Chequeado.com también rememora que «en octubre de 2025 el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial».
Además, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que «en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023».
La reforma del Código Penal, pospuesta para marzo
Finalmente, la reforma del Código Penal, que estaba incluida en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, no será tratada antes de marzo. La extensión y complejidad del proyecto justifican su postergación. La propuesta oficial promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevas figuras delictivas, como el cibercrimen con inteligencia artificial, además de una baja en la edad de imputabilidad.
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