Días pasados, y siguiendo lo votado en diciembre en el Concejo Municipal, la Municipalidad de Rosario puso en acción el plan de alivio fiscal para prestadores de servicios de salud en discapacidad. Principalmente, condonar deudas de dos impuestos locales: el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y de la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondientes a 2025, tributos que muchas organizaciones habían dejado de pagar para priorizar salarios y funcionamiento básico.
La novedad llega tratando de atemperar un problema de fondo: el desfasaje entre los costos reales de las prestaciones y los valores que reconoce el sistema nacional, causas de que el sector se vaya desmantelando y dejando menos opciones a familias y personas con discapacidad en el sur de Santa Fe.
Mariel Chapero, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), dialogó con Mirador Provincial y calificó la medida del gobierno de Javkin: “Representa un pequeño alivio. Es una cuestión simbólica, porque claramente no cambia la situación crítica que atraviesa el sistema”.
Un sistema de atención de discapacidad bajo presión
Apridis reúne a unas 30 instituciones de la provincia, aunque el universo total es mayor si se consideran centros no asociados, transportistas y profesionales independientes. En conjunto, el sector sostiene servicios para cientos de usuarios y usuarias en Rosario y la región, a través de centros de día, espacios educativos, rehabilitación y acompañamientos terapéuticos.
Pero cada vez son menos las personas que deciden seguir dando estos servicios. ¿La principal razón? Desde 2018 mantienen una brecha entre la inflación y lo que cobran. Entre 2024 y 2025 la diferencia fue de 40% por encima de los índices de aumentos de precios registrados por el gobierno nacional.
“En el caso de las prestaciones profesionales, hoy una sesión establecida a nivel nacional cubre menos de la mitad de lo que los colegios profesionales consideran un arancel ético. Se garantiza el derecho de las personas con discapacidad a costa del derecho de quienes trabajamos en el sistema”, sostuvo Chapero.
La integrante de la asociación advirtió que en los últimos meses muchas instituciones redujeron sus equipos de trabajo al mínimo exigido por las normativas para poder sostener la actividad, aun cuando la complejidad de la población atendida requiere planteles más amplios y diversos.
Pagos demorados y cierres
Al problema arancelario se suman demoras en los pagos. Según explicaron desde Apridis, en algunos casos las instituciones acumulan hasta cuatro meses sin cobrar prestaciones ya realizadas, cuando la normativa establece plazos de hasta 90 días.
“Se están acumulando meses adeudados del trabajo ya realizado, incumpliendo los plazos que establece la ley”, explicó Chapero. El impacto de esta crisis no espera y, según señalaron desde la asociación, muchos prestadores decidieron no continuar su actividad este año por la imposibilidad de sostener costos operativos, alquileres o mantenimiento edilicio.
“Cualquier mínima situación que produzca un cambio en la economía, como la renovación de un alquiler o un arreglo edilicio, nos enfrenta a una situación muy compleja porque no se puede afrontar”, detalló Chapero.
Y mientras el gobierno rosarino llama a prestadores a condonar sus deudas de impuestos, la mirada está en las demás esferas de gobierno. A nivel provincial, las instituciones también solicitaron medidas sobre Ingresos Brutos. Por encima de todo, y ya tema de Nación, es la actualización de los aranceles de servicios y la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Si se cumple no va a darnos condiciones holgadas, pero sí las mínimas para que los servicios se puedan seguir garantizando. De ese modo podremos seguir brindando prestaciones que constituyen un derecho que el Estado Nacional debe garantizar”, sostuvo Chapero.
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