Con 149 votos a favor, 100 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.
Tras un debate de dieciocho horas, la Cámara Baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil, que disminuye la punibilidad de 16 a 14 años y establece un esquema renovado de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.
El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de sesiones extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.
El tratamiento se desarrolló en una sesión extraordinaria que comenzó a las 11:18, con una jornada extensa y cargada de tensión, donde se intercalaron cuestiones de privilegio entre las tandas de oradores, en un contexto marcado por el reciente hecho que impulsó la medida.
Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo del proyecto para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta del interbloque Provincias Unidas no fue aceptada. Posteriormente, los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones.
El debate en el recinto
El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación precisa de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exdiputada libertaria Lourdes Arrieta.
Al inicio del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será «un gran paso para Argentina» y defendió que el sistema vigente es «ineficiente», no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea argumental fue clara: aun con pocos casos, el Estado «tiene que actuar», y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció «cruel».
En contraposición, Victoria Tolosa Paz (UxP) calificó la iniciativa como un «mamarracho jurídico» y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —»delito de adulto, pena de adulto»— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados, «no durlock en cárcel de adultos». Insistió en que el problema «no se soluciona con marketing» ni «cambiando la edad como si fuera un juego de póker».
El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un «vacío de política pública» sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que los aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría «no fueron tenidos en cuenta». También remarcó que el abordaje presupuestario es «ínfimo» y que no incluye con claridad el impacto provincial.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: «el que le vote que sienta vergüenza», sentenció, y advirtió que bajar la edad no resuelve el problema y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco «vayan a buscar como soldaditos» a chicos aún más jóvenes, de 10, 11 y 12 años, si el sistema cambia el umbral de punibilidad.
Del lado oficialista, el diputado libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo «delitos graves» y que el Estado debe dar respuesta. «No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental», planteó.
Apoyos con reparos y próximos pasos
Entre los respaldos a la iniciativa, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar la edad a 14 años, pero dejó una advertencia que resonó entre varios legisladores dialoguistas: descree que el Gobierno «ponga el presupuesto» real para la infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro asciende a «cerca de 7.000 dólares», y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en las provincias.
Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate «necesario» y «postergado», con una ley de casi 50 años frente a una «violencia desbordada». Y marcó una línea que sintetizó el consenso: «es prudente» dejar la edad en 14 porque no hay «consenso científico» para ir más abajo y por la «capacidad real del Estado«.
En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa su territorio: el narcotráfico como red de captura. Afirmó que Santa Fe «reclama» un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos «agarren» a los chicos. No obstante, añadió un límite: la inversión social «tiene que darse en conjunto» y no puede recaer solo en las provincias.
La iniciativa, ya con media sanción, fue girada al Senado. Allí, el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, negociación minuciosa y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.
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