El hallazgo de los artefactos se produjo este miércoles 21 de enero, y rápidamente se realizó la denuncia penal. “Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad”, indicaron desde la prensa del gobierno provincial.
Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
En el comunicado oficial, la gestión de Rogelio Frigerio también se diferenció de sus antecesores, indicando que “durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Asimismo, se insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”, agregando que “la transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.
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