El Senado dio media sanción al Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversiones (RIMI), una nueva herramienta diseñada para otorgar beneficios fiscales a las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que realicen inversiones productivas. Este esquema, que incluye amortizaciones aceleradas en Ganancias y devolución rápida de IVA, busca impulsar la competitividad y responder al reclamo sectorial de «equilibrar la cancha» en el mercado nacional. Su efectiva implementación queda ahora supeditada a la convalidación en la Cámara de Diputados.
El «Rigi Pyme» avanza con media sanción en el Senado
La Cámara alta dio media sanción al Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversiones (RIMI), también conocido como «Rigi para Pymes», en el marco de la reforma laboral. Esta iniciativa, largamente reclamada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la cadena agroindustrial, busca equilibrar la cancha para las pequeñas y medianas empresas que habían quedado excluidas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto encontró la férrea oposición del interbloque Popular, presidido por José Mayans (peronismo y aliados), sumando 28 senadores peronistas y los dos legisladores santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano. El argumento central fue que la propuesta «prioriza beneficios a las empresas (incentivos fiscales) sin garantizar mejoras reales en el empleo», generando un debate sobre el alcance y la equidad de los incentivos.
Mecanismo y beneficiarios del nuevo régimen
El RIMI establece un umbral de inversión a partir de US$ 150.000 para mipymes, ofreciendo una serie de beneficios fiscales diseñados para fomentar la inversión productiva, las exportaciones y la creación de empleo en el sector. Estos incluyen amortizaciones aceleradas en el Impuesto a las Ganancias, una devolución rápida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por bienes de capital y una vigencia temporal de dos años para los beneficios.
El régimen está dirigido a empresas que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (hasta la categoría Tramo 2) y que realicen inversiones dentro de los dos primeros años desde la entrada en vigencia del régimen, una vez que la Cámara de Diputados convalide la iniciativa y la convierta en ley.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), se consideran inversiones productivas la compra, fabricación o importación de bienes muebles nuevos (con excepción de automóviles), obras de infraestructura, sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y ganado (bienes semovientes). Quedan expresamente excluidas las inversiones financieras. Finalmente, el texto con media sanción aborda la simplificación de la carga tributaria y ajustes en sectores específicos como el agroindustrial y el ganadero.
Umbrales de inversión y excepciones
Los montos mínimos de inversión para acceder a los beneficios del RIMI varían según el tamaño de la empresa:
- Microempresas: US$ 150 mil
- Pequeñas empresas: US$ 600
- Medianas (Tramo 1): US$ 3,5 millones
- Medianas (Tramo 2): US$ 9 millones
Sin embargo, el texto aprobado aclara que las inversiones en riego, eficiencia energética, mallas antigranizo y ganado no tienen un monto mínimo establecido para acceder a los beneficios.
Beneficios fiscales clave y compatibilidades
El RIMI ofrece dos incentivos tributarios principales, orientados a mejorar la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas, según análisis del Iaraf.
- Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias: Permite descontar el gasto de la inversión en un período significativamente más corto de lo habitual, reduciendo el impuesto a pagar en los primeros años. El esquema detallado es el siguiente:
- Bienes muebles: En 2 cuotas anuales.
- Obras: Para el 60% de su vida útil estimada.
- Riego, energía, ganado y mallas antigranizo: En 1 sola cuota (deducción inmediata).
- Devolución anticipada del IVA: Los saldos a favor de IVA generados por estas inversiones podrán solicitarse para devolución luego de 3 meses, en comparación con los 6 meses que rigen actualmente. Esto mejora la liquidez financiera de las empresas.
Es fundamental destacar que este régimen es incompatible con el RIGI; una empresa no puede utilizar ambos beneficios para la misma inversión. Además, los bienes deben permanecer en el patrimonio de la empresa por al menos dos años para mantener la elegibilidad de los beneficios.
Impacto en obras civiles y expectativas
Para el caso específico de las obras civiles, el cálculo de la amortización acelerada se realiza reduciendo la vida útil del bien. El Artículo 178 del proyecto establece que la amortización debe efectuarse en una cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas, que resulte de calcular el 60% de la vida útil estimada originalmente.
Según el Centro de Estudios que dirige Nadin Argañaraz, una obra civil tiene típicamente una vida útil de 50 años, lo que implica una amortización anual del 2%. Con el beneficio del RIMI, la vida útil se reduce al 60% (aproximadamente 30 años), incrementando la amortización anual al 3,33%. Este cambio permite descontar el gasto de la inversión de manera más rápida en el Impuesto a las Ganancias. Esta aceleración incrementa el Valor Actual Neto (VAN) del gasto deducible en un 58,5% según proyecciones del Iaraf, lo que significa pagar menos impuestos en los primeros años del proyecto, mejorando la rentabilidad y el flujo de caja en ese tramo.
Empleo genuino y competitividad local
El senador por Jujuy y jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, definió al RIMI como una herramienta vital para que las empresas nacionales puedan actualizar su maquinaria y procesos productivos, una ventaja que el RIGI ofrecía exclusivamente a las grandes inversiones. Argumentó que la única forma de sacar a los trabajadores de la informalidad, que es muy alta en provincias del norte como Jujuy, es incentivando al capital privado a invertir mediante estos beneficios fiscales.
Desde San Juan, un par de Atauche recordó que los beneficios del RIMI alcanzan potencialmente al «90% de las empresas del país». En la misma línea, legisladores de la UCR y el PRO coincidieron en que el régimen «democratiza» los beneficios fiscales, como la amortización acelerada y la devolución del IVA, para el capital nacional y las empresas medianas, promoviendo así la competitividad local y la generación de empleo genuino.
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