El Gobierno asegura contar con los votos necesarios para aprobar la denominada “modernización” laboral en el Senado, aunque está abierto a introducir modificaciones al texto. Estos cambios, que buscan atender objeciones de gobernadores —como el de Santa Fe— y diversos sectores productivos, se incorporarán directamente durante la sesión parlamentaria. Los puntos más controvertidos incluyen el impacto fiscal para las provincias, el Fondo de Asistencia Laboral y la ultraactividad de los convenios colectivos.
El oficialismo avanza con la reforma laboral en el Senado, pero enfrenta reparos sectoriales
Mientras el Ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica su agenda de reuniones con gobernadores en busca de apoyo para la reforma laboral, en el Senado la comisión técnica, liderada por la asesora Josefina Tajes, mantiene encuentros individuales con diversos actores sociales y parlamentarios.
La senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate en el recinto se iniciará el 11 de febrero y aseguró que el oficialismo cuenta con los votos de 44 senadores para aprobar la iniciativa. Este respaldo se gesta a partir de las negociaciones con mandatarios y sectores involucrados, incluyendo la incorporación de algunos cambios solicitados.
De este modo, tras la ronda de consultas y según lo había adelantado Bullrich, el oficialismo aceptaría introducir modificaciones en la redacción original, tal como consta en el dictamen de comisión. Sin embargo, estos cambios no se realizarán previamente, sino durante la votación en el cuerpo.
Así lo anticipó Tajes, en su rol de titular de la mesa técnica encargada de analizar la viabilidad de las demandas de los sectores afines al Gobierno. La asesora legislativa confirmó que la intención es sesionar el martes 11 de febrero y ratificó que conservarán «el espíritu del proyecto» original.
«‘No hay un nuevo dictamen. El dictamen ya está aprobado y firmado. El procedimiento es el habitual: el proyecto va al recinto, se vota en general y, en el debate en particular, se incorporan las modificaciones o aclaraciones que eventualmente se hayan acordado’, detalló Tajes en declaraciones a un portal parlamentario.»
En ese sentido, explicó que «las Cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar», y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Por otra parte, se rechazó la opción de dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias.
«‘Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo’, precisó Tajes.»
La postura de Santa Fe
Precisamente, la cuestión del impacto sobre las cuentas provinciales de las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias es el principal punto planteado por los mandatarios y sustenta las objeciones del Gobierno santafesino.
Asimismo, el gobernador Maximiliano Pullaro manifestó su apoyo a la modernización, pero advirtió que es crucial contemplar la situación particular de las pymes, que concentran la mayor parte del empleo privado tanto en la provincia como en el país.
El Gobierno de Santa Fe hizo llegar su posición a legisladores nacionales y a funcionarios del Ejecutivo, reclamando que el proyecto incorpore una mirada productiva y federal, y que no traslade a las pymes la carga de renegociaciones permanentes, aportes adicionales o esquemas que solo pueden afrontar grandes compañías con una estructura jurídica y financiera sólida.
Al frente de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia expresó su respaldo a los ejes centrales del proyecto, fundamentalmente en dos puntos clave: reducir la litigiosidad laboral y avanzar en la formalización del empleo.
Sin embargo, formuló reparos sobre aspectos específicos de la iniciativa, en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Concretamente, cuestionó el destino de aportes que hoy se dirigen al sistema previsional y que, con la reforma, podrían redirigirse a esquemas privados de capitalización. Esto plantea el interrogante de cómo se financiará el sistema jubilatorio.
Apoyo y advertencias sectoriales
Ante la comisión del Senado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su respaldo al espíritu del proyecto y destacó la necesidad de actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y sociales.
Su presidente, Natalio Mario Grinman, subrayó que la previsibilidad es clave para promover el empleo formal y la competitividad, aunque reconoció la existencia de observaciones sobre artículos específicos.
Una postura similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que presentó un documento con 20 puntos de apoyo. Sin embargo, la UIA dejó trascender reparos sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que establece un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones, debido a su impacto en los costos empresariales.
Alerta pyme
Las principales objeciones provienen de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de ADIMRA, que solicitaron la eliminación de cinco artículos específicos: el 126, 128, 130, 131 y 132. Según advirtieron, estas disposiciones contradicen el objetivo de previsibilidad y equidad que proclama la reforma.
Entre los puntos más cuestionados se encuentran el fin de la ultraactividad plena de los convenios colectivos, la eliminación de aportes obligatorios a cámaras empresarias —mientras se mantienen los sindicales— y la priorización de convenios por empresa o región por sobre los de actividad.
Estas entidades advierten que dichos cambios favorecen a las grandes compañías y colocan a las pymes en una situación de desventaja estructural.
En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino reclamó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al considerar que excluye a amplios sectores de las economías regionales, tales como bodegas, molinos, procesadoras de alimentos y fabricantes de maquinaria agrícola.
El rechazo más contundente provino del sistema bancario. ADEBA, ABA y ABAPPRA cuestionaron la habilitación para que billeteras virtuales paguen salarios y jubilaciones, al sostener que el sistema bancario formal garantiza seguridad, trazabilidad y gratuidad para los usuarios.
Coincidencias inesperadas
Aunque por razones distintas, cámaras empresarias y la CGT coinciden en rechazar parte del proyecto por entender que desarticula los mecanismos de negociación colectiva.
Esto se observa, por ejemplo, en lo atinente al Artículo 126, que pone fin a la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), un principio por el cual un convenio mantiene su vigencia hasta que es reemplazado por otro.
Esta modificación obligaría a empresas y sindicatos a renegociar de manera permanente, lo que implica un lógico desgaste para ambas partes y el riesgo de generar vacíos legales que podrían provocar un aumento de la litigiosidad.
Similar situación se presenta con los Artículos 130 y 131, que buscan hacer prevalecer convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor. En Argentina rige el principio de negociación por sector o rama de actividad, lo que implica un «piso» de condiciones para las empresas y los trabajadores en todo el país.
El Gobierno propone cambiar este paradigma hacia la negociación colectiva por región o por empresa. La CGT coincide con las cámaras empresarias en el rechazo a esta modificación, por entender que situaría a los trabajadores en una posición de debilidad frente a las empresas.
A su vez, los empleadores consideran que la eliminación de reglas comunes podría generar competencia desleal, ya que las empresas que negocien con seccionales de sindicatos o comisiones internas más débiles podrían utilizar la baja de salarios para ganar competitividad a expensas de sus rivales.
También genera resistencia el Artículo 132, que habilita a la autoridad administrativa a suspender los efectos de convenios, aun homologados, cuando se verificasen «distorsiones económicas graves que afecten el interés general». Nuevamente, la objeción se centra en la falta de certeza jurídica y el potencial aumento de la litigiosidad.
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