A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuyo deceso fue declarado homicidio y se vincula a su investigación sobre el atentado a la AMIA y el polémico Memorándum con Irán, la Justicia argentina avanza en frentes clave. Actualmente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará un juicio oral por encubrimiento agravado a raíz de ese pacto, mientras que un histórico juicio en ausencia se prepara para juzgar a Irán y Hezbollah como responsables del ataque terrorista de 1994 en Buenos Aires.
El próximo domingo 18 se conmemoran once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado sin vida en su departamento pocos días antes de su prevista presentación ante el Congreso de la Nación. Su objetivo era informar sobre la investigación relacionada con el memorándum suscrito con Irán, en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.
Según Nisman, dicho acuerdo, firmado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, constituía una maniobra para encubrir a los responsables del ataque terrorista perpetrado en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
La causa judicial por el atentado aún no ha sido resuelta, y no se ha logrado concretar un juicio con la presencia física de los principales acusados. No obstante, existen importantes avances procesales que posibilitan un juicio en ausencia, y una creciente presión internacional y judicial insta al Estado argentino a concluir una investigación que suma más de 31 años sin una resolución plena.
La muerte de Nisman
El año pasado, los fiscales a cargo del caso publicaron un informe, en el marco del juicio en curso, donde confirmaron su hipótesis de que Nisman fue asesinado por intentar exponer el papel del Gobierno argentino en el encubrimiento del atentado.
«El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio», afirma el informe de 56 páginas, publicado en el sitio web de la Procuración General de la Nación (fiscales.gob.ar). La publicación añade: «Su muerte estuvo motivada por su trabajo en la Unidad Especial de Investigación AMIA y, específicamente, por sus acciones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán«.
En 2006, Nisman acusó formalmente a Irán de orquestar el ataque y a su representante terrorista libanés, Hezbolá, de perpetrarlo. Nueve años después, imputó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de intentar encubrir el crimen y de bloquear los esfuerzos para extraditar a los sospechosos a cambio de petróleo iraní.
Un día antes de su prevista presentación ante el Congreso para aportar pruebas que respaldaran sus acusaciones contra Kirchner y varios de sus colegas, Nisman fue hallado muerto en su departamento, con una herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado.
Una investigación oficial sobre su muerte concluyó inicialmente que el fiscal se había suicidado. Sin embargo, la Justicia federal revirtió más tarde esa decisión, afirmando que la herida de bala no pudo haber sido autoinfligida. Las investigaciones prosiguen para identificar tanto a quienes ejecutaron el hecho como a quienes lo ordenaron, sin avances determinantes hasta el momento.
El Memorándum con Irán
El memorándum, objeto de la denuncia de Nisman, fue un pacto secreto firmado en 2013 por el Gobierno en Alepo (Siria) y revelado por el periodista ya fallecido Pepe Eliaschev. En sus nueve puntos, preveía la creación de una Comisión de la Verdad para analizar la causa y la posibilidad de interrogar a los iraníes sospechosos del atentado, quienes poseen una notificación roja de Interpol.
El Congreso argentino aprobó el pacto; sin embargo, el fiscal Nisman, con evidencias de escuchas telefónicas sobre los acusados, sostuvo que era una maniobra para encubrir el atentado, levantar los pedidos de captura de Interpol y favorecer a los iraníes, a quienes se dejaría de perseguir. Por ello, denunció a Cristina Kirchner.
La postura oficial del Gobierno de entonces sostenía que, en términos políticos y jurídicos, el memorándum con Irán constituía una herramienta legítima de cooperación judicial, que no benefició a los imputados iraníes, no afectó la Causa AMIA ni las alertas de Interpol, y que buscaba romper la parálisis de la investigación, no encubrirla.
Cristina Kirchner había sido beneficiada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, que la sobreseyó al estimar que los hechos que motivaron la causa no constituían delito. Esta sentencia fue apelada por los fiscales, y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a las impugnaciones y revocó la decisión. Cristina apeló ante la Corte Suprema, la cual, con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese planteo en noviembre de 2024 y ordenó que se lleve adelante el juicio oral.
El proceso judicial será por el delito de encubrimiento agravado (y posiblemente otros accesorios) debido a la firma del Memorándum con Irán. Nisman sostenía que el acuerdo habría buscado «bajar» las alertas rojas de Interpol contra iraníes acusados del atentado a la AMIA, con el presunto objetivo de obtener beneficios para ese país y entorpecer la investigación.
La causa aún no tiene fecha fijada, aunque ya cuenta con un Tribunal conformado por Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, quienes a mediados del año pasado solicitaron recursos para llevar adelante el proceso. Dos de los magistrados —Basso y Giménez Uriburu— ya condenaron a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad a seis años de prisión. Basso votó en disidencia, pretendiendo condenarla también por asociación ilícita. La defensa de la expresidenta recusó a los tres, pero el planteo fue rechazado.
Entre los acusados, además de Cristina, se encuentran Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
El atentado a la AMIA
Por su parte, en junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal AMIA para aplicar la nueva legislación que habilita juicios en ausencia contra imputados prófugos en casos de delitos graves, como terrorismo o crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, dispuso avanzar con el proceso oral sin la presencia física de los acusados.
Los 10 sospechosos que serán juzgados incluyen exministros y diplomáticos iraníes y libaneses, todos ellos con órdenes de arresto internacional emitidas por Argentina por su presunta participación en el ataque terrorista.
El fiscal principal Sebastián Basso —quien asumió el caso tras la muerte de Nisman— también solicitó a Rafecas que emita órdenes de arresto nacionales e internacionales contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, por su presunta implicación en el ataque. Esta acción legal marca un cambio significativo respecto a la postura anterior de Argentina en el caso, bajo la cual el líder iraní era considerado con inmunidad diplomática.
Según consigna el semanario judío Algemeiner en una reseña a propósito del nuevo aniversario, desde 2006 las autoridades argentinas han buscado la detención de ocho iraníes —incluido el expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, fallecido en 2017—. No obstante, más de tres décadas después de la explosión mortal, todos los sospechosos siguen prófugos.
A pesar de la creencia de Argentina de que el grupo terrorista libanés Hezbolá llevó a cabo el ataque a pedido de Irán, el atentado de 1994 nunca fue reivindicado oficialmente ni resuelto en términos judiciales.
Asimismo, en 2024, la Cámara de Casación Penal dictaminó que el ataque fue «organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, dentro del marco de la Yihad Islámica«, y que Hezbolá actuó como respuesta a «un diseño político y estratégico» de las autoridades iraníes. También determinó que Irán fue responsable del atentado con camión bomba contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos.
No obstante, Teherán ha negado consistentemente cualquier implicación en estos ataques y se ha negado a arrestar o extraditar a sospechosos, destaca Algemeiner. Y deja constancia de que «hasta hoy, la prolongada investigación sobre el atentado terrorista ha estado marcada por alegaciones de manipulación de testigos, alteración de pruebas, encubrimientos y juicios anulados».
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