Luis Alejandro Sosa Rey, un hombre de 45 años, quedó este lunes con prisión preventiva en Santa Fe, imputado por extorsión. Se lo acusa de exigir, junto a su pareja, reiterados pagos a un peluquero de 70 años a cambio de no dañar a su familia ni su reputación. La Fiscalía describió la situación como una «dinámica diaria de persecución psicológica» y «temor constante» para la víctima.
Prisión preventiva por extorsión
La jueza en lo Penal, Rosana Carrara, dispuso este lunes la prisión preventiva para Luis Alejandro Sosa Rey, de 45 años, quien se encontraba aprehendido desde la semana pasada. Sosa Rey está imputado por el delito de extorsión, al igual que su coimputada, María Laura V., de 48 años. Ambos son investigados en el marco de una denuncia radicada el 25 de noviembre de 2025 por un peluquero santafesino de 70 años y su entorno familiar.
El inicio de la trama extorsiva
La investigación, a cargo del fiscal de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Lascurain, se remonta a agosto de 2025. Tras cuatro años de ausencia, María Laura V. volvió a contactar al estilista, con quien había mantenido una relación personal previa. Sin embargo, el vínculo retomado no era de índole sentimental, sino que se centró en aprietes económicos.
Según la acusación, la mujer le manifestó al estilista que se encontraba en pareja con una persona a quien describió como violenta, vinculada a actividades criminales y sicario. Si bien el hombre intentó inicialmente desestimar la situación, «comenzó a sentir las amenazas de manera directa e indirecta». La maniobra consistía en la exigencia de entregas diarias de $ 50.000 a cambio de no sufrir afectaciones. En forma directa, la mujer lo amenazó con denunciarlo por violencia de género si no realizaba el aporte económico exigido.
Escalada de las intimidaciones
Con el correr de los días, las intimidaciones se incrementaron. Amenazaron con atacar su negocio de peluquería, le hicieron saber que él mismo corría riesgos e incluso mencionaron conocer el paradero de su hija y de sus nietos, elevando el nivel de alerta y sometimiento de la víctima.
Según la investigación, María Laura V. habría sido quien proporcionó a Sosa Rey —su entonces pareja— los datos personales y domiciliarios de los familiares del denunciante. Este hostigamiento se mantuvo «por un lapso significativo», según el fiscal Lascurain, derivando en una «dinámica diaria de persecución psicológica» y una «situación de temor constante» por parte del afectado.
Aunque la víctima declaró que la mayoría de los pagos se realizaron en efectivo, un último aporte, registrado el 24 de noviembre de 2025, se efectuó a través de una billetera virtual, coincidente con la dinámica extorsiva. El destinatario de esta transacción fue el propio Sosa Rey. Para sustentar su denuncia, el estilista aportó conversaciones de WhatsApp que daban cuenta de la dinámica extorsiva. Todo el material fue remitido a la Policía de Investigaciones (PDI), que amplió la declaración de la víctima y ratificó la «situación de temor» que padecía desde el año anterior.
Allanamiento y aprehensiones
Como resultado de la pesquisa, el lunes pasado la Sección Inteligencia Táctica de la PDI llevó a cabo allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Santa Fe. Durante los procedimientos, se concretó la aprehensión de la pareja imputada y se secuestró un teléfono celular.
Inicialmente, la causa estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Arri, quien imputó a ambos como coautores del delito de extorsión. En ese contexto, María Laura V. solicitó declarar por separado de Sosa Rey, argumentando que sus acciones habían sido realizadas «en condición de vulnerabilidad y bajo amenazas».
Cabe destacar que existe una denuncia por violencia de género —por privación de la libertad— del 2 de enero de 2026, cuando la mujer contactó al 911 y acusó a Sosa Rey, quien fue aprehendido. Luego fue imputado por «amenazas calificadas» y recuperó la libertad bajo alternativas el 5 de enero de 2026.
Argumentos de la acusación
Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Lascurain estimó el perjuicio económico causado a la víctima entre los 4 y 5 millones de pesos. Sostuvo que el hombre, «superado por la situación, decidió radicar la denuncia».
Para la acusación, existen riesgos procesales para la víctima y su entorno familiar, ya que otorgarle la libertad a Sosa Rey podría derivar en un «entorpecimiento probatorio» de cara a un futuro juicio oral. Además, el fiscal enfatizó que, por el delito de extorsión, Sosa Rey «podría recibir una pena cuya escala va de los 5 a los 10 años de prisión». En ese sentido, remarcó la existencia de riesgo de fuga, apoyado en el dato de que el implicado es oriundo de Córdoba.
La postura de la defensa
La abogada Leticia Feraudo, en representación del Ministerio Público de la Defensa, cuestionó la calificación legal atribuida a Sosa Rey y propuso recalificar el hecho como «tentativa de extorsión» o, en su defecto, como «amenazas coactivas».
La letrada señaló que la acusación contra su defendido se basa en la declaración de una mujer «interesada en mejorar su situación procesal y que acaba de salir en libertad». Sostuvo además que el origen cordobés de Sosa Rey «no implica per se que se vaya a fugar», dado que «tiene arraigo familiar en Santa Fe y Córdoba». Agregó que «es una persona grande sin antecedentes penales» y, por último, solicitó la libertad bajo alternativas para su pupilo, al igual que María Laura V.
Fundamentos de la jueza
La jueza Rosana Carrara evaluó las posturas del fiscal y la defensa, concluyendo que «la evidencia supera la simple sospecha y alcanza para afirmar el hecho que se investiga». Al referirse a la calificación legal, tuvo en cuenta no solo el daño patrimonial, sino también el amedrentamiento que el continuo hostigamiento produjo en la víctima y su círculo íntimo.
La magistrada citó una frase del propio denunciante, quien en su declaración previa manifestó que «no podía dormir ni comer por las amenazas recibidas». Asimismo, se refirió a una cuestión subyacente de violencia de género por parte de Sosa Rey hacia su coimputada.
Carrara destacó que la fiscalía cuenta con capturas de WhatsApp donde constan las conversaciones que evidencian el amedrentamiento, por lo cual «la figura seleccionada es congruente con los hechos investigados». Sobre los riesgos procesales, enfatizó el amedrentamiento sobre las víctimas, pero también sobre la coimputada por su condición de mujer vulnerable. Por todo lo expuesto, la jueza determinó que «las alternativas no son suficientes» e hizo lugar al pedido de la fiscalía, convirtiendo en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Luis Alejandro Sosa Rey.
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